Uno se pregunta dónde están los planes antidelincuencia, dónde el compromiso público de esas autoridades por diseñar y establecer una respuesta social organizada a este estado de cosas. Qué fue de la tantas veces enarbolada prevención situacional y psicosocial que en conjunto con el control…
Por Ricardo Manzi*
Mientras me aprestaba junto a mi familia a celebrar el ritual de fin de año en la costa del litoral central, pensaba en las familias de aquellos menores que durante el 2008 fueron víctimas de la violencia urbana y en especial en dos niñas de trece años y un niño llamado «El Rancherito.» Estos pequeños inocentes, tiroteados por los culpables de siempre, que luego de sus irracionales atentados terminan entregándose a la espera de conseguir una pena menor confiando en su corta edad y con probabilidad -por la falta de condenas anteriores-, en la aplicación de la atenuante de la irreprochable conducta anterior u otros beneficios del sistema procesal penal.
Estos sujetos en forma indefectible repiten un ritual compulsivo que los lleva a cometer contra todo pronóstico de éxito, los mismos hechos que son sistemáticamente y en breve tiempo, resueltos por la policía.
En muchos barrios dominados por pandillas organizadas estos sujetos son ampliamente conocidos, de modo que, frente a actos de sangre como el que comentamos no tarda en salir la verdad de los hechos y sus autores a la superficie. Cabe preguntarse ¿Por qué entonces realizan estos deleznables delitos en forma repetitiva, sabiendo que están condenados al fracaso? ¿Cuál es el incentivo que los lleva a reincidir en estas conductas?
Varias pueden ser las respuestas para absolver tales preguntas y tratar de comprender este fenómeno social. Por de pronto, que muchos de esos muchachos son de corta edad y en consecuencia son utilizados por delincuentes adultos que aprovechan la inimputabilidad de muchos de ellos o el trato especial que la legislación les otorga de acuerdo a su corta edad.
En consecuencia, la falta de castigo o la penalización atenuada y bajo condiciones especiales se erige en un incentivo para delinquir, dado que las retribuciones que les reporta el delito son muy superiores a la consecuencia desfavorable que el reproche penal les trae aparejado, situación que unida a otros fenómenos sociales, como el abandono y la desintegración familiar, el desarraigo, la violencia doméstica, el hacinamiento y otras expresiones propias de la modernidad urbana marginal, hacen de esta realidad una marea incontenible de brutalidad atemorizante e inmovilizadora. Como se sabe, existen poblaciones en diversas ciudades de nuestro país, – fenómeno que se muestra con especial énfasis en Santiago-, donde se vive la vida al margen de la potestad del Estado y sus instituciones, como las policías, el Ministerio Público, los tribunales, al punto que, el concepto que nos enorgullecía de ser Chile un país unitario, con una sola legislación aplicable y efectiva en todo sus territorio y respecto de todos los sujetos se viene confirmando sólo como una ilusión. En esas poblaciones el Estado es una entidad itinerante, que aparece a ratos o según la gravedad que determinados hechos revistan que alcancen a conmover a la comunidad nacional.
En esta materia actúan como agentes de la conmoción los medios de comunicaciones y en particular, la televisión, que al efectuar la denuncia informativa, pone en acción todo el aparto represivo y, algunas veces, hasta el sistema asistencial del Estado, pero sólo por corto tiempo. Cuando ello sucede, tenemos una tanda informativa donde normalmente las autoridades concernidas efectúan numerosas declaraciones, en las cuales afirman que se adoptarán medidas, que se instruyó un sumario administrativo, que la normativa legal es insuficiente, que por lo mismo hay un proyecto de ley en el Parlamento que lleva muchos años en tramitación, pero que ahora parece que sí saldrá a la vida jurídica y así nos vamos. Este «modus vivendi,» se singulariza porque la actividad del aparato público consiste en acciones «ex post», y excepcionalmente en forma preventiva; se traslada la responsabilidad a un tercero o a otra institución del Estado; o, todo depende de una promesa que está casi cumplida, pero como el mito de Sísifo, cuando se está a punto de alcanzar la meta, la roca se despeña desde las altas cumbres y… ¡muerto al llegar!
Decae la noticia al surgimiento de un nuevo infortunio que subyuga la ligereza y veleidad del sistema informativo y de aquel suceso y sus protagonistas nunca más se supo. Así ocurre, hasta que unos meses y a veces algunas semanas o días después, se produce un nuevo hecho de características semejantes al anterior y se repite el ciclo, como las estaciones del año, desde la exultación de la primavera hasta la caducidad del invierno; y …¡vuelta a empezar!
Esta atroz e irritante realidad nos llega a través de la entrópica fugacidad de los sistemas informativos que así como ellos los relevan, de algún modo, son ellos mismos quienes los sepultan, porque hay una nueva emergencia informativa, que ocupa su interés y que indefectiblemente sigue la misma suerte. Sin embargo, qué pasa en el intertanto con las autoridades que mencionábamos; qué medidas adoptan para precaver la repetición de esos hechos. Al parecer nada relevante, puesto que los noticieros suelen exhibirnos cada tanto, imágenes, situaciones y explicaciones prácticamente calcadas, surgiendo las mismas interrogantes que en los anteriores casos; ¡es como si la realidad se plagiara a sí misma!
Entonces uno se pregunta dónde están los planes antidelincuencia, dónde el compromiso público de esas autoridades por diseñar y establecer una respuesta social organizada a este estado de cosas. Qué fue de la tantas veces enarbolada prevención situacional y psicosocial que en conjunto con el control estatal pondría atajo a la brutalidad que se cierne sobre el ciudadano común, el hombre de trabajo que se gana honesta y sacrificadamente la vida y que es despojado a diario por la delincuencia organizada o sus subproductos, el narcotráfico y sus súbditos, «los angustiados» y otras especies de la cadena de producción de aquellos.
Esos planes y programas y sus respectivas acciones y metas, al igual que como ocurre con la prensa, se reactualizarán cuando se acerque un nuevo evento electoral, que permitirá -quizás -, el escrutinio público sobre la eficacia y por ende la calidad de esos compromisos y promesas de la anterior campaña.
Pero la pregunta sigue siendo la misma, ¿volveremos a repetir el ciclo? Del incidente al reclamo y la angustia realzados por los medios, a la emergencia del actuar de las autoridades y sus declaraciones, la traslación de la responsabilidad, la reiterada promesa de más inversión pública, la apuesta por el esperado proyecto de ley y su benéfica aplicación y, nuevamente la declinación de la información.
Mientras termina el conteo que nos lleva al nuevo año, suena la canción nacional y comienza la algarabía, pienso en la autoridad impasible que como todos, destapa su champaña junto a sus queridos; en el niño pobre que murió en un ciber cumpliendo con su deber; en la niña que cayó bajo el fuego cruzado mientras rendía un homenaje postrero a su padre caído de otra guerra; en los violentos que pidiendo perdón como Girardi, no por ello dejarán de hacer dos nuevas muescas en sus revólveres; que una niña también pobre y mutilada cruzará el umbral de la Teletón y, entonces de nuevo me pregunto, ¿nos veremos el próximo año cargando la misma piedra en pos de la misma cumbre cuando la muerte nos reúna en todas las estaciones, en el noticiero central de las 21 horas?
*Ricardo Manzi es abogado.
