Si hemos aprendido las dolorosas lecciones de nuestro pasado no sólo debemos rechazar la decisión del gobierno venezolano sino también sus expresiones de que «esta decisión forma parte de la lucha mediática, contra las mentiras de la burguesía y la oligarquía».
Por Jaime Naranjo*
La opinión pública nacional e internacional ha recibido con estupor la decisión del gobierno venezolano, presidido por Hugo Chávez, de cerrar treinta y cuatro emisoras radiales por supuestamente «incumplir las leyes».
A esto hay que agregar la preparación de un Proyecto de Ley que, entre otras cosas, establece la posibilidad de sancionar hasta con cuatro años de cárcel lo que el Ministerio Público o un juez califiquen como «delito mediático»; proyecto que no cabe duda será aprobado por la Asamblea Nacional, ya que el Presidente Chávez tiene mayoría en dicho cuerpo legislativo.
En estos días ya se han alzado las voces de diversos organismos internacionales de Derechos Humanos que ven en esa iniciativa un grave peligro para la libertad de expresión en dicho país.
Es así como Frank La Rue, relator especial de la ONU para la libertad de expresión, señaló que «este tipo de normativa sólo tienen cabida en regímenes en los que prima el fundamentalismo político o religioso».
Por su parte el Comité Internacional Para la Protección de Periodistas expresó que «este (proyecto) es el mayor retroceso en materia de libertad de expresión desde la restauración de la democracia en América Latina».
Del mismo modo el Director Para Las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señaló que el proyecto es «una receta para la censura… estamos frente al ataque más frontal a la libertad de expresión en Venezuela desde que Chávez asumió el poder».
No es primera vez que el gobierno venezolano incurre en el cierre de medios de prensa que no se someten a sus dictados; para esto sólo basta recordar la caducación de la concesión del Canal «Radio Caracas Televisión» unos años atrás, medida que fue condenada por este Honorable Senado.
Pero lo que es más grave, hoy estamos en presencia de una política sistemática destinada a silenciar la voz de la oposición, hecho ante el cual ninguna persona consecuentemente democrática puede permanecer callada.
La libertad de expresión es un derecho que fue concebido por primera vez durante el periodo de la «Ilustración» por filósofos como Mostesquieu, Voltaire y Rousseau e integrado como parte de las ideas fundamentales de la Revolución Francesa y de la independencia Americana.
Para ellos la libertad de expresión era el principal medio para la difusión libre de las ideas, en el entendido además que el disenso fomenta el avance de las ciencias, las artes y una auténtica participación política.
En el caso de nuestro país, desde nuestros orígenes como nación la libertad de expresión se encuentra reconocida, a través de una de las formas que esta reviste, la libertad de prensa.
Es así, como por Decreto la Junta de Gobierno el 13 de julio de 1813 proclamó la entera y absoluta «Libertad de Prensa» porque «el hombre tiene derecho a examinar cuantos objetos estén a su alcance». Situación que fue reconocida en las diversas constituciones que ha tenido Chile, y cuya excepción más grave ocurrió durante la dictadura de Pinochet.
Es tal la importancia de la libertad de expresión, que la comunidad internacional la ha reconocido como un Derecho Humano fundamental.
Por tal razón, la «Declaración Universal de los Derechos Humanos» de 1948 en su artículo N° 19 señala que «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».
En el caso de nuestro continente, esta declaración se encuentra además contenida en la «Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica de 1969», cuyo artículo 13 señala: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección o gusto».
Por lo cual Chile, como la inmensa mayoría de los países democráticos reconoce este derecho como una garantía fundamental, amparándolo Constitucionalmente en su artículo 19 N° 12, y protegiéndolo mediante un recurso extraordinario.
Los Derechos Humanos son supranacionales y solidarios entre sí, por lo que su defensa y promoción no tienen fronteras, motivo por el cual expresar nuestra condena y preocupación a las últimas medidas desarrolladas por el gobierno venezolano destinadas a limitar las libertades de expresión y prensa, no pueden ser entendidas como una intromisión en «asuntos internos» de otro país. Más aún cuando Venezuela ha suscrito tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los Estados firmantes de estos y otros pactos internacionales de Derechos Humanos tienen no sólo la obligación de respetar todo lo que han suscrito, adecuando sus legislaciones internas, sino también de alzar sus voces cuando ven que estos no son respetados en otros países, como es el caso de la libertad de prensa en Venezuela.
Algunos, como otras veces, criticaran mis expresiones, señalando que un socialista no puede condenar las acciones del Presidente Chávez, ya que el encabezaría un gobierno progresista y socialista.
A ellos les digo, que si hemos aprendido las dolorosas lecciones de nuestro pasado no sólo debemos rechazar la decisión del gobierno venezolano sino también sus expresiones de que «esta decisión forma parte de la lucha mediática, contra las mentiras de la burguesía y la oligarquía».
Que en democracia la única forma de enfrentar a la oposición es a través del libre debate de las ideas, sin restricción.
Que cualquier otra forma, es amparar el totalitarismo sea este de izquierda, de derecha o religioso.
Que quienes nos consideramos demócratas, nunca más podemos aceptar un «doble discurso» como sucedió durante la denominada «Guerra Fría» cuando la izquierda denunciaba las restricciones de la libertad de expresión y de prensa que ocurrían en las dictaduras militares de derecha y callaba cuando esto sucedía en los socialismos reales. Situación que la derecha repetía pero al revés: denunciaba lo que ocurría en los «socialismos reales» pero callaba lo que sucedía en las dictaduras militares de derecha.
Por tal motivo, quiero expresar mi más enérgica condena por el cierre de treinta y cuatro radios emisoras venezolanas, ya que considero que esta medida implica un nuevo y grave atentado a las libertades de expresión y de prensa en dicho país.
Además quiero señalar mi preocupación por lo contenidos del nuevo Proyecto de Ley sobre libertad de expresión y prensa que será debatido por la Asamblea Nacional Venezolana, ya que de acuerdo con diversas organizaciones internacionales de Derechos Humanos su aprobación implicaría un grave retroceso en esta materia.
*Jaime Naranjo es senador PS.
