A través del tiempo se desmembraron sigilosa y paulatinamente eliminándose incontables áreas verdes públicas para dar paso a lucrativos negocios inmobiliarios, sin que a la fecha ninguna autoridad se haya propuesto investigar lo sucedido.
Patricio Herman*
En la columna «Por una Remodelación San Borja Transparente», publicada el día 27 de Mayo de 2009 en el diario La Nación, dimos a conocer una serie de situaciones anómalas que han estado ocurriendo desde hace 33 años en el conjunto que comprende 18 torres habitacionales, ejecutado por la ex Corporación de Mejoramiento Urbano (Cormu) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, localizado en el perímetro conformado por la Av. Bernardo O´Higgins, Vicuña Mackenna, Diagonal Paraguay, Portugal, Santa Victoria y Lira. Tal fue el interés mundial que despertó este proyecto urbano que Francia le donó al gobierno de Chile la planta de agua potable, la que pertenece, con el nombre de Cossbo, a todos los propietarios de departamentos de dicha Remodelación.
Sin embargo, tal como expresáramos en la aludida columna de prensa, existen antiguos problemas no resueltos relacionados con el dominio de los predios adyacentes a las torres habitacionales. En los inicios de la Remodelación, estos terrenos estaban considerados como predios colectivos al servicio de la misma, y cuya propiedad conservaría el Estado como garante de que se materializarían en ellos las obras de esparcimiento prometidas como parte de los beneficios de que gozarían sus residentes. Pero no sólo nada de ello se hizo, sino que a través del tiempo se desmembraron sigilosa y paulatinamente eliminándose incontables áreas verdes públicas para dar paso a lucrativos negocios inmobiliarios, sin que a la fecha ninguna autoridad se haya propuesto investigar lo sucedido.
En todo caso, está claro que estamos ante hechos ilegales consumados, por los cuales sería iluso esperar que algún responsable sectorial remueva la borra. Una parte de esta luctuosa historia está reflejada oficialmente en ORD. N° 737 de noviembre de 1976, suscrito por Carlos Granifo, quien fuera ministro de Vivienda y Urbanismo a la sazón, y corroborada posteriormente en enero de 1997, por el alcalde de Santiago de la época, Jaime Ravinet, documentos que están archivados en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santiago.
El caso es que, aunque el lector no lo crea, los terrenos lindantes a las 18 torres no les han sido todavía entregados en propiedad a las respectivas comunidades, a pesar de los innúmeros intentos emprendidos por los vecinos para regularizar tal menoscabo. El Serviu, continuador de la Cormu, se los transfirió a Bienes Nacionales, y este dadivoso ministerio se los regaló a su vez a la Municipalidad de Santiago, motivo por el cual evocamos la decisión nunca cumplida de Jaime Ravinet, en orden a traspasar esos terrenos a sus naturales y legítimos dueños.
Hace 12 años ese alcalde demócrata cristiano instruyó al director del Serviu Metropolitano en los siguientes términos : «………….la decisión tomada en noviembre de 1993 por la ex Directora señora Laura Gómez, sea cumplida y que finalmente los co-propietarios de estas torres puedan contar en definitiva como parte de su patrimonio los referidos terrenos aledaños». Esa Directora del Serviu Metropolitano había manifestado el 2 de Noviembre de 1993 que: «Estamos de acuerdo en resolver sobre los terrenos aledaños, transfiriéndoselos a título gratuito a las comunidades de co-propietarios, trámite a efectuarse a través del Ministerio de Bienes Nacionales». Pero, a pesar de lo explícitas que eran esas instrucciones, a esta fecha -agosto de 2009- todavía son meros papeles oficiales carentes de efecto alguno.
Traemos a colación estos hechos porque ahora hemos tomado conocimiento que se encuentra en marcha un polémico anteproyecto de estacionamientos subterráneos, a licitarse vía concesión por la Municipalidad de Santiago, bajo la Av. Portugal, entre la Alameda Bernardo O´Higgins y la calle Diagonal Paraguay, obra pública destinada a terceros usuarios ajenos a dicha urbanización. Esta intervención vendría a distorsionar aún más el modelo de proyecto urbano que se prometió desde los inicios a los habitantes de la Remodelación San Borja, por lo cual el rechazo ciudadano a este anteproyecto de estacionamientos es más que justificado.
A propósito de lo anterior, reflotó una ocupación fáctica del tramo de la calle Marcoleta entre las arterias Jaime Eyzaguirre y Barón Pierre de Coubertin, que desde 1975 a la fecha, tiene por protagonista a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile según acusación que formula la Municipalidad de Santiago, y que naturalmente rechaza esa casa de estudios superiores, litigio actualmente radicado en los tribunales de justicia, pero con la necesaria reserva por tratarse de actores tan relevantes de nuestra pulcra institucionalidad.
