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¿Quién podría estar en contra de superar la pobreza?

por 23 junio 2009

No es difícil, en primer lugar, concordar en que MIDEPLAN requiere -dada su relevancia en materia de coordinación de las políticas sociales- ser perfeccionado con nuevas funciones y atribuciones.

 

Por Cecilia Osorio*

Resulta un buen ejercicio ciudadano comenzar a recoger las propuestas de los candidatos presidenciales, y darle una vuelta más de lo que permite la lectura de sus programas o de los artículos de la prensa del día domingo. Por ejemplo, la reciente propuesta de Sebastián Piñera de reestructurar el actual Ministerio de Planificación y Desarrollo por un Ministerio de Desarrollo Social, cuyo objetivo principal será la superación de la pobreza. Considerando lo que se conoce de la propuesta, no es difícil, en primer lugar, concordar en que MIDEPLAN requiere -dada su relevancia en materia de coordinación de las políticas sociales- ser perfeccionado con nuevas funciones y atribuciones. No hay que olvidar que a fines de los '90 su existencia fue fuertemente cuestionada por el hoy candidato presidencial y en ese momento Presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Por lo tanto, ya ha estado bajo cuestionamiento, lo que en si mismo no es negativo dada la relevante función del organismo y la necesidad constante de mejorar las instituciones públicas. Considerando aquello, la propuesta del candidato Piñera presenta algunos aspectos interesantes, como poner mayor énfasis en la evaluación de las políticas y programas, en una suerte de contrapeso -parece sugerir- con la Dirección de Presupuestos, donde hoy radica dicha función.

Ahora bien, así como la idea de modificar el ministerio nos remonta a los '90, también lo hace la idea de que el objetivo central sea la superación de la pobreza. Difícilmente se puede manifestar desacuerdo ante la afirmación de que la superación de la pobreza constituye una tarea permanente y relevante para el Estado chileno. La intención de la pregunta apunta a relevar en el debate qué otros desafíos son todavía de mayor magnitud y complejidad y requieren atención de la acción pública. ¿Qué sucede con la desigualdad, los derechos sociales y la protección social,  por ejemplo?  Respecto a lo primero, sin duda es un problema de largo aliento en la sociedad chilena. La pobreza se ha disminuido a la mitad desde el '90 hasta hoy, pero la desigualdad se ha mantenido prácticamente intacta y el quintil superior se ha enriquecido más que los cuatro restantes. Al respecto, la complejidad está dada en gran parte porque para avanzar hacia una sociedad más equitativa se requiere de consensos sociales (un nuevo pacto social)  que avalen medidas intersectoriales y estructurales.

Por otro lado, la Protección Social constituye el desafío general, el gran marco de acción bajo el cual muchos Estados están centrando su actuar hoy. Profundos debates académicos y recomendaciones para la acción emergen de estudios de organismos internacionales, que ante la situación de las sociedades actuales, cambiantes y con un alto grado de inseguridad, implican para la vulnerabilidad de las personas. Ante Estados que se replegaron en ámbitos esenciales como la salud, educación y previsión social, la vulnerabilidad de los ciudadanos ante los riesgos es muy profunda. Asimismo, estos Estados debilitados enfrentan importantes dificultades para asegurar efectivamente el cumplimiento de los derechos sociales a sus ciudadanos. Por lo tanto, la superación de la pobreza sigue siendo, lamentablemente, uno de los desafíos principales para los Estados. No obstante, el marco de acción en que esta tarea se sitúa hoy es más amplia. Apunta no sólo a situar más personas por sobre aquella línea imaginaria de la pobreza, sino que apunta a una sociedad más equitativa y más protegida. En el caso chileno, los gobiernos de la Concertación han tomado medidas en ese sentido. No obstante, la dificultad de aquello es que para avanzar en este sentido se requiere más que programas sociales potentes o ministerios especializados. Se requiere, en otras palabras -y tal como lo han dicho otros colegas en estas mismas páginas- un acuerdo en función de otra forma de convivencia, una más adecuada al ideario de una sociedad justa, y no sólo una con más o menos personas en situación de pobreza.

*Cecilia Osorio es académica de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Alberto Hurtado. Master en Social Policy and Planning in Developing Countries, London School of Economics.

 

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