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¿Salir de la pobreza o redistribuir la riqueza?

por 26 agosto 2009

La pobreza no sólo se debe a la falta de riqueza estatal para proveer ayuda; está directamente asociada al aprovechamiento desigual del crecimiento económico, que se concentra en una pequeña minoría privilegiada que no enfrenta responsabilidades legales que realmente le hagan compartir los frutos...

Por Diego López*

La reciente propuesta de Piñera de dar un bono de $40 mil  si sale elegido es una excelente oportunidad para discutir la protección social que necesitamos. Más allá de que sea un ofertón populista que se suma a la irreal propuesta de crear un millón de empleos en cuatro años, exige definir claramente qué es una verdadera protección social.

En Chile, la protección social ha consistido hasta ahora en el otorgamiento público de subsidios focalizados, orientados a combatir la pobreza más evidente, y la provisión de servicios esenciales a la mayoría de la población (salud, educación y vivienda) con una buena cobertura pero una deficiente calidad. Ello se ha llevado a cabo sin un financiamiento solidario: no se ha decidido una verdadera redistribución de las cargas sociales ni un financiamiento progresivo. Los defensores de esta política de protección social afirman que al reconocer derechos, se trata de una seguridad efectiva para las personas. Pero no basta con que existan derechos a prestaciones sociales; se debe observar con cuidado si además de acceso garantizan calidad y si su financiamiento es solidario.

En realidad, esta modalidad de protección social es una versión muy débil de un sistema de garantías para la prosperidad de las personas: su objetivo es combatir la pobreza y no las desigualdades y no se orienta a que sean los más ricos quienes aporten proporcionalmente más a la provisión de bienes públicos. Según la conocida distinción entre diversos tipos de Estado de bienestar (Esping-Andersen, Gosta, 1990: The three words of welfare capitalism. Cambridge: Polity Press), es una versión liberal del mismo: no se trata de reducir las desigualdades sociales que determinan accesos diferenciados a la prosperidad, ni de compartir solidariamente los costos del bienestar, sino promover que las mayorías entren al mercado a ejercer como puedan su libertad individual.

En efecto, privilegiar el otorgamiento de subsidios públicos y no la corrección de las inequidades significa renunciar a distribuir el crecimiento económico entre quienes colaboran a producirlo y, en cambio, sólo una pequeña parte de la riqueza que se obtiene se destina a apoyar a los más pobres. En realidad, contar sólo con subsidios para aliviar la pobreza significa resignarse a la desigual distribución de ingresos que efectúa el mercado y la ayuda estatal opera como un aliciente para que los individuos se adapten a las condiciones que ofrece el mercado, por injustas y perjudiciales que ellas sean

¿Son realmente redistributivos los subsidios y bonos de financiamiento públicos propios de este nuevo sistema de protección social? La envergadura real de las transferencias que operan mediante las políticas públicas para enfrentar la pobreza y garantizar acceso mayoritario a bienes y servicios esenciales, depende directamente de la estructura tributaria que exista: impuestos regresivos y universales suponen que todos los consumidores financian por igual los beneficios sociales. Entre los años 2000 y 2007, el impuesto al valor agregado (IVA) constituyó en promedio el 48% del total de ingresos tributarios de cada año, mientras que el impuesto a la renta (que graba las rentas de capital y del trabajo) alcanzó en promedio sólo el 28% del total de ingresos tributarios de cada año. (www.sii.cl) En realidad, son los propios beneficiarios de la política de protección social quienes contribuyen mayormente a financiarlas.

Las políticas públicas pueden hacer mucho por las personas, pero el reconocimiento de derechos es mucho más que sólo fijar responsabilidades al Estado para que no deje de suministrar ayuda social a quienes la necesiten. Sin derechos que corrijan el mercado, la ayuda estatal termina siendo un subsidio a la falta de responsabilidades legales en él.

 La protección social más efectiva es conseguir prosperidad en el mercado: dejar de ser pobre es una invitación a ir al mercado. Pero no es suficiente otorgar subsidios y bonos personales y familiares para que las personas se ganen la vida en el mercado. La mayoría de los expertos en políticas públicas tratan de convencernos que lo único que puede hacerse para eso es mejorar la calidad de la educación, para que la productividad del trabajo mejore en el futuro. ¿Pero cuánto tiempo tomará eso? ¿Cómo se distribuirá la riqueza durante la larga transición a un mercado más meritocrático? ¿Qué opción queda para los que ya no tuvieron una educción aceptable? ¿Será mejor el mercado del futuro sólo con un mayor nivel de formación de las personas? ¿Qué pasa con la concentración de poder económico? ¿Quién debe hacerse cargo de los costos sociales del mercado? En realidad, aceptar ahora los resultados del mercado es aceptarlos para siempre. Si se cree que no son necesarias correcciones ahora, no lo serán nunca.

Ahora sabemos que la provisión de bonos como principal instrumento de protección social no se diferencia sustantivamente de quienes, como Piñera, consideran que basta promover la entrada al mercado, sin importar que en él la mayoría de las personas no logre verdadera prosperidad y se vea obligada a aceptar trabajos mal remunerados, inestables e inseguros.

Reducir la pobreza es distinto a enfrentar las desigualdades. No es lo mismo aceptar que el Estado provea ayuda a quienes nada o sólo muy poco tienen que ofrecer al mercado, que aceptar la vigencia de derechos que operan a favor de quienes concurren al mercado en posición de debilidad o desigualdad, corrigiendo las transacciones entre privados. No puede derrotarse realmente la pobreza sin derechos para las personas en el mercado, como los derechos laborales o los derechos de los consumidores. No se puede garantizar bienestar y prosperidad a las personas sin derechos que redistribuyan la riqueza.

El mercado ni asigna recursos ni distribuye la riqueza de una forma justa. Son las reglas que lo regulan las que instituyen la forma en que las personas logran prosperar en él. Los derechos de las personas en el mercado sí son redistributivos, porque garantizan que todos los involucrados en la creación de riqueza obtengan beneficios aceptables: no como destinatarios de beneficencia pública sino como partes involucradas en el crecimiento económico. Un verdadero sistema de protección requiere responsabilidades compartidas entre los actores del mercado y no sólo ingenierías eficientes de recaudación y gasto de recursos públicos. Los derechos de las personas en el mercado garantizan una vinculación responsable entre la ganancia de las empresas y el mejoramiento del bienestar social.

La contrapartida social del crecimiento económico no se limita a eliminar, por la vía de pago de subsidios y bonos estatales, la pobreza más evidente. La concentración de poder económico protagonizado por grandes empresas, que imponen condiciones incontrarrestables a sus proveedores, clientes y trabajadores, sólo se resuelve con regulaciones legales que corrijan las inequidades en el mercado y redistribuyan los beneficios. En realidad, la pobreza no sólo se debe a la falta de riqueza estatal para proveer ayuda; está directamente asociada al aprovechamiento desigual del crecimiento económico, que se concentra en una pequeña minoría privilegiada que no enfrenta responsabilidades legales que realmente le hagan compartir los frutos del esfuerzo de todos.

*Diego López es abogado, académico de la Universidad Alberto Hurtado.

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