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Nueva Ley Reservada del Cobre: ¿Tenemos las respuestas?

por 3 septiembre 2009

Pareciera existir un cierto consenso en que el gasto en defensa es el necesario para enfrentar los escenarios vigentes -todos ellos defensivos-, pero el cambio de la Ley Reservada abrirá dicha discusión y no estoy seguro si el resultado de ello será el más adecuado.

Por Tomás Flores*

Desde hace varias décadas, el ítem de gasto corriente de las FF.AA. se considera en la Ley de Presupuestos y como tal es discutida en el Congreso. En cambio, el ítem con el que se financia la compra de equipos proviene de un impuesto sobre las ventas de Codelco, lo que comúnmente se ha llamado la Ley Reservada del Cobre. El destino de dichos fondos lo define el Presidente de la República sin intervención del Congreso.

Dicha ley habitualmente es atribuida al gobierno militar, sin embargo su origen -tal como se puede revisar en el portal de la Federación de Trabajadores del Cobre (www.ftc.cl)- es mucho más antiguo y desde los años ‘30 las autoridades políticas creyeron necesario contar con una legislación que entregara recursos para la defensa del país. En ese entonces, se propuso que fuese a través de una normativa secreta, por el carácter de la actividad que financiaría.

Pero fue el año 1942, durante el gobierno de Juan Antonio Ríos, cuando la ley nº 7.144 creó el Consejo Superior de Defensa Nacional (Consudena), para administrar, vigilar y controlar la inversión de los recursos entregados por las leyes reservadas, y es donde aparece la vinculación del cobre con las Fuerzas Armadas.

En el año 1958, bajo el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, se dictó la ley nº 13.196 del 29 de octubre, que gravó con un impuesto de 15% las utilidades de la minería del cobre, recursos que pasaron a financiar directamente a las Fuerzas Armadas. Lo que se hizo durante el gobierno del presidente Augusto Pinochet fue dar un texto definitivo a la ley de 1958, que determinó que era el 10% de la venta de la producción de cobre y subproductos de Codelco. Ahí también se estableció que si tras la liquidación final la cantidad total del 10% era inferior a US$ 180 millones, la diferencia debía ser completada por el Fisco.

El precio del cobre anterior al boom de los commodities fluctuaba en torno a US$1 por libra, lo que generaba un aporte de US$ 270 millones aproximadamente, pero dicha cifra ha cambiado en los últimos años gracias al alto precio del metal, alcanzando la recaudación promedio a US$ 1.177 millones entre 2005 y 2008. No todo este dinero se ha gastado, ya que debido a una modificación realizada por la Presidenta Bachelet, el Ministerio de Defensa administra estos dineros y parte de ellos han sido ahorrados.

 Ahora bien, la modificación de la Ley Reservada es de quórum simple, es decir, la Concertación podría haber modificado esta ley desde el año 1990. Sin embargo, cuando se entra a esta área aparecen varias interrogantes de difícil solución.

En primer lugar, es la pregunta sobre si mantener el gasto en defensa en relación al precio del cobre, lo que parece razonable ya que en el pasado hemos ido a la guerra por recursos naturales. En el caso de Perú y Bolivia ya han creado leyes similares a partir de la recaudación de rentas por el gas y el petróleo.

En segundo lugar, e independiente de la respuesta a la pregunta anterior, es necesario preguntarnos si debemos cambiar la manera como se adopta la decisión sobre lo que se compra. En la actualidad, define el Presidente de la República y si llevamos dicho gasto a la Ley de Presupuestos deberá decidir el Congreso. Si bien en muchos países es el Congreso el que decide, en Chile no tenemos esta experiencia desde hace muchas décadas, por lo cual existe el legítimo temor de que la politización del tema genere una alta inestabilidad al presupuesto de las Fuerzas Armadas.

Por último, pareciera existir un cierto consenso en que el gasto en defensa es el necesario para enfrentar los escenarios vigentes -todos ellos defensivos-, pero el cambio de la Ley Reservada abrirá dicha discusión y no estoy seguro si el resultado de ello será el más adecuado para las características de mirada de largo plazo que tiene este bien público.

En suma, es posible apreciar entonces por qué los anteriores gobiernos han preferido mantener la situación actual, que aunque imperfecta, evita tener que empezar a responder las preguntas planteadas.

*Tomás Flores es Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Mayor.

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