Ya en en el informe de la OCDE 2004 se expresaba que «el sistema educacional (chileno) está concientemente estructurado por clases» y se preguntaba si la reforma educacional en Chile no había llegado a un límite donde las condiciones estructurales de la propia institucionalidad diseñada por el
Por Pablo Venegas C*.
Hace algunas semanas, la UNESCO entregó el Informe de Seguimiento de la Educación Para Todos (EPT) en el mundo para el año 2009, «Superar la desigualdad: por qué es importante la gobernanza». El documento da cuenta del panorama global, además de presentar un análisis acerca de los avances y grandes temas pendientes respecto a la enseñanza en las diversas regiones del mundo para alcanzar la Educación Para Todos en el año 2015, tal como lo acordaron la mayoría de los países del globo.
En la presentación del informe se expresa que de persistir las actuales tendencias en educación, el objetivo de la enseñanza primaria universal no se alcanzará de aquí al año 2015, y releva el problema de la desigualdad en las sociedades y en particular el de la inequidad en educación como uno de los grandes problemas a nivel internacional.
En materia de políticas educativas para superar la desigualdad en educación, es importante destacar -entre otras- tres de las recomendaciones o enseñanzas que se desprenden de los procesos de reforma:
– «Hacer de la equidad un elemento central de las estrategias de financiación…»
– «Comprometerse a reducir las disparidades que se derivan de los medios económicos…»
– «Admitir que existen límites en la competencia y la elección entre escuelas, así como en las asociaciones entre el sector público y el privado.»
Este análisis interpela a nuestra educación y muy particularmente a los responsables del diseño de los grandes lineamientos de la política educativa en nuestro país. Fuera de toda duda, la equidad -más allá del discurso políticamente correcto de las sucesivas autoridades, ministros y ministras de Educación- no se ha llegado a constituir como el norte de los programas de financiamiento. Todo lo contrario, en un ciego afán de «inyectar más recursos al sistema» las orientaciones en materia de financiamiento no han hecho más que aumentar la segregación y la inequidad generando o agravando una situación de segmentación social entre los chilenos que atenta contra cualquier ideario de sociedad democrática e hipotecando -a mediano o largo plazo- la propia gobernabilidad en tanto se incumple de manera sostenida y sistemática uno de los principios insustituible e impostergable como lo es el Derecho a la Educación. Es cierto que la subvención escolar preferencial va en el sentido de la equidad, no obstante aún no logra modificar el «software» del sistema.
Tampoco hemos logrado reducir las disparidades fruto de los medios económicos y el lugar de domicilio de las personas, en otras palabras el origen y las características culturales continúan siendo los mejores predictores de los avances educativos. Una muestra clara de ello es la distribución de los puntajes obtenidos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) que se acaban de dar a conocer y la progresiva disminución del porcentaje de alumnos de escuelas subvencionadas que ingresan, por ejemplo, a la Universidad de Chile o a la Pontificia Universidad Católica. Es cierto que ha aumentado la matrícula de estudiantes en la Educación Superior pero junto a ello, también es cierto, las universidades «tradicionales» se elitizan más. Y lo grave es que no hay muchas evidencias, más allá de los discursos, que muestren que nos encaminamos a revertir esta situación.
Con respecto a la tercera recomendación, ya en en el informe de la OCDE 2004 se expresaba que «el sistema educacional (chileno) está concientemente estructurado por clases» y se preguntaba si la reforma educacional en Chile no había llegado a un límite donde las condiciones estructurales de la propia institucionalidad diseñada por el régimen de Pinochet (que superpuso otros objetivos prioritarios, por sobre la equidad) le impedirían seguir avanzando como en las primeras etapas de la reforma. Los hechos demuestran, efectivamente, que el problema de la equidad en los logros educativos continúa siendo uno de los grandes temas pendientes, en tanto ellos se distribuyen de acuerdo a los quintiles de ingreso de las familias de los alumnos.
En las políticas educativas y acuerdos políticos respecto a la institucionalidad del sistema y particularmente en lo relativo a la asociación entre el sector público y el privado no ha primado la búsqueda por la equidad, más aún se ha insistido en mecanismos que la agravan. Respecto a este punto, el Informe de Seguimiento de la EPT en el mundo para el año 2009 señala textualmente: «¿La mayor posibilidad de elección por parte de los padres mejora los resultados del aprendizaje e incrementa la calidad? Los datos empíricos a este respecto no son concluyentes. Las evaluaciones de PISA no ponen de manifiesto que la competencia entre las escuelas tenga grandes efectos en los resultados del aprendizaje.«
Mas adelante, refiriéndose explícitamente a nuestro país, agrega: «Otro tanto ocurre en Chile, un país donde los resultados del aprendizaje son decepcionantes, pese a que se le suele mencionar como modelo en las reformas de gobernanza relativas a la elección y competencia. Las escuelas privadas subvencionadas por el estado no logran mejores resultados que las municipales, una vez que se han efectuado las rectificaciones correspondientes para tener en cuenta el estatus socioeconómico. Las experiencias de Chile y Estados Unidos no proporcionan una prueba categórica a favor de la tesis de que la elección y la competencia entre escuelas mejoren la calidad y la equidad de la educación.» Confiamos en que el proyecto de fortalecimiento de la educación pública presentado hace poco por el gobierno al congreso logre revertir o incidir en el sentido contrario al que se expresa en este informe.
Duele decirlo, pero no podemos esconder la evidencia que porfiadamente se nos muestra desde diversas voces y actores: las políticas educativas en nuestro país no han tenido como resultados ni la calidad esperada, ni la equidad deseada, tampoco la participación reclamada.
*Pablo Venegas C, PIIE/FLAPE-Chile.
