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Crisis económica: defender a las personas

por 27 marzo 2009

El diseño previsto por el gobierno parece resignado a que nada puede hacerse para alterar la forma en que el mercado distribuye las pérdidas; sólo queda socorrer a las personas con subsidios, bonos, ayudas y becas de financiamiento público y dejar que el mercado logre su propio ajuste, ojalá...

Por Diego López*

Se dice que Rahm Emmanuel, jefe de gabinete de Obama, ha dicho que nunca se debe desaprovechar una crisis y tiene razón: la potencia transformadora de un gobierno puede medirse por sus decisiones para enfrentar la actual crisis. ¿Qué puede hacer un gobierno como el nuestro: resistir como sea posible o dar pasos hacia un futuro mejor del que teníamos? ¿Cuán diferente será el país cuando la crisis haya terminado?

Desgraciadamente, no se ve una agenda gubernamental ambiciosa para enfrentar la crisis, como sí la tienen las grandes asociaciones empresariales, que están insistiendo con aún más vigor, si cabe, en sus afanes desreguladores para aliviar las responsabilidades legales y los tributos de sus grandes asociados. Hasta ahora parecieran primar en el gobierno la contención y una cautela conservadora: esta crisis es externa, el esquema general de nuestra economía es el adecuado, el Estado puede generar turbulencias más que soluciones, hay que hacer lo menos posible pero hacerlo bien.

En realidad, muy probablemente esta crisis tendrá un desarrollo parecido a la asiática: golpeará más fuerte a la gran mayoría. Para las personas: alto desempleo, postergación de la jubilación, resignarse a trabajar más por el mismo o menos salario y aumento del ya endógeno endeudamiento. Para las empresas más pequeñas: quiebra, pérdida de mercado  ó apenas subsistir. Para las empresas más grandes: concentración económica, reducción de personal manteniendo o incrementando la producción y exigencia de nuevas concesiones públicas que les permitan crear empleo. El diseño previsto por el gobierno parece resignado a que nada puede hacerse para alterar la forma en que el mercado distribuye las pérdidas; sólo queda socorrer a las personas con subsidios, bonos, ayudas y becas de financiamiento público y dejar que el mercado logre su propio ajuste, ojalá lo más pronto posible.

El problema es que todos sabemos que ese ajuste es social: traslada el peso de la crisis a los trabajadores, deudores y a las pequeñas empresas. En realidad, la tarea de un gobierno que enfrenta una crisis es más desafiante que sólo proveer gasto para paliar, en parte, la situación de los más damnificados. Se trata de una tarea esencialmente política: decidir cuál debe ser la distribución social del esfuerzo para asumir los efectos negativos del mal ciclo económico. Las decisiones de gobierno pueden apuntar a redistribuir los costos de la crisis o bien acentuar la solución de mercado, que perjudica a la mayoría.

Es por eso que los gobiernos con fuerza transformadora son protagonistas de las crisis que enfrentan, orientando políticamente la salida y no sólo resignándose a los avatares del ciclo económico. F. D. Roosevelt lo sabía y creó una nueva generación de instituciones y derechos a favor de la libertad de las personas y sus posibilidades de prosperar, que orientaron la actividad económica post crisis, y sirvieron de modelo para proteger a las personas en los buenos y malos tiempos. 

En realidad, la cautela gubernamental de no iniciar cambios institucionales durante esta crisis, es un minimalismo que se parece más a cruzarse de brazos y confiar en que la crisis dure lo menos posible, que a enfrentar con decisión y liderazgo los malos tiempos económicos. Por ejemplo, revisar la responsabilidad de las AFP`s con sus cotizantes y crear una AFP estatal son iniciativas muy oportunas ahora que los ahorrantes están sufriendo una pérdida patrimonial sin precedentes; La negociación colectiva también es una buena idea para promover que empresarios y trabajadores compartan esfuerzos para superar la crisis. Las ideas que apuntan a un equilibrio entre los impuestos que gravan el ingreso y los que gravan el gasto son muy pertinentes.

Si la regulación no ha sido capaz de distribuir equilibradamente los costos y beneficios del crecimiento en época de auge económico, esa incapacidad queda aún más en evidencia en los momentos de crisis económica, en que la gran mayoría de las personas saldrá mucho más perjudicada. Las decisiones políticas sí importan: cualquier medida que se tome opera como una forma específica de distribuir los costos y los beneficios de la crisis económica. Tales costos y beneficios no dejan de existir, lo que cambia es su distribución social: quiénes los soportan y quiénes los aprovechan. Mientras más se prolongue esta crisis más evidente se hará la indefensión de las personas y cuán escasa es la ayuda que proporcionan bonos y subsidios, en el mejor de los casos solamente paliativos.

*Diego López es Profesor de Derecho, Universidad Alberto Hurtado.

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