La discusión parlamentaria para la ratificación del Estatuto de Roma ha sido ardua y frecuentemente se polarizó, dificultándose la comprensión de la importancia de fortalecer los mecanismos internacionales de justicia y dar garantías de no repetición…
Por Camila Maturana*
Un gran paso ha dado el Senado chileno para permitir la incorporación de nuestro país a la Corte Penal Internacional. El pasado 7 de abril, la Cámara Alta despachó el proyecto que tipifica el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Como se recordará, la incorporación de estos crímenes horrendos en la legislación nacional, en forma previa a la ratificación del Estatuto de Roma, ha sido una condición planteada por la Alianza Por Chile. Despejado este punto, sólo resta mantener la voluntad política en las restantes etapas de trámite legislativo.
La Corte Penal Internacional es un tribunal independiente de carácter permanente que la comunidad internacional ha establecido para juzgar a los individuos responsables de los más graves crímenes «que conmueven profundamente la conciencia de la humanidad» y amenazan la paz y la seguridad mundiales. Luego de más de 10 años de la firma del Estatuto de Roma, Chile ya no podía seguir permaneciendo al margen de este mecanismo de justicia internacional, establecido para combatir la impunidad de tan horrendos crímenes. El compromiso nacional e internacional con la vigencia plena de los derechos humanos y la justicia así lo exigen.
La discusión parlamentaria para la ratificación del Estatuto de Roma ha sido ardua y frecuentemente se polarizó, dificultándose la comprensión de la importancia de fortalecer los mecanismos internacionales de justicia y dar garantías de no repetición. Incluso, en no pocas ocasiones el debate pareció quedar en punto muerto. Precisamente por ello, resulta tan destacable el consenso político alcanzado en esta oportunidad, el que permitirá finalmente a nuestro país dejar de figurar al margen del progreso mundial en derechos humanos.
Cumplido este gran paso, la ratificación es cuestión de semanas. Ello permitirá a Chile incluirlo como avance ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el examen que se realizará en mayo próximo. Sin duda se trata de un logro importante que refuerza el compromiso estatal con los derechos humanos; sin embargo, los desafíos no terminan allí. Está pendiente la creación de la Defensoría de las Personas como reanudar el debate sobre Instituto Nacional de Derechos Humanos, la legislación sobre medidas contra la discriminación, además de un conjunto de reformas sobre derechos humanos de las mujeres: igualdad salarial, sociedad conyugal, paridad y aborto terapéutico, entre otros. El llamado a los y las parlamentarias es a seguir avanzando en la protección de los derechos humanos, frente a la comunidad internacional como de cara al electorado.
*Camila Maturana Kesten es abogada Corporación Humanas, Observatorio Parlamentario.
