En algunos casos, se sabe de empresas que despidieron al total de sus fuerzas de venta, pagando las correspondientes indemnizaciones legales y procediendo a recontratar a un número menor de esos dependientes bajo nuevas condiciones eximiendo a la organización del pago de emolumentos por ese…
Por Ricardo Manzi*
Los anuncios gubernamentales sobre los avances sociales y económicos de los trabajadores obtenidos con la dictación de una legislación sobre igualación de sueldo base e ingreso mínimo y semana corrida, han pasado de la feliz y candorosa ensoñación de quinceañera enamorada a la filosa realidad del embarazo no deseado.
Esta ley surgida de las buenas intenciones – siempre son buenas las intenciones – de hombres de bien singularizados por su afán de justicia, que frente a la constatación que en ciertos sectores de la economía había trabajadores que teniendo remuneraciones, no tenían sueldo o tenían uno inferior al ingreso mínimo legal, se determinaron a resolver esta realidad entendida como injusta.
Para lo anterior, obviamente, se hacía necesario la dictación de una ley y así se hizo, sin que nadie -de la rosa cromática política, ni empresarios ni trabajadores y sus representaciones y asesorías-, reparase suficientemente en lo que ello traería aparejado en términos de costos para las empresas y humanos para los trabajadores, muchos de los cuales, con ocasión de la entrada en vigencia de la citada ley, han conocido bajo civilizada sugerencia, ansiosa y veloz advertencia o simplemente abierta imposición, la modificación de sus contratos de trabajo o el despido.
De este modo algunas organizaciones procedieron a limitar la jornada de trabajo y rebajarla del máximo legal de 45 horas semanales; o, modificando las comisiones y otros ingresos variables, con la finalidad de que no se cumplan los requisitos legales para tener derecho al pago de la semana corrida o limitar el impacto de la misma. En algunos casos, se sabe de empresas que despidieron al total de sus fuerzas de venta, pagando las correspondientes indemnizaciones legales y procediendo a recontratar a un número menor de esos dependientes bajo nuevas condiciones eximiendo a la organización del pago de emolumentos por ese concepto.
La reacción, era de esperar, pero lo que sorprende de todo esto, es que no se hubieren considerado suficientemente los efectos de una legislación laboral, que justificadamente o no, implicaba un aumento de costos para las empresas y más aún, sin consideración al contexto económico nacional e internacional.
Como ocurre en estos casos, cuando se constata que las previsiones gubernamentales frente a modificaciones legislativas, terminan produciendo efectos indeseados, la autoridad pública comienza a enviar señales equívocas y contradictorias, guardando silencio, efectuando nuevos anuncios legislativos o responsabilizando al empresariado, a los trabajadores o a cualquiera que pasa por la calle ya que en forma paradojal, las cosas en lugar de cambiar para quedar mejor, se produjo una suerte de «anti óptimo de Pareto» puesto que las cosas cambiaron para quedar peor y como desde el albor de los tiempos existe una ley inmutable que no es otra que la de «Gravitación Universal,» la ley sobre semana corrida ha terminado afectando gravemente el interés de los trabajadores, desplomándose a tierra junto con la manzana de Newton sus supuestos benéficos efectos.
*Ricardo Manzi es abogado
