Podríamos también evitar los bochornosos episodios de legisladores y autoridades que vociferan por los derechos laborales, execran la evasión tributaria, pero hacen campañas con platas negras, contratando gente con vales y comprando servicios sin factura…
Por Camilo Feres*
Entre las múltiples aristas de la política que mantienen una inquietante pre-modernidad, la inscripción y el financiamiento destacan por sobre el promedio. Es cierto, la Ley de Partidos y los canales de participación también apestan, pero la trampa del tema platas y del anacronismo de los sistemas operativos del registro electoral, que son mucho menos debatidos, configuran dos grandes barreras de entrada a la política y son, por ende, un mango a la medida para quiénes se aferran a mantener el sartén bajo control.
Si mañana el suscrito, o cualquiera de quiénes leen este artículo, deciden competir por un escaño parlamentario o se lanzan a la caza de la primera magistratura, además del callejón oscuro que van a encontrar entre los profesionales de la política, los insultos, las ridiculizaciones y zancadillas; deberán juntar firmas (si no militan en partidos y si éstos no tienen la generosidad de permitirles competir internamente por un cupo en la designación de las plantillas) y juntar plata. En ambos casos la institucionalidad no ayuda.
Para las firmas se requiere de un formulario que el Servel (cuyo sistema de registro manual nos habla de la importancia que le asignamos a la democracia, sobre todo si comparamos estos registros con los sistemas del SII o del Registro Civil) tienen a bien liberar sólo unos pocos meses antes de la elección para la que son válidos. Estas firmas deben ser ante notario, los que de no mediar virtudes cívicas excepcionales, cobran por cada rúbrica puesta ante sus ojos o los de su secretario del mesón. Y cómo a corto andar nos encontramos con egresos, se requiere recaudar fondos… otro lío.
En efecto, porque no sólo es difícil recaudar y pedir plata, en Chile se grava inexplicablemente ese proceso. Si un candidato recibe aportes (aunque sea de otros ciudadanos que lo sacan de su bolsillo) el Servicio de Impuestos Internos los considera ingresos de la persona que los recibe y cobra por éstos un impuesto que puede llegar al 40%. Es decir, si usted recibió su sueldo, pagó impuestos por él y dona parte de éstos a un candidato de su agrado, el SII le cobrará un peaje de 40%. Es a lo menos insólito.
Profundizando en las paradojas que encierra la visión tributaria que tenemos de la democracia, cabe señalar que si el candidato se gasta un 100% de los aportes en su campaña, igual debe pagar el impuesto por el total de las donaciones, es decir, el impuesto es a las donaciones, no a los ingresos del candidato. Por cierto que la cofradía de ilustres y sonrientes candidatos difícilmente pagarán dichas sumas, por lo que, además de insólito, el tratamiento tributario para las campañas es un incentivo a la mentira, la elusión y los aportes «negros».
Como contraparte al castigo que se ejecuta a los aportes privados, en Chile se permite e incentiva tributariamente el aporte o financiamiento electoral que hacen las empresas. Es decir, si el gerente de Chilectra decide apoyar a un candidato, los accionistas (incluidos los fondos previsionales) concurrirán a apoyar financieramente a quién la administración decida, aunque su corazón y ganas digan otra cosa.
En suma, Chile tiene una democracia en la que las empresas pueden financiar campañas aunque sean los ciudadanos los que voten. Si éstos son los que aportan, el fisco cobra impuesto doble (al ingreso y a la donación). Con esta recaudación, se pagan complejos sistemas computacionales para el recaudador (el SII), pero no llega un solo peso para modernizar los sistemas del ente rector de las elecciones (el Servel). Y si las campañas trasparentan su contabilidad, deben pagar parte de lo recaudado al fisco. Algo huele mal en Dinamarca.
Una forma sencilla y trasparente de administrar gastos de campaña sería autorizar la apertura de sociedades de giro único para este fin, que deban liquidarse de forma simplificada al terminar la campaña. Así, los aportes podrían centralizarse en estas sociedades, las que a su turno tendrían un incentivo para contabilizar sus gastos y contrataciones de forma legal y trasparente para justificar los egresos y evitar sanciones tributarias. Si sobra plata que se pague un impuesto por esa «utilidad». Así tendríamos trazabilidad total de lo recibido y lo gastado en las campañas y podríamos también evitar los bochornosos episodios de legisladores y autoridades que vociferan por los derechos laborales, execran la evasión tributaria, pero hacen campañas con platas negras, contratando gente con vales y comprando servicios sin factura.
*Camilo Feres es consultor en estrategia y comunicaciones y asesor de la campaña de Marco Enríquez-Ominami
