Recuperar el estilo no requiere tiempo. Requiere decidirlo. Recuperar el tiempo perdido, ya no es posible. Efectivamente, se requiere una «nueva ley». Un concepto que en la forma y en su fondo, es absoluta y completamente distinto a tratar de parchar la existente una y otra vez…
Por Waldo López*
Hace exactamente una década atrás, en 1999, el Minvu ingresaba a trámite parlamentario su primer intento destinado a modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), pero no para democratizar y validar de frente a la ciudadanía lo que estaba proponiendo, sino que con un fin sectorial único y a todas luces hegemónico: «Lograr el control pleno del territorio nacional, urbano y rural».
Posteriormente, el año recién pasado, y por tercera vez, volvía a insistir en lo mismo a través de una renovada formulación encubierta, producto de aplicar los aprendizajes del tipo «ensayo y error» que le dejara su segundo tanteo, realizado durante la administración anterior, que tampoco prosperara. Fue retirada por el Ejecutivo justo el día antes de la entrega del Mando Presidencial.
Aquel segundo intento y su abrupto término, que prácticamente no fuera informado a la opinión pública, ocurrió así a pesar que por ese entonces había venido siendo profusamente promocionado como el súmmum de la «Reforma Urbana»; la cual, por aquellos días y como se recordará, era pregonada a toda voz hasta por el propio ministro del Ramo en persona, inclusive, en las regiones del país. Su coordinador oficial y actual Jefe de la División de Desarrollo Urbano, bien puede corroborarlo, a propósito de los aportes por US$ 7 millones que anunciaba invertir para elaborar Planes Regionales de Desarrollo Urbano.
Aparte de cual haya sido el fruto útil de dichos fondos, hoy día, 10 años después de aquel primer ensayo legal fallido, el Minvu todavía continúa sumido en sus mismos fines sectoriales y hegemónicos de entonces, convencido que sus artilugios de «comando y control» se lo permiten. En estricto rigor, aquellos que arma y desarma su División de Desarrollo Urbano (DDU).
Sin embargo, en dos palabras y hasta ahora mismo, esto solo significa que sus sucesivas arremetidas legales han sido «absolutamente inconvincentes». Como prueba contundente de ello, esta tercera vez y en primer lugar, procede destacar las razones de bien común, refrendadas por acuerdos internacionales suscritos por nuestro país, que le fueran explicadas en Carta Abierta a la Sra. Presidenta de la República por más de un cincuentena de organizaciones ciudadanas, cuyo tenor bien justifica y hace consecuente que esta iniciativa sea retirada del Senado.
En idéntico sentido, y como segundo conjunto de contundencias, se halla el cúmulo de objeciones de diversa índole como reaccionara una amplia gama de expertos y conocedores de estos temas, que denotan las innecesarias debilidades que esta iniciativa le trata de imponer a la ciudadanía. Tales críticas quedaron resumidas y sistematizadas en un seminario realizado en el propio Congreso Nacional, en Santiago, con el consecuente y necesario patrocinio senatorial, logrado por varios dirigentes de la sociedad civil. A mayor abundamiento y como tercer grupo de objeciones, procede destacar el valor técnico-político y antrópico-social de las observaciones formuladas por algunos organismos universitarios, por la Comisión de Urbanismo del Colegio de Arquitectos, y por determinados arquitectos-urbanistas de renombre. Incluso, la propia Cámara Chilena de la Construcción y los Colegios Profesionales de Ingeniería, Arquitectura y Construcción Civil, por intermedio del «Instituto de la Construcción», han dado a conocer un acucioso análisis crítico de este proyecto de ley, el cual incluye sus propias «indicaciones», destinadas a corregirlo casi por completo, desde afuera del parlamento.
