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¿Desarrollo Social o Segegob?

por 13 julio 2009

Argumentar que al eliminar la Segegob se acaba la propaganda del gobierno es una ingenuidad poco creíble. En cualquier administración se encontrarán mecanismos para el proselitismo y ocurriría lo mismo en un eventual mandato de Piñera.

Por Cristian Cabalín*

Dentro de los tibios programas de gobierno de los candidatos presidenciales, donde abundan las generalidades y apenas se esboza alguna iniciativa novedosa, la propuesta de Sebastián Piñera de reemplazar el ministerio Secretaría General de Gobierno por otro preocupado del Desarrollo Social es una de las más polémicas, no solo por los argumentos esgrimidos, sino también por lo que deja entrever un planteamiento de este tipo.

Para el candidato de la Alianza, suprimir la Segegob sería acabar con lo que él denomina "maquinaria de propaganda". Su juicio es una simplificación de las labores de esta repartición pública y no se ajusta a lo que efectivamente realiza o debería realizar. La Segegob articula las comunicaciones del gobierno, pero también tiene a su cargo la relación con las organizaciones sociales. Estas dos funciones son fundamentales si se quiere precisamente derrotar la pobreza. Porque la comunicación puede ser una poderosa herramienta para promover el cambio social.

Desde las últimas décadas del siglo XX se ha instalado una discusión conceptual en torno a la comunicación con desarrollo o para el desarrollo. Más allá de sus diferencias, ambas se relacionan con la incorporación de los países en los canales informativos y las nuevas tecnologías, acompañando los procesos de crecimiento económico. En los ‘90 se incorporó la dimensión comunicacional en los planes de Desarrollo Humano y hoy incluso algunos países reconocen el derecho a la comunicación, pues se debe garantizar la participación y expresión de los ciudadanos en las redes de interacción social y en los flujos comunicacionales.

En la campaña presidencial pasada que enfrentó a Piñera, Joaquín Lavín y Michelle Bachelet, la desigualdad social, expresada en la escandalosa distribución de los ingresos, se estableció como semántica compartida. No hubo debate ni actor político que no abordara este tema. Quizás de ese interés generalizado brotó la red de protección social del actual gobierno. La desigualdad se impuso por primera vez en una agenda pública, que tiende a omitir los temas que interpelan directamente a la manera de administrar el modelo económico.

Por eso, en plena crisis financiera y con la actual campaña presidencial a toda marcha, resulta curioso que ninguno de los candidatos retome la distribución de los ingresos como bandera de lucha. La distancia entre lo que recibe el 10% más rico de la población y el 10% más pobre es de 31,3 veces y Chile sigue estancado como el segundo país más desigual de Sudamérica, después de Brasil. Es decir, nada ha variado entre la pasada campaña presidencial y la actual. Pese a ello, ningún candidato hace un planteamiento serio para enfrentar este tema, que signifique cuestionar abiertamente el funcionamiento de los sistemas económicos y políticos, pues la desigualdad también se expresa en una injusta distribución del poder en la sociedad.

Para contrarrestar este silencio, emerge la preocupación por la pobreza, que evidentemente debe ser un tema de campaña y que está muy bien que así lo sea, pero no existe una real comprensión de los alcances de este fenómeno, ya que es reducido simplemente a su dimensión material (incapacidad para suplir las necesidades básicas), olvidando sus implicancias simbólicas.

Para combatir la desigualdad económica y política, no solamente se requiere incrementar los ingresos, los subsidios o las medidas asistencialistas, sino que también es fundamental fortalecer la sociedad civil, aumentar la participación ciudadana, promover la organización comunitaria y empoderar a los individuos y grupos sociales para que se involucren en el proceso de toma de decisiones.

La democracia ha sido incapaz de recomponer el tejido social mutilado por la dictadura de Augusto Pinochet. Por eso, reemplazar tan ligeramente a un organismo que -en teoría- debe velar por la promoción de una ciudadanía activa, por otro abocado al Desarrollo Social, es vincular la pobreza solo con la falta de ingresos monetarios, olvidando los aspectos sociológicos y culturales de este fenómeno. Además, argumentar que al eliminar la Segegob se acaba la propaganda del gobierno es una ingenuidad poco creíble. En cualquier administración se encontrarán mecanismos para el proselitismo y ocurriría lo mismo en un eventual mandato de Piñera.

Combatir la pobreza es una obligación del Estado y la sociedad, pero no por ello se deben poner en riesgo otras garantías fundamentales, como la organización social y comunitaria o el derecho a la comunicación. Es más, si la comunicación no se reduce a su expresión mediática y se concibe como una operación social fundamental en la sociedad moderna, se puede promover un trascendente cambio social para superar las desigualdades.

 

*Cristian Cabalin es periodista y Magíster en Antropología y Desarrollo. Académico del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI)  de la Universidad de Chile.

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