No puedo decir lo mismo del proyecto legal que obliga a las empresas a pagar al municipio por megawatt (MW) generado en su territorio. Para no incrementar las tarifas eléctricas, según Tokman, el monto pagado por las empresas sería reembolsado con platas fiscales. Esto, sin embargo, no sólo es…
Por Sara Larraín*
Muchos ciudadanos aún digerimos la forma y contenido del anuncio del ministro de Energía, Marcelo Tokman, realizado en la ‘Cena anual de la energía’, el 7 de enero. La propuesta destinada a ‘disminuir el rechazo a la instalación de proyectos eléctricos’ contiene un punto positivo y otro negativo.
La modificación reglamentaria para el pago de patente en la comuna receptora de un proyecto es una medida idónea de redistribución de dinero fiscal, y responde a una añosa demanda de los gobiernos locales. Por ello debería aplicarse retroactivamente y también sobre la minería.
No puedo decir lo mismo del proyecto legal que obliga a las empresas a pagar al municipio por megawatt (MW) generado en su territorio. Para no incrementar las tarifas eléctricas, según Tokman, el monto pagado por las empresas sería reembolsado con platas fiscales. Esto, sin embargo, no sólo es un subsidio a las empresas eléctricas, sino que amenaza al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y los derechos de las comunidades locales.
Una compensación de las empresas financiada con dineros públicos ‘tentaría’ al municipio a ignorar a los perjudicados a cambio de dichos fondos; incrementaría la inequidad entre los afectados y el poder de las eléctricas; y distorsionaría la relación entre el Estado y los municipios al canalizar platas del desarrollo local a través de las compañías.
Hoy, las termoeléctricas a carbón, el combustible más contaminante, son evaluadas en un contexto de vacío normativo, con el criterio del ‘caso a caso’: No hay ordenamiento territorial, norma para material particulado fino (PM2.5); no se ha mejorado la de material grueso (PM10), dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y metales pesados.
En Coronel, Región del Bío Bío, Colbún pretende instalar 3 centrales y Endesa reeditará el modus operandi aplicado en Ralco y Pangue para erradicar a 220 familias y así expandir Bocamina II. En la Región de Coquimbo, igualmente, una sola comuna (La Higuera) enfrenta otros 3 proyectos carboneros de CAP, Codelco y Suez Energy, y la construcción de uno a petróleo de la minera Barrick Gold Corporation. La firma brasileña MPX, a su vez, anuncia con incomprensible vanidad la construcción del ‘Hidroaysén a carbón’, dada la envergadura del proyecto (2.100 MW, cerca de Copiapó).
Además, el gobierno desacató la Ley de Bosques al aprobar el proyecto empresarial (dos centrales mini-hidro de 13 MW) al interior del Parque Nacional Puyehue, Región de Los Lagos. Esto motiva el beneplácito de AES Gener y la sociedad Endesa-Colbún, que planean intervenir, respectivamente, el sitio prioritario Santiago Andino y el monumento El Morado, y el Parque Nacional Laguna San Rafael.
Entonces, ¿este subsidio es la forma de corregir la ingobernabilidad? ¿Acaso no hay argumentos tras el rechazo de las comunidades y es mejor despojarlas de los pocos apoyos que concitan?
La perversidad de la medida es tal, que además de entregar a los actores del mercado el reparto de dinero público, intercepta con fondos de compensación el proceso de evaluación ambiental, cuyo propósito no es otro que prevenir y mitigar impactos.
En cuanto a la forma, en El Mostrador.cl leímos cómo la ministra de Medioambiente, Ana Lya Uriarte, reconoció que se «desayunó» con la noticia a la mañana siguiente. O sea, Tokman trata de imponer medidas unilaterales, sin información y consulta a sus pares, y se afana en allanar el camino a proyectos específicos, como Hidroaysén.
*Directora del Programa Chile Sustentable
