Reducir la posibilidad de mantener una relación clientelar entre una autoridad y un grupo «privilegiado» de ciudadanos produce una «democratización», es decir, un acceso más equitativo entre las personas interesadas a los diversos programas y subsidios estatales…
Por Andrea Sanhueza*
Esta afirmación adquiere relevancia a propósito de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública el próximo 20 de abril.
Chile ha dado un paso de gran relevancia en materia de normar el acceso a la información y transitar de una cultura del secreto a una de la transparencia.
Entre sus aspectos positivos se puede destacar que establece la obligación de publicar información en internet al poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Banco Central, Tribunal Constitucional, Tribunal Electoral, Contraloría General de la República, municipios, empresas públicas y empresas con participación del Estado. Esto se ha llamado Transparencia Activa.
Otro avance importante es la obligación de los ministerios, gobernaciones, intendencias, municipios y Fuerzas Armadas de responder en un plazo de 20 días hábiles solicitudes de información que les realicen las personas. Esto se ha denominado Transparencia Pasiva.
El tercer aspecto positivo es la creación del Consejo de la Transparencia, órgano autónomo integrado por cuatro Consejeros, que tendrá entre sus funciones fiscalizar al Estado para el cumplimiento de la ley y lograr que la ciudadanía conozca que el acceso a la información pública es un derecho humano que todas las personas tenemos la posibilidad de ejercer en nuestra relación con el Estado.
La ley también presenta falencias, entre las que se puede destacar que los poderes legislativo y judicial no están obligados a responder a las solicitudes de información realizadas por ciudadanos; y no existe la posibilidad de reclamar ante el Consejo de la Transparencia, sino sólo por la vía judicial, cuando la información solicitada a la Contraloría General de la República, el Banco Central, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y Justicia Electoral no sea entregada por estas instituciones.
Frente a este avance normativo surge la pregunta ¿Qué es la Transparencia? ¿Por qué la transparencia importa?
En primer lugar, la transparencia se refiere a los flujos de información que están disponibles para las personas interesadas en ella. Es decir, mientras más información se ponga a disposición del público a través de diversos instrumentos de los servicios del Estado, más transparente será su gestión.
Un segundo aspecto importante es distinguir que no cualquier información disponible cumplirá el objetivo de informar. Si la información está en un lenguaje muy técnico o si es entregada en forma tardía, no cumple ese objetivo. De esta forma la información debe cumplir los requisitos de ser de fácil acceso, comprensible y oportuna. Es sabido que entregar mucha información es también una forma de desinformar.
A juicio de la Corporación Participa, entidad que dirijo, la transparencia también es relevante porque tiene una directa relación con la prevención de actos de corrupción. Por ejemplo, si hay mayor cantidad de información disponible para cualquier interesado sobre contratos y transferencias de un determinado servicio público, habrá una posibilidad real de escrutinio público, lo cual tiene el incentivo de frenar actos ilícitos por parte de autoridades y/o funcionarios.
Otro aspecto complementario al anterior es que la transparencia también reduce las redes clientelares que mantienen diversos actores políticos. Es de todos sabido que en el país existe la mala práctica entre algunas autoridades, sobre todo locales de distintos colores políticos, de «premiar» a aquellas personas y dirigentes comunales que han votado por ellos. Este premio se concreta a través de la adjudicación de fondos concursables de administración municipal. Hoy en día muchas personas reclaman que los fondos para apoyar actividades a nivel comunal se los adjudican más o menos las mismas personas y que es casi imposible tener información sobre los criterios de evaluación y quiénes componen la comisión evaluadora, entre otros. Toda esta información será pública a partir del 20 de abril.
El efecto de reducir la posibilidad de mantener una relación clientelar entre una autoridad y un grupo «privilegiado» de ciudadanos produce una «democratización», es decir, un acceso más equitativo entre las personas interesadas a los diversos programas y subsidios estatales. Cuando se tiene acceso a este tipo de información sobre postulaciones, licitaciones y adjudicaciones, es posible reclamar y denunciar la existencia de grupos privilegiados.
Por todo ello la transparencia es fundamental: no sólo permite que la ciudadanía se informe de manera clara, precisa y oportuna del quehacer de sus autoridades en materias generales, para fiscalizar su acción, sino que también conozca los alcances de aquellas medidas que le afectan en forma directa y que hasta ahora eran inaccesibles para ellos.
*Andrea Sanhueza es Directora Ejecutiva de la Corporación Participa.
