El país es testigo de la postura dual de la derecha. Por un lado tiene a un candidato hablando a favor de la entrega de la píldora para captar votos con una lógica evidentemente electoral, mientras que la mayoría de sus diputados están en contra de la misma medida. Ello evidencia ausencia de…
Por Neftalí Carabantes*
El país conoció hace pocos días un dictamen emanado de la Contraloría por el cual se prohibió a los municipios y a los entes públicos o privados relacionados con el Sistema Nacional de Servicios de Salud, entregar la píldora del día después, ya sea en forma gratuita, a costo municipal o mediante cobro al usuario. Lo anterior, en virtud de un requerimiento efectuado ante el órgano contralor a efectos que éste determinara los alcances jurídicos del fallo del Tribunal Constitucional (TC), que en abril de 2008 prohibió la distribución del citado anticonceptivo en el sistema público, tras acoger la presentación interpuesta por 31 diputados de la Alianza que impugnaban la entrega del fármaco.
No cabe duda que la posibilidad de que un porcentaje de la población adquiera el fármaco en el sector privado, a diferencia de otro que no puede recibirlo en los servicios de salud públicos, profundiza la exclusión y la desigualdad. Cabe preguntarse entonces, ¿Por qué resulta censurable que una entidad pública entregue este método y no lo es su venta en el mercado? ¿O acaso el fármaco genera efectos distintos si se distribuye en forma privada que si se distribuye en forma gratuita y pública? ¿Será que la píldora que se vende en la farmacia es «anticonceptiva» y en cambio la que entregan gratuitamente las municipalidades es «abortiva»? Dentro de esta paradoja queda claro que estamos frente a un acto de discriminación, en desmedro de los sectores más vulnerables de la sociedad chilena.
En este sentido, los 31 parlamentarios de la oposición han ocupado diversos mecanismos para imponer sus preceptos ideológicos a 16 millones de chilenos y chilenas, sin importar lo que el grueso de la ciudadanía opine. La oposición debe comprender que en un año electoral, no es un buen síntoma de salud democrática padecer la «pandemia del oportunismo político», ni menos hacer «política a la carta». El país es testigo de la postura dual de la derecha. Por un lado tiene a un candidato hablando a favor de la entrega de la píldora para captar votos con una lógica evidentemente electoral, mientras que la mayoría de sus diputados están en contra de la misma medida. Ello evidencia ausencia de liderazgo y carencia de densidad programática.
Es insoslayable que Chile, a partir de la Constitución de 1925, posee un Estado laico, que garantiza, entre otras cosas, libertad de conciencia y libertad religiosa. Sin un Estado laico no hubiera sido posible el matrimonio civil o el divorcio, la libertad sexual, la de cátedra, la de enseñanza, la emancipación de la mujer, y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. En suma, nadie puede obligar al resto a profesar las creencias de uno, ni el Estado, ni sus instituciones, ni ningún otro poder, puede establecer categorías de riesgos, ni trazar los proyectos de vida de las personas, menos, interferir en la capacidad de elección de los individuos.
Quizás ha llegado el minuto de preguntarse si la autonomía reproductiva es o no un derecho de la mujer o de discutir a fondo la protección del que está por nacer. Bienvenido sea un debate de altura, en buena hora existe el Congreso. En el intertanto no es el momento de mirar para el lado, sino de actuar en consecuencia y nada impide que mientras se cumplen las normas, se intente democráticamente cambiarlas. Para ello, el gobierno se dispone a enviar a la brevedad un proyecto de ley que garantice la equidad en el acceso a «la píldora del día después» en el sistema de salud público. En consecuencia, nos asiste la convicción que la madurez de nuestra democracia no se condice con el hecho de que tengamos hoy suspendida la distribución de la píldora en la red pública y a muchas mujeres sin poder acceder a este método.
No es sano vivir un eterno dejá vu con materias que como sociedad zanjamos en los años 60 en el gobierno de Frei Montalva. Hemos recorrido un largo camino de progreso científico, de avances en materia de fertilidad. ¿Habrá llegado la hora de la involución, del conservadurismo y del retroceso? Evidentemente no. Este Gobierno no sabe de conformismos -sino de progresismos- y por ello seguiremos trabajando hasta el último día de nuestro mandato, ampliando derechos y libertades.
*Neftalí Carabantes es subsecretario general de gobierno.
