Nuestra primera prioridad es restablecer el derecho a la vivienda como un derecho constitucional de todos y cada uno de los habitantes de nuestro país y que el Estado tenga el deber y la obligación de velar y asegurar que podamos ejercerlo sin diferencias de condición social, ni de origen étnico…
Por Moisés Scherman*
Cito textualmente lo que para nosotros constituye el nudo central de la situación que enfrentamos en materia de vivienda hoy día, quienes vivimos tanto en las ciudades como también en los sectores rurales:
«La política habitacional considera el ingreso como un factor preponderante en la solución del problema de la vivienda. A nivel nacional, precisa el grado de compromiso que el país puede adquirir respecto del standard habitacional. A nivel de las personas, define la vivienda a que cada grupo familiar puede optar»
(Mensaje Presidencial año 1977 Pág.592).
Posteriormente, el régimen militar reemplazó el término derecho por el de bien para referirse a la vivienda. Este cambio fue consagrado incorporándolo a la Constitución de 1980 y prevalece hasta el día de hoy refrendada con la firma de Ricardo Lagos en la modificación constitucional del año 2005.
Es este el marco doctrinario que ha inspirado y ha regulado las políticas de vivienda y urbanismo durante los últimos casi 36 años desde el golpe militar hasta el día de hoy.
Con ello queremos afirmar que los espacios territoriales, regiones, ciudades y aglomeraciones, es donde en definitiva se plasma el resultado de las políticas económicas y sociales que organizan nuestra sociedad. El modelo neoliberal es absolutamente deficitario en el ordenamiento de nuestro territorio.
El mercado, sin regulación, agudiza la concentración en territorios que parten con una ventaja inicial: o sea, los lugares con mayores recursos son los que concentran el poderío económico y lo reproducen. Ello resulta, en términos territoriales, que las grandes ciudades, como es el caso de Santiago, Concepción y Valparaíso, concentran la mayor parte de la población y del PIB del país.
Así las cosas, la calidad de vida de las grandes ciudades se ha visto seriamente afectada. La contaminación del aire es un problema cada vez más grave, la provisión de servicios básicos de infraestructura se ha encarecido, la congestión hace que el acceso a los servicios y participación en la economía urbana se vuelva más difícil.
Adicionalmente, la expansión urbana de Santiago se ha hecho en detrimento del valle más fértil del país, mientras existen varios territorios sin ocupar y con menor valor ambiental.
A fin de cuentas, el patrón de crecimiento económico concentrador produce ciudades y territorios sin adecuados servicios, y con impactos negativos en la salud de la población, principalmente niños y ancianos.
Es por ello que nuestra primera prioridad es restablecer el derecho a la vivienda como un derecho constitucional de todos y cada uno de los habitantes de nuestro país y que el Estado tenga el deber y la obligación de velar y asegurar que podamos ejercerlo sin diferencias de condición social, ni de origen étnico ni de género.
Esto implica por cierto el reemplazo de la actual Constitución por una nueva Constitución Democrática debatida en una Asamblea Constituyente y propuesta a la ciudadanía para que soberanamente sea sancionada en un plebiscito nacional en el marco de una ley electoral que permita la inscripción automática de todas y todos los chilenos, incluidos quienes viven en el exterior.
En nuestras ciudades se verifica el mismo fenómeno descrito para los espacios territoriales.
En nuestras ciudades, el mercado de la vivienda y el valor de la tierra han determinado un patrón ineficiente y segregado en el uso de los suelos urbanos.
Con este patrón, que se observa en muchas ciudades con nula o escasa regulación, los centros viven y vibran en el día y la semana, y en la noche se vuelven lúgubres desiertos y antros de la inseguridad. Las zonas residenciales en cambio disponen de un número reducido de comercios, oficinas y servicios, con escaso entorno para la convivencia social.
Esta condición urbana produce segregación social. Los barrios y las viviendas se perpetúan en tipo, estilo y calidad subordinados a las leyes del mercado, atrayendo siempre a la misma categoría social para poblar el mismo barrio. Al final, la segregación social barrial termina exacerbando la división de las personas en mundos apartes en una misma ciudad: los hijos de los barrios altos nunca verán los que es un almacén en La Pintana, y los niños de las familias humildes no se pueden imaginar lo que es una mansión de La Dehesa.
