El régimen de Pinochet tuvo excesos, como el asesinato del general Prats y su esposa en 1975 y el de Orlando Letelier en Washington DC en 1976, pero no tomó decisiones para controlar el sistema represivo. La «guerra contra el comunismo», que justificó los excesos en los primeros años, continuó…
Por Carlos Huneeus*
La justicia está concluyendo una investigación por el probable envenenamiento del presidente Eduardo Frei Montalva (PDC) (1964-1970) por efectivos del DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército).
Frei era la principal figura de la oposición, que dañó al régimen. Su rechazo en 1976 a formar parte del Consejo de Estado, integrado, entre otros, por el ex presidente Jorge Alessandri y Gabriel González Videla (PR) (1946-1952), impidió que fuera un órgano que se legitimara por la amplitud de su integración. Después, descalificó la Constitución de 1980 y el plebiscito que la aprobó, pues el texto fue preparado por el régimen y se buscaba elegir a Pinochet como presidente por un «período constitucional de ocho años».
Confiado en su «triunfo», el gobierno autorizó un acto opositor en el teatro Caupolicán en que Frei fue el principal orador. Su afirmación «representamos hoy la continuidad histórica de Chile» indignó a las autoridades y a sus seguidores civiles, especialmente «los gremialistas», que creían representar la genuina tradición histórica de Chile desde Portales. Jovino Novoa, entonces subsecretario general de gobierno, declaró que con ese acto «la DC firmó su defunción» (Ercilla, 3.9.1980).
Frei era una figura respetada por los principales líderes de los países avanzados en Europa de todos los partidos y era recibido por jefes de Estado y de gobierno a los cuales informaba de la realidad del país. Las odiosas palabras empleadas por militares y civiles en su contra favorecieron crear un ambiente que lo condenó como un «enemigo», tomando el DINE la decisión de actuar en su contra.
Sin embargo, hay que preguntarse hoy, ¿por qué asesinar a un ex presidente? La respuesta hay que buscarla en las funciones y singularidades de los servicios de seguridad en las dictaduras. Los autoritarismos son muy violentos cuando se instauran, pero son pacíficos cuando han consolidado el poder y neutralizado a sus opositores. La represión es usada en forma selectiva, para no contradecir su imagen de gobierno que trabaja pacíficamente por el bien de todos. Ello exige controlar a los servicios de seguridad para que sus acciones sean funcionales a esa estrategia.
Sin embargo, ello no es fácil de lograr por el secretismo que requieren para cumplir sus funciones, gozando de una amplia autonomía que les lleva a cometer crímenes que perjudican al régimen. Ello le ocurrió al régimen militar del Brasil (1964-1983), con actos que impactaron a la opinión pública, aunque fueron pálidos en comparación a la violencia de los servicios de seguridad de Chile. Los militares actuaron de inmediato: sancionar a los responsables, reorganizar el aparato represivo e iniciar el retorno a la democracia, que comenzó en 1974 con la abertura y concluyó una década después con el traspaso del poder a un político de la oposición.
El régimen de Pinochet tuvo excesos, como el asesinato del general Prats y su esposa en 1975 y el de Orlando Letelier en Washington DC en 1976, pero no tomó decisiones para controlar el sistema represivo. La «guerra contra el comunismo», que justificó los excesos en los primeros años, continuó con similar violencia, y fue justificada por uniformados y civiles. El ministro del Trabajo en 1981, el «gremialista» Miguel Kast, fue durísimo contra de la oposición por criticar la política laboral, especialmente cuando en agosto de ese año, en un acto en la Vicaría de la Pastoral Obrera, se constituyó el «Comité de Defensa de la Libertad Sindical». Asistieron personalidades de todos los partidos de la oposición, incluyendo al ex presidente Frei y los comunistas María Maluenda, que fue diputada por Santiago, y Pascual Barraza, ex ministro de Allende y alcalde de La Granja. El gobierno actuó de inmediato, expulsando del país a Carlos Briones (PS), último ministro del Interior de la democracia, Alberto Jerez, Orlando Cantuarias (PR) y Jaime Castillo Velasco (PDC).
Pero ello no terminó ahí. El DINE decidió actuar contra uno de los principales líderes sindicales, Tucapel Jiménez, presidente de la Anef (Asociación Nacional de Empleados Fiscales), que fue brutalmente asesinado el 25 de febrero de 1982, y contra el presidente Frei. Se ha acreditado que el DINE trabajó en forma similar contra ambas personalidades: seguimiento de sus actividades diarias, infiltración en su círculo más cercano (el chofer del presidente Frei, un junior de la Anef en el caso de Jiménez), instalación de micrófonos en el hogar, preparación de informes de sobre sus actividades, etc. Al mismo tiempo, el DINE, bajo la dirección del químico Eugenio Berríos, desarrollaba un laboratorio clandestino para fabricar un producto que envenenaba sin dejar huellas.
Es una dramática coincidencia, que su hijo Eduardo sea ahora el candidato presidencial de los partidos que en 1980 se unieron en un acto de rechazo a la Constitución de Pinochet y que en 1981 se congregaron en un local de la Iglesia para apoyar a los trabajadores y proseguir la larga marcha hacia la democracia. Recién ahora se podrá conocer la verdad de las circunstancias en que se produjo la muerte del ex presidente Frei Montalva, que permitirá renovar la voluntad de los demócratas de cuestionar ese régimen y cuidar la memoria histórica de los crímenes cometidos en esos largos años.
*Director ejecutivo del CERC
