El Parlamento se ha quedado atrás, estancado en una idea de democracia del siglo pasado. Ha sido incapaz de discutir y aprobar tres mociones parlamentarias que buscaban mejorar la proporcionalidad de las candidaturas en las listas electorales y tampoco ha discutido la propuesta gubernamental que
Por Teresa Valdés E.*
Lo hemos señalado en reiteradas oportunidades: resulta impresentable que tras 60 años con derechos políticos plenos, las chilenas sólo ocupemos el 13% de los cargos en el Parlamento y que desde 1953 hayamos avanzado apenas de una a dos senadoras.
Mientras nuestra sociedad se moderniza en lo económico y cultural, y cuando no es posible entender el desarrollo que hemos alcanzado como país -que tanto orgullo nos da por los índices que podemos mostrar a nivel internacional- sin reconocer el aporte de las mujeres, nuestra institucionalidad política se queda atrás, lejos de las democracias que decimos admirar. Países como Francia, Suecia y Gran Bretaña cuentan con leyes que sancionan la discriminación desde los años 70′ y tanto en Francia como en España, la paridad es obligatoria, no sólo en los poderes del Estado, sino también el las empresas públicas y privadas.
Son muy importantes los avances alcanzados en otras materias y no ha sido en vano contar con una mujer en la Presidencia de la República: la prioridad que ha dado su gobierno a la reducción de las desigualdades en las oportunidades para las mujeres, en especial a las más pobres, así lo revela. Sobre cuatro mil salas cuna permiten a madres adolescentes continuar sus estudios y a cientos de trabajadoras postular a mejores empleos o tener hijos aunque trabajen, porque saben que sus hijos e hijas quedarán en buenas manos.
La Reforma Previsional de 2008 reconoce el aporte de las mujeres en todas sus condiciones de vida: solteras, casadas, separadas o viudas, con o sin hijos, con o sin trayectoria laboral. Todas tienen derecho a una vejez con reconocimiento y dignidad. El Plan Auge ha puesto fin a la obligación de «parir con dolor» y la violencia hacia las mujeres es -por ley- un delito que debe ser castigado.
El impulso a las políticas para alcanzar la equidad de género en todos los organismos públicos, con un Consejo de Ministros por la Igualdad de Oportunidades, metas ministeriales específicas y mejoramientos en la gestión pública sensibles a las desigualdades de género, junto a una Agenda de Género para el período, es una clara expresión del compromiso del gobierno con una sociedad más justa para las mujeres. El aumento decidido de la proporción de mujeres en cargos de responsabilidad política y técnica ha hecho visible las capacidades y aportes que la sociedad se pierde cuando las excluye. Los horizontes para el futuro de las niñas se han abierto a todos los sueños posibles.
Sin embargo, no podemos decir lo mismo cuando miramos al poder legislativo. Ni la Cámara de Diputados ni el Senado reflejan la sociedad que somos: integrada por mujeres y hombres -ellas, algo más del 50%-, con sobre el 45% de las mujeres en edad de trabajar que participan en el mercado laboral, en que el promedio de años de estudio de esa fuerza de trabajo femenina supera el de los varones, en que las familias pobres y de sectores medios salen adelante gracias al aporte y contribución de las mujeres en todos los quehaceres.
El Parlamento se ha quedado atrás, estancado en una idea de democracia del siglo pasado. Ha sido incapaz de discutir y aprobar tres mociones parlamentarias que buscaban mejorar la proporcionalidad de las candidaturas en las listas electorales y tampoco ha discutido la propuesta gubernamental que busca la representación equilibrada de mujeres y hombres en las elecciones. Pendiente está el poner fin a las discriminaciones salariales y contar con una ley marco de derechos sexuales y reproductivos, que reconozca la maternidad voluntaria.
Es hora de renovar la política en serio, de romper con el elitismo, el machismo y las prácticas oligárquicas instaladas en el país por la derecha, del brazo de la dictadura militar. Llegó el momento de poner fin a las exclusiones no sólo de sectores políticos relevantes, sino muy especialmente de las mujeres, en todas sus condiciones sociales, de edad, etnia o liderazgo político y social. A los partidos políticos les toca ser artífices de la democracia que nos merecemos, una democracia inclusiva y participativa que reconoce que «si la mujer no está, la democracia no va», como lo hemos voceado desde hace más de dos décadas.
*Teresa Valdés E., Observatorio de Género y Equidad.
