No estamos ante un error administrativo, como suele decirse, para justificar las prácticas indeseables, sino que tenemos fundadas sospechas que esos funcionarios del Estado actuaron irremediablemente de mala fe, quizás para congraciarse con el «jefe» o para no poner trabas burocráticas a los…
Por Patricio Herman*
En la comuna de Puchuncaví, V región, se encuentra el poblado de Campiche, lugar en donde la empresa AES Gener había empezado a construir una planta termoeléctrica a carbón porque la irresponsable Corema de Valparaíso, con el autoritario intendente Iván de la Maza a la cabeza, había calificado favorablemente ese proyecto en mayo de 2008. Se contemplaba una inversión de 500 millones de dólares y generaría 270 MW, pero no podemos perder de vista que el sector de emplazamiento del proyecto está saturado de material particulado PM10 y dióxido de azufre (SO2) desde el año 1993.
Todos los agentes públicos y actores privados involucrados en esa iniciativa sabían de antemano que los terrenos seleccionados para construir esa central energética estaban definidos como áreas verdes en el Plan Intercomunal de Valparaíso y también sabían que esa zona ya está afectada por altos niveles de toxicidad, pero igual aprobaron un acto administrativo ilegal, lo cual ya no es novedad en nuestro país. Tenemos una sesuda Constitución Política que pomposamente asegura a sus ciudadanos a vivir en un ambiente libre de contaminación, lo que es simple música celestial.
Está claro que las instituciones administrativas porteñas hicieron agua por falta de profesionalismo y rigurosidad en el momento de tramitar este proyecto y de paso le causaron un perjuicio económico a la empresa que querían favorecer con un permiso absolutamente chanta. Los miembros de esa imprudente Corema, funcionarios públicos de confianza del gobierno, nunca escucharon a la ciudadanía y sus livianos comportamientos deberían ser analizados en una instancia política de alto nivel ya que no podemos permitir tanta debilidad en la institucionalidad ambiental, la que hemos calificado con justa razón como de tramoya.
En este episodio no estamos ante un error administrativo, como suele decirse, para justificar las prácticas indeseables, sino que tenemos fundadas sospechas que esos funcionarios del Estado actuaron irremediablemente de mala fe, quizás para congraciarse con el «jefe» o para no poner trabas burocráticas a los proyectos de inversión que absorben mano de obra. También es posible que carezcan de los mínimos atributos técnicos para desempeñarse en funciones de jefaturas de servicios, secretarios regionales ministeriales y consejeros regionales.
La perturbada comunidad de Puchuncaví, gracias a su Consejo Ecológico, liderado por dos competentes abogados, supo defender sus derechos en los tribunales de justicia y finalmente la Corte Suprema, al constatar las ilegalidades cometidas por la Administración, puso las cosas en su justo lugar. En este hecho también le cabe una cuota de responsabilidad a la empresa AES Gener porque sus directivos debieron ser más acuciosos en el momento de tomar la decisión de emplazar su planta en un área verde. No pueden alegar ignorancia.
La anulación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en sede jurisdiccional con una sentencia unánime de sus cinco altos magistrados debe hacer recapacitar a quienes mandan en Chile, ya que los tiempos están cambiando y lo lógico sería que alguien de representación política presente su renuncia indeclinable en Valparaíso porque sería inaceptable un nuevo hecho de impunidad. Hay un presidente de la Corema y hay una directora ejecutiva de la CONAMA que le deben muchas explicaciones a la ciudadanía porteña y especialmente a nuestros compatriotas de Puchuncaví, ya que ambos son responsables del desaguisado, como también el Seremi de Vivienda y Urbanismo quien debía conocer en detalle el instrumento de planificación urbana intercomunal violado por esa RCA. Se irrespetó ante sus narices un uso de suelo y él no dijo nada.
En resumen, esa planta de energía nunca se debió haber autorizado en ese lugar, ya que las zonas saturadas deben ser tratadas con especial cuidado y para resguardar aquello están las personas investidas de autoridad. Ojalá la presidenta Bachelet, cuando llegue de su periplo por EE.UU. y México, imparta las instrucciones de rigor para que observemos un cambio conductual por parte de quienes toman decisiones en el aparato del Estado.
Finalmente nos preguntamos qué sucederá con el anunciado «silencio administrativo» que permitirá dar por aprobados los proyectos que se someten al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), tan pronto se hayan cumplido los cortos plazos contemplados en la Ley, si las autoridades no han dado respuesta.
*Patricio Herman, Fundación «Defendamos la Ciudad».
