Se trata de la expresión más evidente de la creciente militarización del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, causada por una política indiscriminada de agresión y hostigamiento contra las comunidades indígenas, que se arrastra desde hace varios años.
Álvaro Ramis*
Los brutales procedimientos policiales realizados el día miércoles 12 de agosto en la zona de Collipulli, que causaron la injustificable muerte de Jaime Facundo Mendoza Collio a manos de un efectivo de carabineros, no constituyen hechos aislados ni accidentales. Se trata de la expresión más evidente de la creciente militarización del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, causada por una política indiscriminada de agresión y hostigamiento contra las comunidades indígenas, que se arrastra desde hace varios años.
No es extraño que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas exija, en estos mismos días, al gobierno chileno que explicite los criterios que maneja respecto a la aplicación de la Ley Antiterrorista a actos reivindicativos de los pueblos indígenas, situación que a la fecha el gobierno ha sido incapaz de clarificar.
Ya el relator del CERD para el examen del informe de Chile, Alexei S. Avtonomov, había señalado que los informes del gobierno chileno y el de las organizaciones no gubernamentales eran ampliamente contradictorios en su evaluación de la situación de las comunidades indígenas en el país. Y desde el punto de vista de las ONGs, enfrentamos un proceso de grave criminalización de las protestas sociales.
Un ejemplo de lo anterior es la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que establece responsabilidades civiles para los convocantes a manifestaciones públicas, en el marco de la llamada Agenda Corta de Seguridad Ciudadana. Las organizaciones de la sociedad civil iniciaremos una serie de manifestaciones en contra de esta ley, denunciaremos a los parlamentarios que la aprobaron y demandaremos su rechazo a nivel internacional, ya que su contenido contraviene las disposiciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Es el momento para que las autoridades políticas, tanto en el Ministerio del Interior, el Parlamento y los candidatos presidenciales, reflexionen sobre el curso de las políticas de control social que se está implementando y que poseen impredecibles consecuencias.
*Álvaro Ramis es Presidente Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN.