La irracionalidad de esta estructura urbana en lo que se refiere al uso del espacio, servicios e infraestructura, es muy costosa. La inmoralidad de la segregación social que perpetúa este tipo de urbanismo es más grave aún.
Finalmente, y ello es manifiesto en el Centro de Santiago, las leyes del mercado han empujado la irracionalidad al extremo de propiciar la destrucción del patrimonio arquitectónico de la ciudad a favor de edificios residenciales sin alma y sin carácter, destruyendo barrios enteros que renacen vacíos de valor.
En relación con la formulación misma de las políticas habitacionales es necesario señalar en primer lugar que en nuestro país no existe planificación urbana.
Es por ello que se produce la expulsión a los extramuros de las grandes urbes de la llamada vivienda social.
La vivienda no son metros cuadrados en superficie o en altura sin importar lo que ocurre en su entorno. Es un concepto mucho más amplio. La Vivienda son «las viviendas» en el Espacio Público.
Y cuando hablamos de espacios públicos estamos hablando de urbanismo.
Ello implica que las calles, los barrios, las villas, conjuntos habitacionales o poblaciones, las comunas y las ciudades deben -cada una en su propia escala- en primer lugar cumplir con las normas internacionalmente reconocidas en relación a habitantes por hectárea y metros cuadrados de áreas verdes por habitante. En segundo término, deben contar con los espacios de encuentro y esparcimiento que garanticen su sustentabilidad y la calidad de vida de quienes vivimos en ella, amables y a escala humana. En tercer término deben contar con las dotaciones de servicios públicos para cubrir sus necesidades, es decir: establecimientos educacionales, servicios de salud, teatros, bibliotecas, infraestructura deportiva, centros de abastecimiento, servicios de culto, financieros y previsionales. Por último deben contar con un sistema de transporte público rápido, seguro y eficiente para minimizar los tiempos de desplazamiento hacia y desde los lugares de trabajo. Todo lo anterior precisamente para poner al urbanismo al servicio del ser humano.
Es aquí donde la ciudadanía tiene un rol clave que jugar a través de la participación activa y vinculante de las juntas de vecinos, agrupaciones barriales, organizaciones territoriales y temáticas, las organizaciones funcionales, clubes de adulto mayor, de jóvenes y de mujeres en la formulación de los planes reguladores comunales, sus modificaciones y seccionales, y también en los planos metropolitanos y regionales, los que deben ser sancionados a través de plebiscitos comunales y a nivel regional cuando sea el caso.
Tenemos las capacidades para hacerlo, y el Estado debe garantizar el financiamiento de los especialistas y profesionales que representen a la ciudadanía en estas mesas de confluencia Estado – Privados -Municipios – Comunidad Organizada que sea vinculante a los Instrumentos de Planificación en los espacios comunales y regionales correspondientes.
Proponemos para ello las modificaciones correspondientes en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
En relación al crecimiento y densificación de las ciudades, el valor del suelo fuera del límite urbano es barato tanto para las Inmobiliarias como para el Estado. Si es al interior, las inmobiliarias o el Estado tendrían que vender a un precio fuera de toda realidad. Es por lo anterior que el Estado tiene que subsidiar esta diferencia de valor de la Vivienda al interior del límite Urbano. Hay que prever que dadas las necesidades principales de muchos postulantes a la Vivienda Social, muchos no podrán mantener esa situación de gastos y se verán inclinados a venderla. Es por tanto necesario pasar de Vivienda Social a «Vivienda de Familia Protegida» para que esta situación pueda ser manejada.
Esto está directamente relacionado con el grave problema que enfrentamos con lo barrios deteriorados. Ello implica una enorme tarea. Significa inversión del Estado en situación que llegue a permitir el cambio de habitar un Barrio deteriorado a habitar un Barrio Socialmente Habitable y pasa por la recuperación de Suelo ya urbanizado, el cambio de uso de suelo de barrios industriales y otros absolutamente abandonados o subutilizados y no por el aumento del radio urbano de las ciudades. Lo anterior, por cierto, sin crear hacinamientos humanos y respetando la planificación urbana al servicio de la sociedad.
*Moisés Scherman Filer, Comisión Programática de la Candidatura Presidencial de Jorge Arrate.
