Tenemos que empezar por terminar con las prácticas discriminatorias, aceptando que una persona ciega, sorda, con problemas motores o con discapacidad intelectual es nuestro igual en dignidad y derechos, y que posee cualidades intelectuales y morales iguales e incluso superiores a las nuestras.
Paula Quintana*
Uno de los principales logros del gobierno de la Presidenta Bachelet en materia de inclusión social, respeto a la diversidad y no discriminación, ha sido la ratificación y posterior promulgación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, el 25 de agosto de 2008. Este instrumento se sustenta en el reconocimiento de la dignidad inherente y en la afirmación de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos. A un año de este hito, resulta conveniente reflexionar sobre los desafíos que se le plantean a Chile en este ámbito, partiendo de la base que uno de cada ocho compatriotas presenta algún nivel de discapacidad.
Los enfoques más modernos sobre la materia señalan que la situación o condición de discapacidad que presenta un ser humano no está definida ni determinada por su patología, sino por las barreras del complejo entorno social, físico y cultural al que se enfrenta durante todo su ciclo de vida. Por tanto, es ese contexto el que debe adaptarse a este nuevo titular de derechos para hacer posibles su desarrollo y plena integración social. Por ello, debemos redoblar los esfuerzos por constituirnos en un país más inclusivo, garantizando y potenciando los derechos de estos compatriotas, complementando los esfuerzos que realice el Estado con los de la sociedad civil y el sector privado, e impulsando un cambio en las prácticas cotidianas de la ciudadanía.
Tenemos que empezar por terminar con las prácticas discriminatorias, aceptando que una persona ciega, sorda, con problemas motores o con discapacidad intelectual es nuestro igual en dignidad y derechos, y que posee cualidades intelectuales y morales iguales e incluso superiores a las nuestras.
Consideremos un ejemplo significativo sobre las líneas de acción a seguir: debemos reconocer la «Lengua de Señas Chilena» (LENSCH) como el lenguaje de las personas sordas de nuestro país. Así garantizamos su acceso a la información y la comunicación, como base jurídica del ejercicio pleno de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Justamente en esa perspectiva, una ley en trámite en el Congreso, que enriquece ampliamente la normativa vigente, establece que, en un plazo máximo de tres años, los canales de televisión abierta y los proveedores de televisión por cable deberán aplicar mecanismos que posibiliten a las personas sordas acceder a su programación.
Son muchas acciones como éstas, no sólo las impulsadas por la ley, las que deben hacerse parte de nuestro sentido común e impulsarnos a prácticas cada vez más integradoras con nuestros conciudadanos que presentan algún tipo de discapacidad. A futuro, por ejemplo, contaremos con instrumentos tributarios y contractuales que favorezcan la contratación de personas con discapacidad y la posibilidad para ellos de celebrar contratos de aprendizaje, sin límites de edad y sin riesgos de abusos laborales. Pero ello exige, como complemento necesario, la convicción por parte de los empleadores de que incorporar a un trabajador discapacitado a su empresa es bueno para el desarrollo del país, para su propio emprendimiento y para su comunidad laboral. A su vez, los trabajadores deben valorar la diversidad como fuente de riqueza e integrar a estos trabajadores o trabajadoras como uno de sus pares, quizás tan creativo y productivo como el que más.
Debemos avanzar también hacia el objetivo que los entornos, procesos, bienes, servicios y herramientas avancen sin dilación hacia la accesibilidad universal, generando para ello «ajustes razonables» para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas. ¡Qué gran desafío para nuestros diseñadores, arquitectos, ingenieros y para quienes deben concebir la ciudad amable del futuro! ¡Qué estímulo para las agrupaciones de consumidores, que pueden establecer sellos de calidad para premiar a las empresas que desarrollen las mejores prácticas de respeto a la diversidad, la tolerancia y la no discriminación!
En definitiva, debemos reforzar entre nuestros conciudadanos la convicción de que la discapacidad es un asunto de derechos humanos, y que el proyecto de un Chile inclusivo nos concierne y debe convocarnos a todos. Sólo así consolidaremos un nuevo trato con las personas con discapacidad y sus familias, acorde con los enfoques más modernos que impulsa Naciones Unidas. Contar con una legislación perfeccionada, sin duda que ayudará enormemente, pero ello debe ir acompañado de un profundo cambio cultural que asuma este desafío como parte de la lucha de la humanidad por profundizar su conciencia ética.
*Paula Quintana es Ministra de Planificación.
