La perseguidora Nancy González fue multada con la mitad de su sueldo por única vez ($ 1 millón 200 mil ) y removida de la unidad de delitos económicos, sin duda una de las más importantes de la Fiscalía Centro Norte, luego de ofrecerle a un ex detective involucrado en una red de corrupción que modif
Por Jorge Molina Sanhueza*
La reciente sanción aplicada por el jefe del Ministerio Público Sabas Chahuán a una fiscal que presionó a un imputado para que cambiara de abogado defensor, es sin duda una señal ejemplificadora.
La perseguidora Nancy González fue multada con la mitad de su sueldo por única vez ($ 1 millón 200 mil ) y removida de la unidad de delitos económicos, sin duda una de las más importantes de la Fiscalía Centro Norte, luego de ofrecerle a un ex detective involucrado en una red de corrupción que modificaba alcoholemias y condenas, que no lo formalizaría por otro delito a cambio de que contratara una nueva defensa. La fiscal regional Sonia Rojas, analiza por estos días dónde reubicarla.
En lo que lleva funcionando la nueva justicia penal (junio de 2005, en Santiago) pocas veces se ha visto un castigo de esta magnitud, sanción que debe interpretarse como norma escrita para todos los fiscales del país, de que su misión es investigar y no emitir opiniones respecto a la calidad de los defensores -ya sean públicos o privados- ni menos intentar, por las razones que sean, que los indagados modifiquen un derecho constitucional como es elegir a su patrocinante.
Es común escuchar a los litigantes en materia penal que tramitan causas en el Centro de Justicia, las anomalías que se producen en las fiscalías respecto a los derechos de sus defendidos. Entre ellas destacan el uso abusivo del secreto de la indagatoria, demoras innecesarias para conocer la carpeta de investigación -lo que a su juicio les impide realizar una defensa efectiva- entre otras. Muchos fiscales se defienden señalando que su labor no es hacerle fácil el trabajo a la contraparte, pero que al mismo tiempo hay sobrecarga de trabajo para cumplir las expectativas del nuevo sistema.
En todo caso, no es primera vez que ocurre un hecho similar por el que González fue sancionada. El año pasado, en el marco del caso Registro Civil, donde se investigan las anomalías en una millonaria licitación para modernizar el sistema informático del servicio de identidades, el abogado Manuel Garrido, representante de Andrés Contardo, uno de los principales imputados, presentó un reclamo ante el Colegio de Abogados porque la Fiscal Alejandra Godoy, le habría “sugerido” a su defendido que contratara a otro defensor.
La entidad que agrupa a los juristas, acogió el amparo profesional de Garrido y emitió una dura crítica a este tipo de prácticas. La diferencia, es que este último no recurrió ante Chahuán.
En conversaciones que he sostenido en estos últimos días con perseguidores de distintas fiscalías, la sanción a González es materia obligada. Como en todo orden de cosas hay opiniones divididas, lo cierto es que quedó instalado un criterio común: desde ahora en adelante deberán cuidarse un poco más que antes de lo que hablan y aplicar “muy” apegados a la norma los derechos que le caben a los imputados, entre ellos, prestar declaración junto a su defensor, cuestión que no siempre se cumple.
Nancy González tuvo una carrera promisoria en el Ministerio Público. Llevó casos muy mediáticos como Publicam, relativo a facturas falsas, donde incluso se sospechó que dirigentes políticos las usaron para justificar gastos de campaña.
El dictamen de Chahuán se instala en este sentido como un nuevo marco y a la vez límite del comportamiento de los fiscales con los investigados y demuestra el criterio de transparencia que debe primar en estos funcionarios encargados de defender a las víctimas de delitos, sin pasar más allá de lo que les autoriza la ley.
* Jorge Molina Sanhueza es editor de Tribunales de El Mostrador
