Muchas veces, el asistencialismo va acompañado de clientelismo y populismo, lo que no impacta en una mejoría real de la situación de las personas en condición de pobreza o vulnerabilidad, sino que más bien acrecienta su posición de desventaja.
Por Cristian Cabalin*
El candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, prometió la entrega en marzo de 2010 de un bono de 40 mil pesos si es electo Presidente. Desde la Concertación, algunos dirigentes lo acusaron de cohecho, pero Piñera se defendió, utilizando un discurso contradictorio. Dijo que con esto pretende seguir con la «política social» que se ha implementado actualmente, como si su gobierno fuera continuidad de la administración de Michelle Bachelet. Más allá de esta incongruencia, lo preocupante es asimilar la entrega de dinero con una política pública de intervención social, pues con esta premisa se asume que el asistencialismo es una respuesta posible para resolver los problemas de los sectores más vulnerables.
Muchas veces, el asistencialismo va acompañado de clientelismo y populismo, lo que no impacta en una mejoría real de la situación de las personas en condición de pobreza o vulnerabilidad, sino que más bien acrecienta su posición de desventaja. La desigualdad social es también una expresión de una injusta distribución del poder en la sociedad, donde quienes tienen mayores posibilidades de desarrollo incrementan su influencia y capital cultural, asegurando sus privilegios. Por eso, no se requiere sólo de la entrega de un bono, sino también de una política pública capaz de derribar barreras perennes de inequidad. Y, justamente, aún Sebastián Piñera y ninguno de los otros candidatos han realizado este anuncio con suficiente claridad.
Durante mucho tiempo, los pobres fueron invisibilizados y el asistencialismo era disfrazado de solidaridad, mientras operaba el control social y el aseguramiento del orden interno. Los pobres eran vistos como desposeídos de todos los derechos, por lo tanto, ciudadanos incompletos, incapaces de establecer lógicas de acción y estrategias de superación. Por suerte, esa mirada está siendo desplazada y hoy las demandas sociales entraron en el camino de la institucionalidad y la discusión pública, pero la relación de los sectores más vulnerables con el Estado sigue siendo de absoluta subordinación.
Desde la recuperación de la democracia en 1990, las políticas públicas destinadas a la superación de la pobreza se han caracterizado, en gran medida, en una intervención focalizada, pero tenuemente han dado paso a una política integral, para que los sectores más pobres se integren al desarrollo. Sin embargo, algunas consideraciones no han sido del todo abordadas, como la necesidad de aumentar la participación ciudadana de los habitantes de los sectores populares y el impacto del narcotráfico en las relaciones comunitarias de los barrios pobres urbanos.
Por lo tanto, combatir la pobreza no es solamente aumentar la capacidad adquisitiva de las personas, para que con esto logren superar la línea de ingresos que los sitúa en esa condición, es además abrir mayores espacios de representación de sus demandas y establecer relaciones de poder más simétricas al interior de la sociedad. Es decir, se trata también de aumentar la cohesión social y las posibilidades de integración de todas las personas. Es, en definitiva, una manera de atacar la exclusión. Por eso, con las 40 lucas de Piñera no basta.
*Periodista y magíster en Antropología y Desarrollo. Académico del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile.
