Lunes, 5 de diciembre de 2016Actualizado a las 17:37

La otra agenda de la Defensa

por 9 septiembre 2009

El hecho de que personajes como el comerciante de armas denunciado tengan acceso a decisiones de seguridad nacional como es la adquisición de sistemas de armamentos, amén de los problemas judiciales antes señalados, constituyen indicios ciertos de que la administración de la Defensa Nacional se...

Se ha hecho un hábito encontrar en los medios de comunicación noticias de carácter policial relacionadas con el sector Defensa. No sólo por violaciones a los derechos humanos, las que llevan décadas en los noticieros nacionales, sino hechos relacionados con casos de corrupción y otros delitos, cometidos no durante la dictadura militar sino en plena democracia.

Contrabando de armas, muertes no aclaradas de militares vinculados al tema, cobro de comisiones ilegales, sobreprecios en los bienes adquiridos,  son algunos de los hechos que se investigan. En todos ellos, siempre altos funcionarios del Estado, civiles o militares.

Independientemente de las eventuales responsabilidades penales, es posible trazar la responsabilidad política de las autoridades civiles, pues los hechos se producen en un vacío de gestión que  permite la ambigüedad y la autorregulación, condición que ha permanecido inalterable por veinte años.

El solo hecho de generar investigaciones judiciales, ya lesiona fuertemente la confianza de los ciudadanos en sus autoridades políticas, en los valores cívicos y la calidad de las instituciones democráticas.

El sector Defensa está vinculado a la seguridad nacional y en su funcionamiento ordinario, la reserva y la opacidad informativa es una regla ampliamente justificada. Por lo mismo, cuando se producen hechos anómalos que llegan a la opinión pública, es normal presumir una situación de alta tensión informativa y plausibilidad,  más aún si las denuncias son formuladas o avaladas por personas que han servido altos cargos públicos en el sector,  capaces de calibrar perfectamente el alcance y valor de sus palabras.

El caso conocido el día de ayer sobre un supuesto intento de sobornar al actual Ministro del Interior y a un miembro del Tribunal Constitucional pone el tema en un nivel crítico.

La denuncia de Luciano Fouilloux, ex subsecretario de Carabineros y actual asesor del Ministro Edmundo Pérez Yoma, objetivo central del eventual soborno, transformó la investigación judicial sobre los Leopard en un tema político ambiguo, sospechoso de operaciones y presiones al núcleo político central del Estado y del gobierno: el Ministro del Interior, quien ejerce también de Vicepresidente de la República en ausencia de la Presidenta y ex Ministro de Defensa;  y Mario Fernández, actual miembro del Tribunal Constitucional, ex Ministro y ex Subsecretario de Defensa y ex Ministro Secretario General de la Presidencia.

Nadie puede negar la gravedad de tal situación ni tampoco que compromete la imagen misma del país por su calibre noticioso, particularmente en el extranjero. Más aún si la seguidilla de investigaciones judiciales por casos de corrupción -todas tienen vínculos internacionales-, han creado a base de hechos comprobados una atmósfera, si no de verosimilitud, al menos de  duda fundada sobre los niveles de corrupción posible.

Por otra parte, el hecho de que personajes como el comerciante de armas denunciado tengan acceso a decisiones de seguridad nacional como es la adquisición de sistemas de armamentos, amén de los problemas judiciales antes señalados, constituyen indicios ciertos de que la administración de la Defensa Nacional se descontroló. Y esto generó una involuntaria pero real agenda paralela, más propia de las páginas policiales que de los debates sobre la modernización estratégica militar o de seguridad.

Esa agenda paralela obstaculiza un debate informado sobre la ley orgánica del Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto o el financiamiento del sector, temas todos que se encuentran en el ámbito legislativo, y coloca de plano un clima de sospecha y beligerancia en medio de un proceso electoral, lo que  puede entorpecer el accionar de la justicia y enturbiar el ambiente político.

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