los agentes de gobierno no se plantean estas preguntas, no cuestionan el accionar del sector y menos su propio accionar. Más bien están dispuestos a apoyar el rescate de la industria y justificarlo con el argumento de conservar el empleo.
Por Flavia Liberona*
La industria de la salmonicultura pasó, en sólo 20 años, de tener una presencia marginal en el panorama productivo del país a ser protagonista de las exportaciones nacionales, un producto estrella comparable sólo con el cobre o los productos forestales, con un crecimiento anual sobre el 20%.
Casi tan vertiginoso como su ascenso ha sido su caída, pues de haber llegado a ser incluso el segundo productor de salmón a nivel mundial -a pesar de ser el salmón una especie introducida-, en los últimos dos años la siembra de salmones en Chile ha caído de manera vertiginosa, lo que tendrá como consecuencia una disminución de la producción en éste y los próximos años, especialmente de salmón del Atlántico. De acuerdo a cifras de la Subpesca, entre enero y abril últimos la producción fue de 235 mil toneladas, un 11% inferior a igual período del año pasado. Las proyecciones de SalmonChile, en tanto, señalan que la producción este año no superaría las 400 mil toneladas, muy por debajo de las 650 mil toneladas de 2008.
Las causas de este abrupto descenso en la producción radican precisamente en los malos usos y prácticas de la propia industria, especialmente en los ámbitos sanitario y ambiental. Las causas de esta crisis nada tienen que ver con la crisis financiera mundial o con la llegada de una epidemia inesperada; todo lo contrario, esta situación era predecible producto de las altas concentraciones de peces en balsas jaulas, la cercanía entre centros de cultivo y el uso intensivo de antibióticos y otros productos químicos, que han facilitado la rápida expansión de diversas enfermedades, especialmente el virus ISA, que ha diezmado las cosechas de peces. Actualmente tenemos una cantidad de problemas sanitarios y contaminación ambiental provocada por esta industria, tales como aguas contaminadas con agentes patógenos, gran cantidad de desechos sólidos y líquidos. Como consecuencia, la salmonicultura ha pasado de ser una exitosa industria a ser una carga para el Estado y el país, y dejó de ser un sector que genera empleo para producir desempleo.
Uno de los temas que más preocupa a los empresarios del sector es la reactivación de la industria y su alto nivel de endeudamiento, que en cifras globales alcanza a los US$ 2 mil millones. En la actualidad, las empresas se encuentran sumidas en un complejo proceso para intentar «salvarse» y renegociar esta deuda con la banca, e incluso algunas de las empresas y dirigentes del sector han llegado a solicitar la condonación de parte de esta deuda.
La pregunta que evidentemente surge ante esta disyuntiva, es por qué se llegó a este punto y, en especial, ¿dónde quedaron las cuantiosas ganancias que durante años acumuló el sector? ¿Por qué si esta industria era exitosa, tuvo un colapso tan violento?
Lamentablemente, los agentes de gobierno no se plantean estas preguntas, no cuestionan el accionar del sector y menos su propio accionar. Más bien están dispuestos a apoyar el rescate de la industria y justificarlo con el argumento de conservar el empleo. El alto nivel de cesantía que ha causado la crisis de la salmonicultura, que este año afectaría a más de 20 mil personas, ha llevado al gobierno a intentar contener la crisis. Lamentablemente, para ello han optado por no acoger cambios de fondo en materia sanitaria y ambiental y apoyar medidas paliativas, orientando fondos públicos a programas de empleo temporal. Pero la crisis del salmón es de largo plazo y el gobierno debería explicitar públicamente por cuánto tiempo estará dispuesto a generar programas de empleo en ayuda a los cesantes del sector. Los temas que se deben revisar en relación al empleo, condiciones laborales e impactos sociales de la salmonicultura en general, son cuestiones de fondo y para enfrentarlas no basta una mitigación temporal.
Lo mismo ocurre con la crisis financiera de la industria, que no puede ni debe ser asumida con el respaldo del patrimonio de todos los chilenos, estos es, con las concesiones acuícolas. Como parte de las modificaciones a la Ley de Pesca que discute actualmente el Senado, se propone autorizar a las empresas a que entreguen sus concesiones de mar en hipoteca para obtener créditos bancarios. De esta manera, se estaría consolidando un esquema en el que un bien de uso público, como son las aguas del borde costero del sur de Chile, podrían pasar a manos de entidades financieras en el caso del impago de los préstamos, y así generarse un mecanismo de especulación financiera sobre un bien que es de todos los chilenos y que ha sido entregado en concesión a privados. Esta disposición pasó sin obstáculos su trámite en la Cámara de Diputados y actualmente se discute en la Comisión de Pesca y Acuicultura del Senado. Sin embargo, como ya han advertido varios senadores, puede encontrar serias dificultades para ser aprobada, pues tanto este aspecto como otros del ámbito sanitario y ambiental resultan altamente cuestionables como políticas públicas que debieran velar por el resguardo de las personas, el medio ambiente y otras actividades económicas. Esperemos que el intenso trabajo de la Comisión del Senado, que está recibiendo la opinión de todos los sectores, tenga resultados positivos y podamos ver un verdadero mejoramiento de la legislación vigente.
*Flavia Liberona es Directora Ejecutiva, Fundación Terram.
