Contraproducente para quienes pretendan aprovechar lo sucedido en su favor, ha sido ver el dolor de una abuela y su testimonio desmintiendo la efectividad de lo denunciado, relatando la realidad de su nieto, que con la misma o menor edad del infante que se movilizó en un cochecito amparado por el ..
Por Leonardo Aravena*
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se ha dirigido al Gobierno denunciando nuevos casos de personas que, declaradas víctimas de la dictadura como «detenidos desaparecidos», de acuerdo a sus antecedentes nunca tuvieron esa calidad.
La diputada ha ejercido un derecho, propio de la función que ejerce según lo manifestado, al entregar su denuncia en La Moneda empujando un coche de bebé rodeada de periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión, preocupada del buen funcionamiento de las instituciones.
Sin embargo, lo correcto habría sido que la diputada, luego de asegurarse de la veracidad de los hechos, se hubiera dirigido a los tribunales, a los que corresponde establecer y sancionar cualquier fraude respecto de beneficios concedidos a las víctimas y a sus familiares y no al Gobierno, que no ha hecho sino administrar los mandatos de leyes dictadas en favor de los afectados. La autoridad ejecutiva, por su parte, ha estado en su derecho al señalar que los nuevos casos puestos en su conocimiento no son tales, ya que estarían basados en errores de información.
Debe precisarse que las responsabilidades comprometidas son de carácter individual y así deben ser perseguidas, como ha ocurrido con las acciones ejercidas por el Consejo de Defensa del Estado en contra del primer «aparecido», quien residía en Mendoza, tenía nueva familia y, no obstante, su cónyuge y sus hijos residentes en Chile se beneficiaron, al parecer en forma indebida, con dinero y becas para estudiar.
Lo lamentable de la situación, además del aprovechamiento que pueda haberse hecho de los beneficios inherentes a la calidad de detenido desaparecido, es que formular con amplia difusión una denuncia de esta naturaleza puede llamar a confusión respecto a las responsabilidades involucradas, no imputables al Gobierno de la Presidenta Bachelet y ser utilizado, como hemos visto, por candidatos y políticos para responsabilizar a quienes no tienen control ni participación en los posibles fraudes cometidos. Más prudente habría sido una actitud reservada de la denunciante, propia de su alta investidura, dirigida a abrir una investigación que permitiera desechar o comprobar los cargos y, en este último caso, sancionar a quien corresponda, dando sólo entonces la cobertura periodística correspondiente.
Contraproducente para quienes pretendan aprovechar lo sucedido en su favor, ha sido ver el dolor de una abuela y su testimonio desmintiendo la efectividad de lo denunciado, relatando la realidad de su nieto, que con la misma o menor edad del infante que se movilizó en un cochecito amparado por el rango de su madre, fue botado en una calle luego del asesinato de sus padres. Esta situación nunca debió ser revivida por esa mujer que arrastra más de treinta años de dolor, si se hubieran comprobado los antecedentes antes de divulgarlos.
La materia es muy sensible y, por consiguiente, debe ser tratada con altura de miras, sin pretender culpar o buscar responsables por las acciones eventualmente delictuales de particulares que puedan haberse beneficiado mediante engaños u ocultamiento de antecedentes. Debe mantenerse siempre el respeto por el recuerdo de los horrores sufridos por los efectivamente detenidos desaparecidos, respecto de los que hoy nadie puede dudar que manos criminales los torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer. Debe respetarse igualmente a las familias que han sufrido el dolor inherente a lo sucedido, no exponiéndolas a revivir los hechos. Pretender sacar cualquier provecho político de una situación tan desgraciada como la vivida por todos los chilenos, es inaceptable y habla muy mal de sectores que, tratando de volcar en su favor algunos posibles errores en casi tres mil casos, mantuvieron silencio cómplice cuando los crímenes tuvieron lugar.
*Leonardo Aravena es profesor de Derecho de la Universidad Central y coordinador de Justicia Internacional Aministía Internacional, Chile.