Algunos conocedores de los hechos relatados sostienen, que para esquivar el litigio en curso, que además daría lugar a investigar otros incómodos hechos relacionados con la misma calle Marcoleta y con otra universidad, se procedió a la hora de diseñar los accesos para el estacionamiento de una manera sagaz. Y así, en lugar de utilizar la superficie ocupada de la calle Marcoleta hacia el oriente como vialidad natural de conexión, se consideró pasar por debajo de ella, con lo cual esa casa de estudios superiores continuaría disponiendo del terreno colindante con el Parque San Borja, que reclama la municipalidad. Pero más aún, en atención a la demora que conlleva la resolución judicial de este tipo de contiendas, debemos situarnos en el escenario de un eventual fallo judicial favorable para la Universidad de Chile, con lo cual su Facultad de Arquitectura y Urbanismo estaría en condiciones de exigir a la municipalidad el cobro correspondiente a una servidumbre de paso por el subsuelo ocupado por el estacionamiento.
Así las cosas, los vecinos se organizaron inicialmente en un referente cívico que formuló planteamientos por escrito y verbales al alcalde Zalaquett respecto de sus intereses, teniéndose en cuenta que la mayoría se opone decididamente al anteproyecto en cuestión, aunque le reconocen al municipio la facultad que tiene para proponer esa obra civil. En tal sentido consideramos necesario que los vecinos de la Remodelación San Borja tengan muy presente, a efecto de hacer valer oportunamente sus derechos y exigencias, que tal anteproyecto debe ceñirse al cumplimiento de los siguientes trámites:
1.- El Seremi de Vivienda y Urbanismo debe emitir un informe favorable para que se concesionen los usos de los subsuelos de las calles mencionadas, en sus condiciones de bienes nacionales de uso público. Cabe preguntarse si esta autoridad tiene conocimiento de lo que acontece en los tribunales respecto del mencionado tramo de la calle Marcoleta.
2.- Se debe llevar a cabo un proceso unitario de participación ciudadana adelantada con todos los vecinos y contribuyentes que residen en las 18 torres de la Remodelación San Borja y con todos los actores privados que desarrollan allí sus actividades mercantiles. Tomando como ejemplo la convocatoria a plebiscito que hicieron los ciudadanos de la comuna de Vitacura, con lo cual la comunidad expresó en las urnas su parecer contrario a un proyecto municipal que modificaba las reglas del juego urbanísticos, este ejercicio democrático se podría replicar. En todo caso esta fórmula se debería concretar en el 2010, ya que en el año en curso no es posible por la elección presidencial. Con o sin plebiscito, lo importante es que sean los vecinos, mandantes del alcalde, quienes resuelvan sobre esta materia de interés público.
3.- La municipalidad debe suministrar a los licitantes de la concesión en el futuro proceso de asignación del proyecto toda la documentación entregada oportunamente al alcalde por los ciudadanos que residen y trabajan en el sector. Ello, con el sano y transparente propósito de que en las ofertas económicas de los proponentes se contemplen las legítimas demandas ciudadanas.
4.- Para dar cumplimiento al artículo N° 22, de la ley N° 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, este proyecto deberá ser evaluado socialmente por los profesionales de Mideplan, y al respecto, será necesario que este análisis considere absolutamente todas las externalidades negativas del mismo, para lo cual los vecinos serán quienes deben plantear sus afectaciones, sobre todo en el período de la construcción. La valoración de las compensaciones económicas por las interrupciones de las actividades comerciales de algunos actores deben ser demostrables.
5.- Someter el proyecto municipal al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), bajo la modalidad de «Estudio», tal como lo señala el artículo N° 11 de esta ley, con lo cual, en la tramitación del mismo en la CONAMA, todos los vecinos interesados podrán formular sus observaciones. Debemos tener presente que para dar cumplimiento al artículo 8 de esta ley, las obras del futuro estacionamiento, si es que llegara a contar con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, no se pueden iniciar antes de que la Corema lo resuelva y, por lo tanto, emita el acto administrativo respectivo.
Conversando con los vecinos, nos hemos impuesto que se han reorganizado masivamente con miras a robustecer sus legítimas demandas y para exigir que el proceso del anteproyecto de estacionamiento se enmarque rigurosamente en la reglamentación vigente. Las distintas comunidades de las 18 torres están realizando gestiones a nivel de los correspondientes Comités de Administración para reactivar el “Comité de Adelanto de la Remodelación San Borja”, el que cuenta con la respectiva personalidad jurídica. Con este Comité operativo la municipalidad tendrá una debida y unitaria contraparte ciudadana, lo cual garantizará mejores decisiones para todos.
Es de esperar que en el transcurso de los próximos meses veamos avances concretos para que la Remodelación San Borja recupere su impronta y así la observemos como siempre debió haber sido si se hubiese respetado su proyecto original. En relación al anteproyecto de estacionamiento subterráneo, todo dependerá de lo que digan los ciudadanos que habitan ese territorio urbano tan descuidado por las diversas autoridades locales. Pero nunca es tarde para recapacitar y por ello estimamos que si el alcalde Zalaquett inicia un plan de mejoras sustanciales en el sector, en un tiempo más los vecinos hasta podrían dar su consentimiento al estacionamiento concesionado.
Lo que realmente vale es el bien colectivo del barrio, y en esta línea, con el apoyo de los diputados Cardemil (RN) y Harboe (PPD) y de todos los concejales de esa municipalidad, esperamos que prime la cordura.
*Patricio Herman, Fundación “Defendamos la Ciudad”.
