El agua debe ser de todos los chilenos - El Mostrador

Miércoles, 13 de diciembre de 2017 Actualizado a las 01:34

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El agua debe ser de todos los chilenos

por 18 noviembre, 2008

¿Es lógico que quienes necesitan agua se topen con que no pueden obtenerla porque ya están pedidos sus derechos, aunque no se estén usando? ¿Cuál es la racionalidad para una agricultura que pretende ser una potencia agroalimentaria, si los campesinos no pueden acceder libremente al agua?

Por Denisse Pascal Allende*

El agua es un bien escaso. El 97% de ella es salada. Sólo un 3% es dulce, con ella abastecemos nuestras necesidades vitales. Sin agua no hay vida. Es entonces, un derecho humano básico y fundamental. De ese 3% de agua dulce el 80% se encuentra en el polo sur, el polo norte y en los glaciares, lo cual aumenta su escasez. El cambio climático acentuará el fenómeno al aumentar los mares con agua dulce.

Sin embargo, nuestra legislación es ambigua. El artículo 5 del Código de Aguas señala que éstas son “bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas”. En el Código Civil se expresa que “se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda”. Agrega que “las aguas son bienes nacionales de uso público”.  La Constitución de 1980 en cambio en su artículo 24 asegura a los ciudadanos el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. En su inciso final señala que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

Hasta 1981 la legislación otorgaba a los solicitantes merced provisoria. Al año siguiente se podían otorgar mercedes definitivas si se construían obras de inversión. Ese año se promulgó el actual Código de Aguas, donde se estableció el sistema de concesiones vigente, que opera bajo la lógica del mercado. Las concesiones son gratuitas, indefinidas, heredables y transferibles, es decir se pueden pedir para finalmente especular con ellas y venderlas al precio que se estime conveniente. Esto es una anomalía, ya que son entregados gratuitamente por el Estado. Hasta el 2005 la legislación permitía incluso obtener derechos gratuitos sin justificar cantidad y sin obligación de uso. Esta situación es única en el mundo.

Nuestra legislación establece también los derechos no consuntivos de aguas, es decir poder desviar su curso y devolverlas sin alterarlas al cauce natural. Ello se hizo con el propósito de incentivar la energía hidroeléctrica en los sectores montañosos sin perjudicar a los regantes aguas abajo, pero terminó siendo un sistema de acumulación y acaparamiento.

Para evitarlo se reformó el Código el 2005, creándose un mecanismo de pago de patente anual por no uso del agua.  El 2007 el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aguas dieron a conocer un total de 1.400 derechos de aprovechamiento no utilizados que en conjunto pagaban 24,2 millones de dólares.

La disuasión económica no dio resultados: la imposición de una patente cuyo valor se iría incrementando en 5 y 11 años, a quienes tuvieran derechos inutilizados  no tuvo el impacto esperado: a las empresas les sigue conviniendo pagar y guardar los derechos. Hoy cerca del 80% de los derechos de agua no consuntivos del país están en manos de Endesa.

¿Es esto normal con un recurso escaso que proviene de la naturaleza y que  debiera pertenecernos a todos los chilenos?  ¿Es lógico que quienes necesitan agua se topen con que no pueden obtenerla porque ya están pedidos sus derechos, aunque no se estén usando? ¿Cuál es la racionalidad para una agricultura que pretende ser una potencia agroalimentaria, si los campesinos no pueden acceder libremente al agua?

Necesitamos una política nacional de recursos hídricos basada en criterios compartidos por todos, con énfasis en un desarrollo económico persistente, pero sustentable, liderada por el Estado, el cual debe representar los intereses de todos los chilenos con planeamiento, asignación y manejo. Este no puede soslayar su responsabilidad en este tema. La desregulación está demostrando con la crisis en Estados Unidos lo peligroso que es dejar que el mercado regule todo.

Resulta indispensable entonces que el gobierno diseñe una propuesta que tome en cuenta estos elementos. No podemos continuar con una política que ha mostrado sus limitaciones. Se trata de mirar nuestro desarrollo a mediano y largo plazo. Esas son las verdaderas políticas de Estado.

*Denisse Pascal es presidenta de la comisión de medio ambiente de la Cámara de Diputados.

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