En el marco del debate para dotar a Chile de una nueva Constitución, quisiéramos aportar algunas reflexiones. Así como las personas tenemos derecho a decidir sobre nuestras vidas, las generaciones también son dueñas de su presente y futuro…
Jorge Contesse & José Luis Ugarte *
Las constituciones políticas cumplen, entre otros roles, el de servir de carta de navegación de los destinos políticos del país. Dado que la Constitución vigente está próxima a cumplir treinta años, la discusión sobre su reforma o actualización es tan inevitable como necesaria. Con mayor razón si la Constitución de 1980 se gestó a puertas cerradas, mediante discusiones técnicas e ideológicas entre personas -casi todos hombres- que miraban el mundo con el mismo prisma. Es obvio que en ese restringido debate se llegó a acuerdos difíciles de reeditar la actual sociedad democrática chilena.
Con las reformas del 2005 se avanzó mucho en quitarle buena parte de sus instituciones antidemocráticas. Pero no es suficiente. En esa ocasión, Congreso Nacional se limitó a reordenar el esquema de poderes existentes en Chile; aquello que los constitucionalistas llaman la parte orgánica de la Constitución. Faltó la discusión y reforma de la denominada parte «dogmática», donde se reconocen y garantizan los derechos fundamentales de las personas.
Hay, al menos, un par de temas referentes a los derechos fundamentales que debieran revisarse en el actual debate: el énfasis que la práctica constitucional chilena pone en los derechos entendidos casi exclusivamente como libertades individuales, y la insuficiencia que exhibe la acción judicial llamada a proteger estos derechos -el popular recurso de protección-.
La actual Constitución pone un acento indisimulado en los derechos fundamentales entendidos como libertades individuales, relegando a un segundo plano, o derechamente olvidando, los derechos económicos y sociales. Este es el momento de hacerse preguntas como: ¿por qué no reconocer el derecho de los chilenos a una educación de calidad, acentuando la responsabilidad del estado?, ¿y el derecho efectivo de salud con responsabilidad pública?, y ¿el derecho a la seguridad social?, y en fin ¿por qué no debatir e intentar ponernos de acuerdo acerca de qué tipo de Estado de Derecho – liberal, social o democrático- queremos construir en los próximos años?
Buena parte de la insatisfacción de los chilenos, a pesar del crecimiento económico de los últimos años, tiene que ver con el desigual acceso a los bienes que constituyen estos derechos, como la salud, la educación, el trabajo y la previsión. Será difícil que nuestro «modelo» de democracia capitalista y la Constitución que lo sostiene se legitimen si no se resuelven algunos de estos problemas.
Segundo, la actual Constitución establece un mecanismo de tutela -el llamado recurso de protección- que da resguardo única y exclusivamente a aquellos derechos que protegen con especial cuidado los intereses económicos individuales de las personas, particularmente la propiedad, pero se descuida o abandona la protección de intereses sociales o de carácter colectivo, tales como el acceso efectivo a educación o salud de calidad, el acceso igualitario a los bienes culturales, y en general, el ejercicio de los derechos económicos y sociales. Dar a las Cortes la facultad de resolver judicialmente estas materias puede ser una opción problemática, pero de lo que se trata es de promover el debate, no de clausurarlo.
Por ello celebramos que los chilenos y chilenas podamos asistir al debate y deliberación democrática que no tuvimos en los tiempos en que se diseñó este modelo constitucional, que, nos guste o no, no termina de legitimarse.
* Jorge Contesse & José Luis Ugarte, Profesores de Derecho, UDP
