Donde la cosa se pone seria es cuando el diputado Rossi propone investigar a quienes tuvieron contacto sexual con las personas no notificadas; el diputado Melero de la UDI dice que de acuerdo a los organismos internacionales de Naciones Unidas, los contactos sexuales de una persona pueden llegar…
Por Leonardo Arenas*
Ni el más febril activismo hubiera soñado con la cobertura mediática que el año 2008 tuvo el VIH en nuestro país y, aunque un amigo dice que no hay publicidad mala, creo que esta vez salimos perdiendo. Principalmente, porque se privilegió la opción de la denuncia irresponsable, antes que una mirada de largo plazo y el espíritu de proponer soluciones a los desafíos que se nos presentan.
Lo cierto es que empezamos mal y terminamos peor, cumpliendo aquello de la ley que dice que si las cosas no están tan mal, entonces van a empeorar. Por lo cual, un breve repaso nos puede dar la idea de los errores cometidos.
La noticia más impactante es del domingo 25 de mayo cuando un diario de circulación nacional y con un gran peso en la agenda política tituló, en primera plana: «Corrupción en platas del SIDA». Se abría así un flanco en un ámbito en donde la asociatividad entre el Ministerio de Salud y las organizaciones de la sociedad civil era un ejemplo de participación y ejecución en la política pública sobre el VIH. E involucraba a una organización que había sido una de las impulsoras de la «agenda ciudadana» desde los tiempos del Consejo Ciudadano.
Con el correr de los días y meses, tal corrupción pasó a ser llamada «desfalco» para terminar en «irregularidades» y aún no tenemos noticias sobre el proceso a pesar que el Fiscal que lleva adelante la investigación incautó los computadores del Consejo de las Américas y tiene toda la información disponible. Aún así, al parecer, no tiene un caso.
Pero, ¿Qué se ganó con la denuncia? ¿Cuál fue la estrategia comunicacional que la gatilló?
Lo que parece inaudito es que esta operación comunicacional, con tantos costos, no contó con la venia de las directivas de las organizaciones; que no fue conversada, ni consensuada. Y que la explosión como «bomba racimo» perjudicó al Proyecto Fondo Global en Chile, ocultó los logros alcanzados (porque es más fácil vender denuncias que resultados positivos), puso en el «paredón de los corruptos» a las organizaciones sociales con trabajo en VIH e inspiró a algunos a denunciar malos manejos financieros y preferencias en las licitaciones en favor de ciertas organizaciones gays, entre otras cosas.
¿Y qué se ganó? No se ganó nada, es más, se perdió la oportunidad de terminar un proyecto que ha alcanzado todos los indicadores propuestos, que cumplió y fue elogiado por las instancias revisoras a nivel nacional e internacional y era considerado un proyecto digno de replica. Y se perdió la extensión de 18 meses con una inversión de US $ 8 millones de dólares, que fue un ahorro, por cuanto el Ministerio de Salud, casi a mitad de la ejecución del proyecto, decidió comprar todos los medicamentos para VIH con fondos nacionales y liberar los recursos que aportaba el Fondo Global para este ítem. Es decir, hicimos lo que ningún proyecto ha hecho antes, que es devolver dineros comprometidos por la fuente financiadora, porque tenemos los recursos propios para cubrir esa demanda.
El otro balde de agua fría fue el tema de las personas no notificadas de su estado serológico en el Hospital de Iquique. Posteriormente, el Ministro de Salud proporcionaría la información que eran 512 personas que estaban en esta condición en todo el país. El último reporte (diciembre) da una cifra de 94 personas sin ubicar para su notificación.
Más allá de la cifra, la cuestión central es el actuar de las/os funcionarias/os públicos que tienen la misión de notificar a las personas y de una operatividad respecto del test de VIH que hace que las personas, por diversas razones, no concurran a retirar los resultados. Y para ponerle la guinda a la torta, en el mismo hospital se descubre que personal capacitado había adulterado una máquina que revisa las muestras, para que no detectara que los kits de test estaban vencidos y que habían sido realizados a embarazadas. Esto motivó una declaración del Ministro en cuanto a recurrir a la justicia si se confirma un delito.
Quienes no le fueron en zaga en los chascarros, fueron algunas/os parlamentarias/os que donde ven cámaras, ven la oportunidad de ganar unos minutos de fama.
Así es como la dupla Rubilar-Sepúlveda hicieron su debut en el ámbito de las propuestas más creativas. A pocos días de conocerse el caso de Iquique proponen declarar «emergencia sanitaria» por el tema del VIH y luego sacan del sombrero denuncias de diversos hospitales y servicios que nunca llegan a concretarse en la entrega de datos duros. Algo parecido a lo denunciado por el Senador Girardi, quien en conferencia de prensa en pleno segundo piso del MINSAL dice que tiene antecedentes que las personas no notificadas llegan a mil (¿?) sin mostrar ningún antecedente.
Donde la cosa se pone seria es cuando el diputado Rossi propone investigar a quienes tuvieron contacto sexual con las personas no notificadas; el diputado Melero de la UDI dice que de acuerdo a los organismos internacionales de Naciones Unidas, los contactos sexuales de una persona pueden llegar a doscientos; el diputado Leal está por modificar la ley y con ello la confidencialidad en la entrega de la notificación; se rumorea que una de las modificaciones que el gobierno tiene en carpeta es la coordinación con las policías para ubicar a las personas y poder notificarlas; y los diputados Chahuán y Sepúlveda presentan un Proyecto de Ley que hace obligatorio el Test del VIH para las personas privadas de libertad, «debido a la situación de hacinamiento que provoca promiscuidad entre los internos»… a la semana siguiente lo retiraron.
Estas situaciones también son espacios de oportunidades. Es así que se ha instalado la discusión respecto del uso de los Test Rápidos para la disminución de los tiempos de espera de las personas para conocer el resultado de su exámen, que en algunos casos llegan a 15 días; también está el rol de la sociedad civil en la Respuesta Nacional del VIH, ya que hemos escuchado más lamentos que propuestas de una sociedad civil que, al parecer, está solamente solicitando financiamiento del Estado.
Y también, como todos los años, la discusión en torno a la Campaña de Prevención del SIDA, que este año será sólo de gobierno ante el retiro de las organizaciones de la sociedad civil por el retraso de la emisión y las sucesivas postergaciones que ha tenido.
Espero que este próximo año sea de reflexión y propuestas. Debemos ser capaces de recuperar el sitial en la región y para eso se requiere avanzar en consolidar un Programa Nacional de VIH como un servicio público, con patrimonio propio y descentralizado. Pero para eso se necesita voluntad política, se requiere convencimiento que el tema del VIH es un tema de derechos humanos, de educación (sexual) e información; y no solamente de salud.
*Leonardo Arenas es Secretario Ejecutivo de la Coordinadora de ONG’s de las Américas sobre SIDA, Cárcel y Encierro, COASCE.
