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Ese gran invento del plan laboral

por 15 septiembre 2009

No nos engañemos en todo caso. La Concertación no ha hecho ningún esfuerzo en serio por modificarlo. Y en el caso del gobierno de Bachelet el plan cuenta con importantes defensores que lo cuidan como propio (léase Ministro de Hacienda y asesores).

Por José Luis Ugarte*

En materias laborales tuvimos nuestro propio Jaime Guzmán. Allí donde el mentor del gremialismo inventaba todo tipo de engranajes -sistema binominal, leyes orgánicas constitucionales, senadores designados, etc- para que una minoría retuviera el poder a toda costa, en materia laboral otro hacia parecido "trabajito": se inventaba los grupos negociadores, los reemplazantes en la huelga, híper-regulaba la negociación colectiva, etc.

No era ni gris ni ascético como Guzmán, pero prestó idénticos servicios a la dictadura y a la elite empresarial chilena: invento un tinglado normativo e institucional que hace prácticamente imposible la organización de los trabajadores y la negociación colectiva en condiciones de eficacia y de igualdad con sus empleadores. Y hay que felicitar a Piñera -José, el hermano- por su trabajo: a veinte años de terminada la dictadura, ese tinglado -conocido como el plan laboral- se mantiene perfectamente vigente.

Y aunque eran muy distintos, tenían la misma obsesión política: que la democracia - para Guzmán- y que la empresa -para Piñera- fueran lo más parecido a una reunión de cantón militar entre el sargento y sus soldados. Nada de discutir, nada de organizarse. A trabajar y punto.

Sobre ese radical temor al disenso social y al conflicto laboral se diseñó un conjunto de leyes -D.L 2.756 y D.L 2.758 de 1979- que popularmente conocidas como el plan laboral regulan hasta hoy el fenómeno laboral más importante en cualquier sociedad democrática: como se organizan y negocian sus trabajadores.

¿Y qué tiene de tan malo el mentado plan laboral?

Primero, busca desincentivar la formación de sindicatos, para lo cual establece un competidor dentro de la empresa que es el denominado grupo negociador (coalición transitoria de trabajadores), que salvo contadas excepciones, han sido funcionales a los empleadores.

Segundo, fija a sangre y fuego como nivel de negociación colectiva el ámbito de la empresa. A diferencia, cabe apuntarlo, de gran parte del mundo desarrollado donde el nivel donde se producirá la negociación colectiva es de elección de los trabajadores, como ocurre en países tan democráticos y tan poco sospechosos como Finlandia, Dinamarca o Suecia.

Tercero, se establece el régimen legal más restrictivo de la huelga en un país democrático occidental. En efecto, en Chile prácticamente todas las manifestaciones de la huelga aceptadas internacionalmente son ilegales tales como la huelgas de solidaridad, huelgas profesionales, huelgas generales, etc.

La única que se admite es la que se da dentro del reguladísimo proceso de negociación de empresa y como si fuera poco se permite al empleador reemplazar a los huelguistas desde el primer día de la huelga.

¿Resultado de este pandemónium pinochetista?

Uno de los niveles más bajos de negociación colectiva del mundo: 6 por ciento de los trabajadores, a diferencia del mundo desarrollado donde alcanza el 60 por ciento.

No nos engañemos en todo caso. La Concertación no ha hecho ningún esfuerzo en serio por modificarlo. Y en el caso del gobierno de Bachelet el plan cuenta con importantes defensores que lo cuidan como propio (léase Ministro de Hacienda y asesores).

Extraña e inexplicable falta de coraje la de los últimos gobiernos de la Concertación. Si hasta la OCDE -que no es precisamente una ONG de izquierda- en su celebrado informe -del que los empresarios y sus expertos leyeron sólo las páginas de flexibilidad laboral- recomendó "promover las negociaciones colectivas y crear un ambiente más limpio y con menos confrontaciones para el diálogo social".

Quizás sólo quede constatar, con resignación, que nuestra democracia no es lugar para trabajadores.

*José Luis Ugarte es profesor de Derecho UDP.

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