El silencio de las autoridades, en particular del Parlamento, frente a la demanda ciudadana por la modificación de las leyes sobre aborto resultan incomprensibles. Han transcurrido casi veinte años desde que el Gobierno Militar repusiera el castigo al aborto terapéutico, con la consiguiente…
Por Camila Maturana*
Aunque está pendiente la decisión del Presidente Tabaré Vásquez, el Congreso uruguayo ha creado las condiciones políticas para que ese país se sitúe a la altura de los estándares internacionales de derechos humanos legalizando el aborto terapéutico. Mientras tanto, en Chile contemplamos el contraste de la dramática solicitud formulada por la joven Karen Espíndola para que se interrumpa su embarazo incompatible con la vida. Ella se ha estrellado con el silencio contumaz de las autoridades que, desde hace años se han negado siquiera a permitir el debate sobre un tema tan relevante para la sociedad chilena.
La penalización absoluta del aborto en Chile, incluso cuando la vida o la salud de la mujer embarazada se encuentra en riesgo, constituye una manifestación extrema de la negación de los derechos humanos de las mujeres. Pese a los avances internacionales en el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos, todavía en nuestro país no se reconoce nuestra condición plena de ciudadanas habilitadas para tomar decisiones libres y autónomas respecto de nuestras propias vidas.
El castigo penal al aborto terapéutico -que en Chile se permitió hasta 1989- resulta particularmente revelador de la desconsideración absoluta de los derechos humanos de las mujeres. Se nos obliga a llevar a término un embarazo aún cuando éste pueda causar la muerte o graves daños a la salud física y síquica, desconociendo con ello el derecho a la vida, el derecho a la salud física y mental, el derecho a la integridad física y síquica, el derecho a no sufrir torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, el derecho a la libertad personal, el derecho a la libertad de conciencia o religiosa, el derecho a la intimidad o privacidad, entre otras garantías reconocidos en tratados internacionales vigentes en el país como por la propia Constitución Política.
Frente a ello no cabe sino preguntarse ¿qué tipo de justificación permite sostener que las mujeres estén obligadas a cursar un embarazo que pone en riesgo su propia vida o su salud? ¿qué estamos protegiendo con una legislación de este tipo? La necesidad de mantener dicha prohibición bajo la amenaza del castigo penal únicamente puede sustentarse si no se reconoce a las mujeres su condición de sujetas de derecho, si la vida de las mujeres no se estima lo suficientemente valiosa, como tampoco su salud, despojando de sentido la autonomía personal y el propio cuerpo como primer territorio para el ejercicio de derechos.
El cuerpo de las mujeres no es un territorio propio sino un mero objeto para la realización del mandato social de la maternidad forzada, que en este caso torna en martirio.
Las leyes que penalizan todo aborto, inclusive el terapéutico, son inaceptables en una sociedad democrática, signataria de instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos. Aun más inaceptable es la falta de debate social al respecto. Pese a que diversos estudios de opinión dan cuenta de un significativo respaldo ciudadano a la necesidad de modificar la legislación vigente, los parlamentarios -en su inmensa mayoría- desatienden dicha necesidad, profundizando la brecha entre representantes y representados/as.
La Quinta Encuesta Nacional «Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile 2008» de Corporación Humanas -por citar un ejemplo reciente- da cuenta de un amplio respaldo a la legalización del aborto en Chile. El 79% de las mujeres considera que debe ser legal el aborto cuando corre peligro la vida de la madre, el 76% está de acuerdo con su legalización si el embarazo es producto de una violación y el 70% cuando el feto tiene una malformación grave. Además, el 24% está de acuerdo con que el aborto sea legal cuando lo decide la propia mujer.
El silencio de las autoridades, en particular del Parlamento, frente a la demanda ciudadana por la modificación de las leyes sobre aborto resultan incomprensibles. Han transcurrido casi veinte años desde que el Gobierno Militar repusiera el castigo al aborto terapéutico, con la consiguiente condena y estigmatización a las mujeres. Si bien ello puede explicarse por la ausencia de un parlamento democráticamente elegido, no resulta entendible que luego de dos décadas se mantenga dicha penalización y que las escasas iniciativas para su reposición no hayan sido siquiera debatidas por el Congreso Nacional. Debiera ser motivo de preocupación para quienes desean postularse -o repostularse- como parlamentarios, que el 69% de las mujeres no votaría por un candidato que rechaza la legalización del aborto.
La negativa a modificar las leyes que castigan todo aborto, además, contrastan con la realidad nacional: cerca de 100.000 abortos se realizan cada año. Se trata de una de las leyes más ineficaces que existen en el país, cuya mantención sólo contribuye a la deslegitimación de las instituciones. Las leyes que castigan a las mujeres no han permitido en ningún país del mundo disminuir la incidencia del aborto pero sí han aumentado la mortalidad de las mujeres como graves daños a su salud debido a la clandestinidad en que se someten a los procedimientos.
Mantener a las mujeres relegadas en su condición de ciudadanas de segunda clase, incapaces de decidir respecto de su propia vida es una violación flagrante a los derechos humanos.
*Camila Maturana es abogada de la Corporación Humanas.
