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Protección social: ¿promoción o justicia social?

por 18 mayo 2009

La mayoría de los expertos en políticas públicas parece tener más fe en los subsidios a los más pobres que en el buen funcionamiento del mercado: en vez de corregir las inequidades del mercado prefieren que el Estado financie transferencias monetarias a las familias más pobres.

Por Diego López*

Probablemente la Presidenta destaque en su discurso del próximo 21 de mayo su aplaudida agenda social: emplear fondos públicos para paliar las necesidades sociales indispensables de esa parte significativa de la población que es pobre o que gana apenas lo necesario para no ser pobre.

En tiempos de crisis, los subsidios, pensiones, becas y bonos públicos son especialmente valorados por quienes los necesitan.

Pero en realidad, las verdaderas oportunidades de ganarse la vida se juegan en el mercado: obtener prosperidad familiar y dar un mejor futuro a los hijos no depende de conseguir beneficios públicos para paliar la pobreza. Dejar de ser pobre es una invitación a participar en el mercado.

Pero no a todos les va bien. El mercado refleja fielmente las desigualdades al ofrecer alternativas muy diferentes según el poder adquisitivo que se tenga y la posición social que se ocupe: las empresas comparten su riqueza sólo con sus trabajadores más calificados y la mayoría de los consumidores vive del crédito y del endeudamiento permanente. En realidad, no es lo mismo reducir la pobreza que enfrentar las desigualdades. Los subsidios a los más pobres buscan combatir la pobreza, pero no alteran la concentración de poder y riqueza en unos pocos, que impulsa naturalmente el mercado.

Las transferencias que promueve el gasto público social no logran alterar el desproporcionadamente desigual provecho que obtienen los ganadores del mercado, a costa del sacrificio de la mayoría, que debe concurrir al mercado para realmente dejar de ser pobre.

En realidad, la mayoría de los expertos en políticas públicas parece tener más fe en los subsidios a los más pobres que en el buen funcionamiento del mercado: en vez de corregir las inequidades del mercado prefieren que el Estado financie transferencias monetarias a las familias más pobres. Parecen estar convencidos que el mercado no puede pagar mejores salarios medios ni garantizar mejor acceso a bienes y servicios esenciales, y  que debe ser el Estado quien financie un aumento de ingresos para los más pobres.

Lo que  proponen es que las personas se resignen a la desigual distribución de ingresos que efectúa el mercado y que la ayuda estatal opere como un aliciente para quienes se adapten a las condiciones que ofrecen las empresas, por injustas y perjudiciales que ellas sean. Los trabajadores empobrecidos son orientados a estirar la mano al Estado y no a exigir mejores salarios y condiciones de trabajo a sus empleadores.

Las políticas públicas pueden hacer mucho por las personas, pero encomendarse sólo a ellas significa que el mercado decidirá la forma en que las personas podrán prosperar. La ayuda estatal a los más pobres termina siendo un subsidio a la falta de responsabilidades legales para las empresas frente a sus trabajadores y consumidores. Los expertos en políticas públicas parecen preferir que los costos sociales del mercado sean de responsabilidad del Estado y no de las empresas.

Concentrarse sólo en diseñar políticas públicas que hagan más soportables los bajos sueldos y la inestabilidad laboral, en realidad es una decisión política que acepta que el mercado no ofrecerá a la gran mayoría de las personas un destino mejor. Esta opción política garantiza un beneficio desproporcionado a la minoría afortunada y sólo un pequeño provecho a la gran mayoría, que no se beneficiará directamente del crecimiento económico: será el estado el que recaudará impuestos promovidos por la actividad económica y el consumo y usará parte de ellos en pagar beneficios a los más pobres.

Pero un gobierno puede hacer mucho más que focalizar el gasto público en quienes más lo necesitan: puede incidir en cuáles serán los mecanismos de distribución que deben operar en el mercado. La deliberación política puede decidir que las empresas sí deben compartir las cargas y responsabilidades que permitan a la mayoría de las personas obtener real prosperidad en el mercado, y que es necesario hacer más que sólo dejar que las personas obtengan lo poco que les ofrece el mercado: se deben garantizar resultados aceptables para las personas; el bienestar de las empresas no debe lograrse a costa del sacrificio mal remunerado de quienes trabajen para ellas y de la indefensión de los consumidores. ¿Cómo lograrlo? Estableciendo responsabilidades legales para las empresas, para que respeten a todos sus consumidores, no sólo a los más poderosos, y compartan su riqueza con todos sus trabajadores, no sólo con los más calificados y productivos.

*Diego López es académico de Derecho, Universidad Alberto Hurtado.

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