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De la mesa de diálogo al problema mapuche ¿Hemos aprendido la lección?

por 6 septiembre 2009

Transcurridos diez años desde dicha declaración y, considerando que siguen en el poder las mismas autoridades, podemos exigir que las instituciones cumplan con el compromiso adquirido para tranquilidad de la sociedad chilena.

Por Eric Palma*

Hace diez años, un 31 de agosto de 1999, se reunieron a instancias del Gobierno representantes de las Fuerzas Armadas y sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos para avanzar en lo tocante al perdón, la justicia, la verdad, la revisión y la reparación en materia de violación a los derechos humanos. Los resultados de la llamada Mesa de Dialogo no fueron del todo satisfactorios para los familiares de los detenidos desaparecidos, sin embargo, dejaron una declaración que a la vez era un compromiso para con el futuro: "Chile sufrió, a partir de la década de los 60, una espiral de violencia política, que los actores de entonces provocaron o no supieron evitar. Fue particularmente serio que algunos de ellos hayan propiciado la violencia como método de acción política. Este grave conflicto social y político culminó con los hechos del 11 de septiembre de 1973, sobre los cuales los chilenos sostienen, legítimamente, distintas opiniones.

Sin embargo, hay otros hechos sobre los cuales no cabe otra actitud legítima que el rechazo y la condena, así como la firme decisión de no permitir que se repitan. Nos referimos a las graves violaciones a los derechos humanos, en que incurrieron agentes de organizaciones del Estado durante el gobierno militar. Nos referimos también a la violencia política cometida por algunos opositores al régimen militar.

Debemos comenzar por explicitar las lecciones morales que se desprenden de nuestra historia reciente: El país necesita hacer todo lo humanamente posible para que nunca más se recurra a la violencia política o se violen los derechos de las personas en nuestra patria...".

El valor de esta declaración radica en que comprometió a las instituciones de las Fuerzas Armadas y a Carabineros de Chile, así como al Gobierno, a promover el Estado de Derecho, respetar los derechos humanos y no permitir que agentes del Estado tuvieran conductas criminales procurando la protección del Estado, la sociedad o las personas.

Durante el Régimen Cívico Militar la conducta criminal de los agentes del Estado, y de civiles que colaboraron en la represión, se justificó con la doctrina del enemigo interno que pretendía la destrucción de la chilenidad. La prensa de la época ayudó en la configuración de una imagen altamente negativa del sujeto social que estaba siendo objeto de tortura, asesinato y posterior desaparición. Por su parte, cierto sector de los perseguidos reaccionaba recurriendo a las armas y procurando asestar golpes que dañaran la moral uniformada. Como esto ya es historia, tenemos la certeza que el uso de la violencia no trajo para  nadie resultados positivos. Cabe advertir entonces el riesgo que implica perder de vista esta lección histórica a propósito del tratamiento de la cuestión mapuche.

Transcurridos diez años desde dicha declaración y, considerando que siguen en el poder las mismas autoridades, podemos exigir que las instituciones cumplan con el compromiso adquirido para tranquilidad de la sociedad chilena. En particular, que estén a la altura de una de sus principales afirmaciones: "Aseveramos, asimismo, que la defensa del estado de derecho y en particular el respeto de los derechos fundamentales de todos los habitantes de la República, en todo tiempo y circunstancia, es sustento ético de las instituciones de la Nación".

*Eric Palma, Profesor Escuela de Derecho, U. de Chile.

 

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