En la vida cotidiana nacional no existe una materia más volátil, oscura y de menor certidumbre jurídica que los planes reguladores urbanos. Sea que sus contenidos dependan de las autoridades edilicias y sus direcciones de obras, o que provengan de las competencias de los gobiernos regionales…
La contundente derrota de la propuesta del Alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y de su entorno, de modificar el plan regulador comunal, tendrá un enorme significado no sólo para la regulación inmobiliaria de esa comuna, sino también para toda la política de gestión urbana en Chile.
Los resultados del plebiscito demuestran que los ciudadanos pueden incidir de manera muy concreta en la planificación de su ambiente urbano más directo, y que no están inermes frente a las decisiones de las autoridades si se proponen en serio opinar e influir. A los habitantes de Vitacura les consta la activa campaña que su edil (y su entorno) realizó para intentar conseguir la aprobación por los vecinos a sus propuestas de densificación urbana, principalmente vía construcción a una mayor altura.
Lo deseable en el futuro sería que las consultas a los ciudadanos respecto a las decisiones mayores en materia urbanística, como lo es la transformación de raíz de barrios completos, sean parte de un procedimiento necesario o estándar, y no la consecuencia a un «parelé» de la Contraloría General de la República a la autoridad comunal, acogiendo los reclamos de los vecinos.
El marco jurídico actual es estrecho, por lo que debería ser modificado, para facilitar y asegurar este tipo de expresiones democráticas. Lo importante en este caso es que el proceso se dio pese a la estrechez y dificultades para poder concretarlo, lo que transforma sus resultados en un imperativo de ley para la política nacional, que debería ser satisfecho.
En la vida cotidiana nacional no existe una materia más volátil, oscura y de menor certidumbre jurídica que los planes reguladores urbanos. Sea que sus contenidos dependan de las autoridades edilicias y sus direcciones de obras, o que provengan de las competencias de los gobiernos regionales o las autoridades centrales.
Ello no es solo el producto del volumen de intereses económicos en juego, sino también de la vieja tradición centralista y autoritaria del Estado chileno, que considera un imperativo de bien común la opinión de la autoridad.
De ahí derivan muchos abusos y atropellos. Durante décadas la ciudadanía ha debido resignarse a que, de la noche a la mañana, le cambien la altura de su entorno, se autorice equipamientos o destinos que cuando compraron sus viviendas no se permitían en su barrio, que le cambien el sentido a las calles sin aviso, le instalen antenas de telefonía, y un sin fin de cosas más. Frente a ellas, la mayoría de las veces la gente queda impotente, mientras ve como se menoscaba su calidad de vida y/o se disuelve su patrimonio inmobiliario por el impacto negativo de los cambios. Como contrapartida, el beneficio de unos pocos, que las más de las veces ni siquiera viven en el lugar afectado.
Esto ha estado ocurriendo en todo Chile y no solo con los grandes proyectos inmobiliarios. También en el diseño y operación de las autopistas urbanas o las ampliaciones de radio urbano, o el Transantiago. Por lo mismo, no son sólo los municipios las ánimas negras de la mala urbanización. La desintegración de la ciudad se debe todavía mucho más a los gobiernos regionales y a las autoridades centrales. Baste al efecto con recordar la última oscura ampliación al límite urbano de Santiago, parida entre gallos y medianoche por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana.
Pero la corrección viene de la mano ciudadana y de ahí la importancia de lo ocurrido el domingo pasado en Vitacura. Porque abre un camino para generar efectos políticos más contundentes y permanentes en la administración de la ciudad. Para hacerla más humana y articulada, a la medida de lo que desean sus habitantes, y no a la mera voluntad de los poderes económicos o de las autoridades de turno, muchas veces demasiado sincronizados.
Hacia delante, es presumible que se genere presión por la realización de procesos similares en todo el país, principalmente en las grandes ciudades. Independientemente de su factibilidad y calidad de sus resultados, la ciudadanía podrá expresar su malestar y su necesidad de cambio.
Se ha introducido una nueva dimensión política en la gestión urbana, municipal y de la ciudad, y únicamente resta saber cómo reaccionarán el Estado y la política ante esta manifestación de poder ciudadano.
