El proyecto de ley en curso, no tiene los elementos mínimos necesarios para que el Ministerio de Defensa asuma el liderazgo y la responsabilidad de las adquisiciones militares, manteniendo el proceso de adquisiciones en una nebulosa que quisiera pensar que es involuntaria.
Por Fernando Thauby*
Por su naturaleza, las adquisiciones de material militar muestran tendencia a ser poco transparentes, lo que facilita la corrupción. En realidad, mucha de dicha opacidad es infundada, ya que más temprano que tarde, el negocio se hace público, incluyendo las características de los equipos, el precio pagado y el número y tipo de armas adquiridas. Sin perjuicio de lo anterior, algún grado de reserva es necesario e inevitable.
Dado lo señalado, la forma convencionalmente más eficaz para prevenir y controlar la corrupción en las adquisiciones de material militar es una mezcla de «transparencia», hasta donde sea posible y conveniente, y un esquema institucional que combine «controles y equilibrios».
La «transparencia» surge de las características de los procedimientos empleados para hacer pública la intención de adquirir un determinado tipo de material; para seleccionar a los participantes; para validar a los representantes locales de los proveedores, tanto respecto a su legitimidad como a su historial comercial; el establecimiento de los límites en su relación con las autoridades políticas y ministeriales que dirigen el proceso y también de la forma en que deben relacionarse con las instancias militares y técnicas que evaluarán el material.
Los «controles» son los mecanismos que verifican el fiel cumplimiento de los procesos administrativos; es una función de las instancias «contraloras», tanto nacionales como institucionales. El fondo de estos mecanismos de control es el aseguramiento del cumplimiento de las reglas legales y reglamentarias establecidas, efectuada generalmente ex -post concreción de la venta, por parte de un tercero no comprometido ni potencialmente beneficiado.
Y los «equilibrios» surgen de la estructura de poder que conforma y formaliza el proceso. El equilibrio está determinado por la participación de diferentes instancias con poder real, cuyo interés en el negocio es de diferente naturaleza e intensidad y por lo mismo difícil de hacer concurrir para abusar de su poder individual, lo que las pone en situación de tender a controlarse unas a otras.
En el esquema de adquisiciones actuales, en el sistema de defensa de Chile, la función de «transparencia» es casi inexistente, ya que los diversos casos de corrupción hechos públicos en los últimos meses han mostrado que las adquisiciones surgieron de la interacción entre agentes comerciales, operadores políticos e instancias militares que han «llevado» un negocio ya «configurado» -en cuanto a qué y a quién comprar- a la consideración del nivel ministerial. Los «controles» han sido parcialmente ineficaces ya que el esfuerzo doloso de los participantes apunta, precisamente, a eludirlos y en parte lo han logrado, al menos hasta ahora, como es evidente en los casos de la compra de los Aviones Mirage y de los tanques Leopard 1. En cuanto a los «equilibrios», estos mecanismos no existen, ya que una vez «resuelto» el negocio al nivel de proveedores, de instancias técnicos militares y de operadores políticos, se llega al nivel resolutivo, constituido por los Ministros de Defensa y Hacienda, de los cuales el primero tiene el monopolio decisivo, sin control ni contrapeso de ninguna especie. En otros países, esta instancia está «equilibrada» por la participación del Congreso, en diversas formas y por consejos o comités en que participan en igualdad y simultáneamente funcionarios ministeriales y militares, lo que no ocurre en Chile.
El proyecto de Ley que Moderniza el Ministerio de Defensa Nacional, actualmente en proceso de aprobación, no contiene los mecanismos ni las disposiciones adecuadas para controlar la corrupción que hemos estado presenciando.
En efecto, la estructura propuesta no tiene esa capacidad en ninguna de sus dos Subsecretarías. La Subsecretaría de Defensa está apuntada a la proposición, implementación y evaluación de la aplicación de la política de defensa y de la política militar, sin incursionar en el proceso de adquisiciones militares, más allá de la «evaluación de los proyectos de adquisición e inversión», que es previa y diferente a la adquisición, que es la actividad y momento en donde ocurre el fenómeno de la corrupción. En el mejor de los casos, con la exigencia de entregar algunas informaciones al Congreso, podría reforzar algo el mecanismo de «transparencia», sin llegar a resolver el problema. La Subsecretaría de las FF.AA. no aporta nada en este sentido.
En realidad lo sorprendente es que el proyecto no incluya las subsecretarías necesarias para hacerse cargo de dos de los tres aspectos más relevantes de cualquier ministerio. La Subsecretaría de Defensa aborda el primero de estos elementos, que es el de la Política de Defensa que mencioné al comienzo; pero los otros dos aspectos: el relativo a la obtención, empleo, mantención y disposición del material y el dedicado al tratamiento integrado del reclutamiento, educación, salud, bienestar, retribuciones y retiro del personal no tienen organismo alguno encargado de materializarlos.
Todos los Ministerios de Defensa del mundo asignan importancia capital a la gestión del Material y del Personal, funciones que están ausentes en nuestro proyecto.
En breve, el proyecto de ley en curso, no tiene los elementos mínimos necesarios para que el Ministerio de Defensa asuma el liderazgo y la responsabilidad de las adquisiciones militares, manteniendo el proceso de adquisiciones en una nebulosa que quisiera pensar que es involuntaria. Este proyecto debe ser revisado completamente y su estructura reorientada hacia la optimización de la gestión por sobre la preocupación por la distribución del poder político y la evasión de las responsabilidades.
*Fernando Thauby es capitán de navío (r) y profesor de la Academia de Guerra Naval.
