El poder político resurge como el motor de la sociedad a través de un Estado efectivo, garante del bien común, que elabora políticas públicas en pos de mejorar la calidad de vida de las personas enfrentando inequidades, injusticias y discriminaciones de todo tipo.
Por Neftalí Carabantes*
La pugna entre neoliberales y progresistas se encuentra nuevamente en el epicentro del debate a partir del descalabro económico que hoy conocemos como la mayor crisis desde aquel jueves negro de 1929. Cuando ya muchos asumían que el libre mercado, su desregulación irrestricta y un aparato público débil constituían un paradigma irrefutable, donde la política estaba relegada a ser un actor accesorio de los procesos económicos, el rol del Estado vuelve a ser fundamental y se vislumbra como el único mecanismo capaz de solventar los efectos de esta coyuntura.
No hablamos de un Estado asistencialista, ni de un concepto excluyente al del mercado, sino que nos referimos a la reivindicación de lo público como un factor determinante al momento de garantizar un crecimiento beneficioso para las mayorías, de generar igualdad de oportunidades y de proteger los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos. Y es justamente esta premisa la que han consolidado exitosamente los gobiernos de la Concertación, construyendo un modelo que combina democracia, mercado y justicia social.
En efecto, la derecha ha intentado desconocer sus orígenes, instalando en su discurso la inexistencia de contrastes sustanciales entre ellos y la coalición oficialista. Se arropa con los valores y posturas que dan identidad a la Concertación, e intenta disimular su visión libremercadista que aboga por un Estado cada vez más reducido y donde la primacía de la «mano invisible» continúa siendo parte esencial de su ADN.
El ala neoliberal encasilló al Estado como un actor invasor de la esfera privada, interventor del proceso económico y limitante de las libertades individuales. Con una visión completamente diferente, durante los últimos veinte años la Concertación planteó un Estado promotor de la iniciativa privada con reglas y regulaciones claras, pero al mismo tiempo, responsable de que las bondades del crecimiento económico alcanzaran a todos. Las políticas sociales en esa línea, hicieron de Chile un país que llevó a la práctica el ideal de crecimiento con equidad.
De esta manera, la Concertación se sitúa en la historia como la coalición política más exitosa de nuestro país y recibe el reconocimiento del mundo progresista por encarnar ese espíritu a través de una idea de sociedad que compatibiliza Estado y mercado, logrando en 20 años reducir el número de chilenos y chilenas que viven bajo la línea de la pobreza de un 38 por ciento a un 13 por ciento, disminuir considerablemente la indigencia de un 13 por ciento a un 3 por ciento y aumentar el ingreso per cápita en un 4.4 por ciento. Un proyecto que logró llevar a cabo un proceso de transición de manera sólida, que modernizó la acción pública, que es número uno en materia de gobernabilidad y competitividad en América Latina y que reconoce el rol del Estado como promotor de la justicia social sin negar la importancia de la libertad económica.
La forma en que nuestro país ha enfrentado la actual crisis económica es un buen indicador de cómo las ideas progresistas se han aplicado de manera eficaz. Si en 1982, cuando el producto había caído más del 20 por ciento en un año y el nivel de desocupación se acercaba al mismo porcentaje, se intentó paliar la crisis por medio de políticas que privatizaron total o parcialmente las pensiones, la salud y la educación, hoy hemos tomado el camino opuesto. El manejo de la Presidenta Bachelet ha sido elogiado a nivel mundial por la capacidad de anticipación y acción frente a esta coyuntura y porque pese al adverso escenario, extendió la protección social gracias a la política contracíclica y no cedió ante las críticas que insistían en aumentar el gasto en tiempos de bonanza. Todo lo contrario, se ahorró para los tiempos duros.
El eje de la ideología progresista no es la apología de la riqueza alcanzada por el crecimiento, sino la justa distribución del progreso alcanzado gracias al esfuerzo de muchas generaciones. La Concertación es un gran ejemplo de política progresista y es precisamente este conglomerado, el que asegura la conquista de los nuevos derechos en el siglo XXI.
La democracia no es una etapa que concluye, sino un proyecto continuo en busca de progreso social. Al democratizar abrimos espacio a la inclusión, a la generación de nuevos derechos y, por ende, al progreso. La tarea es continuar democratizando con más información, con más transparencia, la economía, el mercado y el Estado.
Quizás la lección más importante que nos deja la crisis, es que los mercados sin regulación ya no pueden funcionar. Otra lección: que el poder de lo público jamás quedó obsoleto, y que es clave para superar la debacle financiera. El poder político resurge como el motor de la sociedad a través de un Estado efectivo, garante del bien común, que elabora políticas públicas en pos de mejorar la calidad de vida de las personas enfrentando inequidades, injusticias y discriminaciones de todo tipo. Este espíritu progresista ha guiado el accionar de este gobierno y los de la Concertación y seguirá generando la fuerza de un proyecto cargado de ilusión y de futuro.
*Neftalí Carabantes, Subsecretario General de Gobierno.
