Se trata ni más ni menos que de eso: la muerte. La muerte de un chileno a manos de otro chileno, presuntamente funcionario policial. De comprobarse los hechos, no podemos sino exigir las máximas sanciones en lo procedimental, pero también en lo argumental ¿qué criterio de seguridad sugiere…
Danae Mlynarz*
Cuando ocurren situaciones de violencia, el asombro y la preocupación de la opinión pública están relacionados con la «cercanía» que existe entre las víctimas de la violencia y la cultura dominante. En forma simple: si el daño se produjo a alguno de «los míos» la cobertura mediática y la sanción social será mucho mayor que en el caso en que la víctima corresponde a un «otro» lejano, anónimo e irreconocible como un igual.
La distancia cultural que existe entre el pueblo mapuche y los dueños de los medios de prensa, los terratenientes del sur o los simples transeúntes de la metrópoli capitalina, es tal que permite comprender porque, pese a que la escalada de violencia ha persistido, sólo adquiere relevancia y cobertura mediática cuando las víctimas corresponden a elementos significativos al interior de la cultura dominante: cuando se dañan bienes de alguien que tiene nombre y apellido, cuando se arremete contra un bus interurbano en el que viajan pasajeros comunes y corrientes -parecidos a mi que veo la televisión, leo los diarios y a veces también viajo en bus-, es decir cuando las víctimas son «gente como uno». En cambio, cuando las víctimas son comuneros mapuches, se sobrepone a la categoría de persona humana -que permite reconocer al otro como un semejante- la categoría de «mapuche», «comunero», «encapuchado» y/o «violentista», todas categorías constituyentes de una otredad distante que alimentada por el prejuicio «deshumanizan» y convierten a este ser en un enemigo irreconocible y por tanto, inmerecedor de empatía o compasión.
No obstante entender el fenómeno, cuando pretendemos vivir en un país multicultural donde los derechos fundamentales están garantizados y se ha avanzado enormemente en programas de protección social, no podemos guardar silencio ni perder la capacidad de asombro frente a la muerte. Se trata ni más ni menos que de eso: la muerte. La muerte de un chileno a manos de otro chileno, presuntamente funcionario policial. De comprobarse los hechos, no podemos sino exigir las máximas sanciones en lo procedimental, pero también en lo argumental ¿qué criterio de seguridad sugiere responder con una fuerza tan desmedida que culmina con la muerte? Probablemente muchas personas compartirán la pregunta y el interés en el esclarecimiento de los hechos, sin embargo esta reflexión apunta más allá, quiere invitarnos a visibilizar que aún cuando existan diferencias culturales y de intereses, el Estado tiene el deber de proteger a las personas incluso del propio Estado y para ello es indispensable la pronta creación de la Defensoría de las Personas en Chile.
*Danae Mlynarz es asistente social. Actualmente es presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas.
