La conclusión de la SVS luego de una extensa investigación, que incluyó informes jurídicos y descargos por parte de Sebastián Piñera, fue que efectivamente existía un ilícito consistente en la no observancia de la obligación de abstenerse de comprar acciones, al mismo instante en que obraba en su…
Nuevamente llegó al centro del debate presidencial el tema de los vínculos entre la política y los negocios. Y nuevamente, en vez de escuchar respuestas y posiciones coherentes sobre el fondo de los temas, aquellos que se sienten afectados recurren como mecanismo de defensa a la imagen del complot político para argumentar que se trata de una operación destinada a dañar de manera baja a un candidato.
Llama la atención el provincianismo político y la virulencia de quienes así reaccionan, así como su baja convicción sobre el valor de la transparencia en una democracia. Primero por no aceptar que la vida económica de un candidato a la Presidencia de la República queda expuesta al escrutinio ciudadano hasta en sus más mínimos detalles. Especialmente en aquellos que implican normas de conducta que son orientadoras para el funcionamiento de todo el sistema como es el caso del uso de información privilegiada.
En segundo lugar porque en el presente caso la fuente usada está ampliamente validada en todo el mundo, esto es el Informe Mundial sobre Corrupción de Transparencia Internacional, y que este año estuvo destinado a analizar la magnitud y el desafío de la corrupción en el sector privado, en el que se analizó a una decena de países.
Si bien Chile ocupa un lugar destacable en el Indice Mundial de Corrupción como un país de baja corrupción (puesto 23 entre 180 países incluidos), también evidencia serios problemas en los vínculos entre política y negocios. No solo por la baja calidad de sus gobiernos corporativos y la abundancia de lobbystas que actúan sin control, sino también por la relación personalizada que se da en casos como el de Sebastián Piñera, con una enorme carencia de normas legales que garanticen efectivamente la ética pública.
Una encuesta del año 2007 realizada por KPMG, empresa especializada en gobiernos corporativos y con sede en más de 140 países, luego de recoger opiniones de altos ejecutivos de unas 600 compañías nacionales y multinacionales que operan en Chile, determinó que una de cada tres empresas chilenas había estado involucrada en fraude corporativo. Ese es uno de los síntomas que puede transformarse en una grave enfermedad, y que es lo que debieran percibir en la derecha.
En otro aspecto, la mención a Piñera en el Informe de Transparencia Internacional citada por Frei en el debate tiene también bordes legales que permiten concluir que se produjo un ilícito jurídico en la acción del abanderado presidencial de la derecha, fuera del daño político anteriormente señalado, que afecta el fundamento de las normas legales que regulan el funcionamiento de una economía de mercado cual es la fe pública.
La conclusión de la SVS luego de una extensa investigación, que incluyó informes jurídicos y descargos por parte de Sebastián Piñera, fue que efectivamente existía un ilícito consistente en la no observancia de la obligación de abstenerse de comprar acciones, al mismo instante en que obraba en su poder información que no estaba disponible para el resto de los accionistas y el público en general, eludiendo un deber ético y una norma que opera en primer lugar como autocontrol. Coincidentemente con ello obtuvieron enormes ganancias una vez que se conocieron públicamente los estados financieros de la empresa, pocas horas después.
La decisión de la SVS zanjó el tema en sede administrativa de una manera que se constituyó en una señal potente para las empresas y los gobiernos corporativos del país.
Sin embargo, desde el punto de vista de los fundamentos jurídicos de un Estado de Derecho, es evidente que lo actuado forma parte de un ilícito jurídico mayor, que eventualmente pudiera revestir características de delito, pero que en lo principal lesiona las reglas de funcionamiento de un mercado transparente y los intereses de la mayoría de los accionistas y ciudadanos. Tema al cual se orienta el Informe de Transparencia Internacional al insistir que prácticas de tal naturaleza constituyen una fuente de riesgo en materia de corrupción que deben ser erradicadas en todos los países.