Inexorablemente, si lo anterior ya es de suyo decidor para bien calibrar el caso, lo siguiente debería serlo aún más. Lo constituye la sin par forma de discusión técnico-política adoptada por la comisión senatorial respectiva, que optó por invitar a que el articulado propuesto fuese perfeccionado no-directamente por sus miembros titulares; sino que por una subcomisión extra-parlamentaria, conformada por «expertos» del Minvu y por un «asesor» de cada Senador que la integra. Por el Minvu y en tal calidad, participan el recién mencionado Coordinador Oficial de la Reforma Urbana y actual Jefe de la DDU, y una profesional abogada, bajo su mando. En el historial de desacuerdos y hechos destacables de este grupo ad-hoc, por su trascendencia política, es inevitable y corresponde tener que rescatar los dos siguientes: el hecho que a poco andar con su trabajo, una de las corrientes políticas representadas resolviera automarginarse; y el otro, que asoma como algo totalmente fuera del justo actuar, lo constituye el que actuando por sí y ante sí, esta subcomisión extra-parlamentaria haya incorporado a discusión un articulado diferente del que le fuera dado a conocer a la Sala, para documentar y votar la idea de legislar.
En el hecho, este curioso proceder significa que aquí, en el seno mismo de esta comisión senatorial, los citados «expertos» ministeriales y los «asesores» senatoriales que aún han permanecido en el grupo, han venido trabajando un articulado diferente de aquel cuya idea de legislar fuera conocido y votado por el total de los senadores. En aquel proyecto y por ejemplo, no se tocaba alterar el objeto de la Ley, en este otro, entrado a discusión por esta vía ad-hoc, sí se hace. Lo asombroso y como se sabe, esta segunda versión estaba preparada desde antes; pero si por alguna buena razón la DDU prefirió no acoplarla al Mensaje que efectivamente ingresó a trámite parlamentario, resulta muy sorprendente que la vuelva hacer aparecer en esta subcomisión.
Añádasele lo siguiente: Hace unos días, a este curioso historial se le ha venido a sumar un nuevo hecho notable: la referida profesional abogada y «experta» del Minvu en aquella subcomisión extra-parlamentaria, le ha respondido a un dirigente ciudadano interesado que sus actas son secretas, razón por la cual le deniega conocerlas. ¡Sin comentarios!
Que algo como todo esto ocurra en nuestro país, más allá de las ataduras políticas a que tal extraño proceder pueda ser achacado, sólo tiene que ver con una equivocada conducta corporativa de la DDU del Minvu; la cual, en mi opinión, enmascara su parcial y obsoleta forma de abordar el desarrollo urbano nacional. Actúa indisolublemente atada a la doctrina de la planificación central que predominó en los años 60 y 70 del siglo pasado, y continuamente estila no querer prescindir de actitudes hegemónicas, arbitrarias, y autorreferentes. Todo lo cual ciertamente que está muy lejos de representar siquiera un ápice del gobierno ciudadano prometido. No tiene nada que ver con el sentir democrático del común de la personas, y en substancial, para el debido servicio al país, lo concreto es que está muy lejos de aplicar la visión global y actualizada del especialista que está al día en estas artes. Es un enclave de poder, que necesita cambiar.
No de otro modo cada uno de todos nosotros debería entender este caso. Vale decir, los 10 años de tiempo real perdidos que lleva la actual DDU del Minvu, que no hace más que postergar inmerecidamente la urgencia de modernizar nuestra legislación urbana, en forma trasparente y participativa. Tal como por ejemplo y en nuestro propio idioma, por su focalización y contenidos temáticos, nos lo sugiere como plausible el «Proyecto de Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid«, publicado en 1994; nótese, cinco años antes que su primer intento frustrado, referido al comienzo.
Mucho antes, en España, ya se disponía de una trasparencia institucional, democrática y de cara a la opinión pública, que es diametralmente opuesta a la finalidad sectorial y hegemónica de «lograr el control pleno del territorio nacional, urbano y rural», que la DDU en Chile viene propiciando desde 1999,… y que dicho sea de paso, es algo que ya conquistó para todo el territorio de la Región Metropolitana de Santiago, hace unos años atrás, mediante uno de sus artilugios legales.
Recuperar el estilo no requiere tiempo. Requiere decidirlo. Recuperar el tiempo perdido, ya no es posible. Efectivamente, se requiere una «nueva ley». Un concepto que en la forma y en su fondo, es absoluta y completamente distinto a tratar de parchar la existente una y otra vez, y cuya materialización omite actuar de modo discrecional e inconsulto, ignorando informar y consultar a la opinión pública. Pero además, en el intertanto y para no caer en paradojas, se preocupa muy responsablemente por no distorsionar el manejo legal del ordenamiento territorial del país. Es decir, no aplica la ley vigente de modo arbitrario.
*Waldo López M, sociólogo Fundación Defendamos la Ciudad.
