Si el fortalecimiento de la negociación colectiva se postergó por la crisis económica, ya no hay motivo para seguir postergándolo. Es el momento ideal para que nuestro gobierno muestre cuánto valora realmente el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente.
Por Diego López*
Los datos económicos son cada vez más auspiciosos y anuncian que nuestra economía ha dejado de caer, para comenzar a recuperarse. La propia Presidenta se hizo recientemente eco de las declaraciones que nuestro ministro de Hacienda trajo desde EE.UU. en su visita la pasada primavera boreal: «Se pueden ver brotes verdes». Las últimas proyecciones oficiales del Banco Central también son optimistas en pronosticar un próximo año en que recuperaremos crecimiento. El desempleo finalmente mostró un aumento menor del esperado y los datos disponibles indican una rápida recuperación del consumo.
Estos son buenas noticias para los desempleados, los deudores y los consumidores: las oportunidades comienzan a reactivarse. ¿Son también buenas noticias para los trabajadores, para esa gran mayoría que no perdió su empleo, pero tuvo que aceptar más trabajo para conservarlo, que vio con temor cómo colegas suyos eran despedidos y que pospuso sus aspiraciones de aumento salarial? ¿La mejoría de los indicadores económicos tradicionales – PIB, ingreso per cápita y niveles de inversiones – supone también mejora en la calidad de vida de los trabajadores? El impacto positivo del mejoramiento de la economía sobre las personas que trabajan, depende directamente de la rapidez con que parte significativa del nuevo crecimiento se traspase sustantivamente a los salarios medianos.
La idea fuerza que se han preocupado de transmitir nuestros líderes políticos y de opinión ha sido clara: para superar la crisis lo importante es crecer sin descanso. La prosperidad general, se ha dicho, depende de que reunamos riqueza suficiente para financiarla. Pero ahora que la reactivación económica ya está ocurriendo, es hora de asumir que no basta con sólo crecer para garantizar prosperidad general. La crisis económica operó como un ajuste social: para la mayoría de las personas significó cesantía, congelamiento salarial, resignación a no pagar sus deudas y aceptar empleos inestables incluso con remuneraciones inferiores a las que se lograban antes de la crisis. Hasta ahora se ha observado una decidida intervención de la autoridad en dar una mano a pequeños emprendedores, deudores y consumidores afectados por la crisis: bajas de tasas de interés, nuevos créditos para el emprendimiento y ofertas para repactar deudas, pero no ha habido ninguna medida en beneficio de los trabajadores que lograron conservar su empleo, para que negocien mejoras salariales.
Versiones de prensa indican que la decisión gubernamental fue postergar correcciones legales que aumentaran la participación salarial en el crecimiento, porque se consideraba que ello podría generar turbulencias que retardaran la recuperación económica. Si eso fue cierto, tales motivos ya no tienen sustento real. Ahora es el momento de fortalecer los derechos que permitan a los trabajadores recibir los beneficios del crecimiento económico; si ellos tuvieron que soportar parte importante del peso de la crisis, tienen derecho a compensación por eso. Si los empleadores pidieron a sus empleados comprensión, esfuerzo y paciencia para compartir los costos de la crisis, es tiempo de que ahora se distribuyan mejor las ganancias de ese sacrificio compartido. Si el gobierno no ha vacilado en apoyar a deudores y emprendedores en medio de la crisis, no hay motivo para no ayudar ahora a que los trabajadores prosperen al calor de la reactivación.
Los críticos de siempre se apresurarán a advertirnos de que el crecimiento económico no es compatible con más justicia social ni con mejores derechos para que los trabajadores se sindicalicen y negocien colectivamente. Una vez más nos dirán que la prosperidad general depende del éxito que tengan las empresas, especialmente las más grandes, en acumular ganancias: cuando a ellas les vaya bien -dirán- a todos los demás también nos irá bien. Pero eso no es cierto. Se puede crecer sostenidamente manteniendo inalterable las desigualdades y sin compartir el poder que le permite a la minoría privilegiada provechar la mayor parte de ese crecimiento.
Otros dirán que el funcionamiento económico es algo demasiado serio como para discutirlo en períodos electorales y que más vale obtener consensos técnicos que promuevan la productividad y la capacitación como los medios adecuados para que los trabajadores obtenga mayores salarios medios. El mercado -dirán- no puede pagar mejores salarios si no se aumenta sustantivamente la productividad y la calificación. Pero llevan 20 años repitiendo lo mismo y podrían seguir haciéndolo por otros 20 años más, mientras tanto, la productividad media ha crecido mucho más rápido que los salarios medios: esa ganancia adicional la han aprovechado las empresas mucho más que la mayoría de los trabajadores.
En realidad, la discusión sobre qué derechos permiten distribuir mejor los resultados del esfuerzo de todos -empresas y trabajadores- no es un tema técnico: los derechos no se basan en la autoridad de los expertos sino en la autoridad de la ley. Su origen no está en informes técnicos sino en la deliberación política sobre cuáles deben ser las condiciones aceptables de vida y salario para quienes deben trabajar para vivir. Esta es la oportunidad que tiene el gobierno para hacer algo más que garantizar caridad fiscal para ayudar a los más pobres: los derechos de los trabajadores a negociar mejores salarios es impostergable, porque es el medio que realmente permite que las mayorías aprovechen el crecimiento económico que ayudan a crear. Si el fortalecimiento de la negociación colectiva se postergó por la crisis económica, ya no hay motivo para seguir postergándolo. Es el momento ideal para que nuestro gobierno muestre cuánto valora realmente el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente.
*Diego López es abogado, académico de la Universidad Alberto Hurtado.
