El empresariado, encabezado indecorosamente por el ministro de Energía, Marcelo Tokman, presionó por la aplicación, esta vez, de la vía de las adendas, para superar de este modo los vacíos de información de HidroAysén. Esto, aun cuando 32 de 36 servicios públicos …
Por Sara Larraín*
La memoria es un elemento central en todo debate, pues a través de ella se comprueba si un discurso responde a principios o simplemente al oportunismo. La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), por ejemplo, rechaza hoy la necesidad de las reformas ambientales en trámite parlamentario, porque a su juicio «introduce cambios sustantivos a un modelo que ha sido exitoso».
Lamentablemente, la patronal altera su discurso mediante una dinámica extraña, pues, en los tres años recientes y especialmente en marzo de 2007, tras conocerse de las responsabilidades por la tardanza en la tramitación de proyectos de inversión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (junto a la Cámara Chilena de la Construcción, el plan Chile Invierte y la Confederación de la Producción y el Comercio), exigió que la aceptación a trámite de un proyecto fuera dirimida mediante un mecanismo de ‘check list’ (o sea, sin comprobar contenidos sino sólo la presentación formal de éstos), pues de ese modo, adujo, se evitaría ‘el engorroso ir y venir de las adendas’.
En ese contexto, al igual que hoy, nuestra posición fue que dicho mecanismo es innecesario, porque la institucionalidad ya lo contempla. El artículo 24 de la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente define la posibilidad de rechazar un proyecto empresarial por carecer de información suficiente para evaluar. Por lo demás, es crucial atender a los precedentes de proyectos que han presentado información falsa o adulterada, como el tranque de relaves El Mauro, de Minera Los Pelambres. Aquí, como supimos en su momento a través de El Mostrador, la compañía del grupo Luksic cercenó el informe científico externo de una renombrada arqueóloga, para dar curso a la remoción de más de 100 sitios arqueológicos de origen diaguita, incaico y molle, en Los Vilos, Región de Coquimbo. En tal sentido, la aprobación a partir del cumplimiento puramente formal de la ley implica riesgos inaceptables.
Como sea, para el caso de del proyecto HidroAysén, que prevé la construcción de cinco represas en la Patagonia, el empresariado, encabezado indecorosamente por el ministro de Energía, Marcelo Tokman, presionó por la aplicación, esta vez, de la vía de las adendas, para superar de este modo los vacíos de información de HidroAysén. Esto, aun cuando 32 de 36 servicios públicos evaluadores criticaron la iniciativa de las empresas Endesa y Colbún, y 1/3 de los ellos recomendó su rechazo inmediato, por presentar información insuficiente para evaluar.
Esta contradicción amerita aclarar a los lectores que el mecanismo de ‘check list’ tiene su equivalente en el mencionado artículo. Lamentablemente, para el caso en cuestión, el intendente de la Región de Aysén, Selim Carrasco -mandatado por el Ministerio del Interior (o sea, mediante decisión política y no técnica) e ignorando al organismo colegiado que impugnaba el proyecto-, decidió dar curso al mecanismo de las adendas, mediante el cual se supone que los organismos públicos «guían» a través de preguntas al Estudio de Impacto Ambiental. En la práctica esto significa que los funcionarios públicos, con plata de todos los chilenos, financian la elaboración del estudio, y al mismo tiempo triunfa el afán de la empresa de que se apruebe un mínimo de exigencia, sin garantías auténticas de sustentabilidad social y ambiental.
Independiente de las consecuencias de esta decisión, queda patente que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental requiere urgentemente la reforma que ya está en el Parlamento, para desterrar la discrecionalidad política y privilegiar resoluciones técnicas, científicas y legales, pues de ese modo los ciudadanos nos aseguramos debida protección de economías locales (como turismo, agricultura, etc.), que suelen subsidiar de facto a megaproyectos como el revisado aquí. De igual modo, es crucial que el empresariado esté dispuesto a acatar la ley y que no cambie su discurso y presione por trajes a la medida, pues si se hubiera aplicado la ley, el proyecto Hidroaysén ni siquiera habría sido acogido a trámite.
*Sara Larraín es directora del Programa Chile Sustentable.
