Entre los tres candidatos más opcionados en las encuestas las propuestas para prevenir y controlar el delito son más o menos más de lo mismo, mientras que aquellos con menores opciones son más prolíficos en propuestas nuevas, algunas arraigadas en el populismo penal, probablemente porque no…
Por Ibán de Rementería*
Los períodos electorales aumentan las informaciones, opiniones y discursos sobre el tema de la seguridad ciudadana y la seguridad pública. Pese a que la seguridad ciudadana en Chile han mejorado ostensiblemente en los últimos años según todas las encuestas públicas y privadas de victimización y que ésta es comparable a las mejores de los países desarrollados, el creciente temor a ser víctima de la delincuencia se manifiesta en los gastos totales por seguridad privada que en 2008 llegaron US$ 950 millones, mientras que Carabineros tiene un presupuesto anual de US$ 820 millones y el de Investigaciones de US$ 264 millones, el contingente privado de seguridad superaría las 100.000 personas mientras que Carabineros tiene 42.000 funcionarios e Investigaciones una dotación de 9.000, por lo tanto el gasto en seguridad privada se aproxima al gasto público en el mismo rubro pero con el doble de contingente.
El salario promedio líquido de los guardias de seguridad es de 180.000 pesos chilenos mensuales, lo cual muestra que se trata más bien de dar una sensación de seguridad que de garantizar la misma, ya que una seguridad tan barata no debe ser mucha.
Sin embargo, la amenaza a la seguridad en el sector privado no le viene tanto desde afuera como desde adentro, ya que el 41% de las empresas reconocen que alguno de sus ejecutivos las defraudó en el año 2008, con un aumento de los casos del 32% con relación al año anterior. Se ha estimado que el promedio de cada fraude es de 1,9 millones de dólares estadounidenses, por lo tanto, el 41% de las 28.500 medianas y grandes empresas del país podían haber padecido fraudes internos por 22 mil millones de esa moneda, en los Estados Unidos estos fraudes llegan a un billón de dólares.
La actual campaña electoral, presidencial y parlamentaria, necesariamente se convierte en una oferta de interpretaciones y medidas para comprender, prevenir y controlar la delincuencia. El Programa de Jorge Arrate se propone: modificar la ley penal adolescente; el establecimiento de un sistema de penas en el medio libre, reinserción laboral y de apoyo a las familias de los sancionados; apoyo legal, económico y social a las víctimas y a sus familias; reforzar la labor preventiva de las policías; promover la organización comunitaria para la prevención del delito, y; una adecuada protección social para niños y niñas en situación de desamparo. Marco Enríquez-Ominami se limita a afirmar que: «la seguridad cotidiana de las personas y el retroceso de la delincuencia se reforzará en un clima general de respeto a los derechos y a la ley, y con una acción decidida de ampliación de las oportunidades». Eduardo Frei ofrece más Carabineros en los barrios y tratamientos antidrogas para los jóvenes.
Sebastián Piñera propone: darle trabajo a los jóvenes, sacarlos de las drogas y perseguir el narcotráfico; poner 10.000 nuevos Carabineros en las calles; no permitir la libertad de los reincidentes que hayan cometidos delitos graves, y; rehabilitar a los jóvenes primerizos. En fin, entre los tres candidatos más opcionados en las encuestas las propuestas para prevenir y controlar el delito son más o menos más de lo mismo, mientras que aquellos con menores opciones son más prolíficos en propuestas nuevas, algunas arraigadas en el populismo penal, probablemente porque no tendrán que cumplir con sus promesas.
Finalmente, un caso que simbólicamente bien recoge la relación entre conducta delictiva y la desprotección social. A fines de agosto una quincena de familias del «Barrio Alto» -La Reina, Las Condes y Lo Barnechea – recibieron una carta en lenguaje «antisistémico» que bajo la amenaza de causar un grave daño a sus integrantes demandaba a cada una de ellas dos millones de pesos antes del 13 de septiembre. En la víspera del plazo fatal el autor de la carta amenaza anónimamente le confiesa a la Fiscalía Metropolitana Oriente que: «todo fue un burdo intento por conseguir dinero. No hay ningún grupo organizado detrás de estas extorsiones, sino una persona que ideó todo un plan con el propósito de salir de graves problemas financieros en los que se encuentra y disponer de fondos para costear una operación urgente». Brevemente dicho una víctima de la crisis económica que carece de cobertura de salud. ¿Cuál es la alternativa que la sociedad y el Estado chileno le ofrecen a esta desesperada víctima que estuvo dispuesta a delinquir para satisfacer sus necesidades más apremiantes y se arrepintió de aquello? Todo parece indicar que puede tratarse de una persona de estrato social medio alto que se encuentra en situación de «riesgo social» por la súbita pérdida de sus ingresos debido a la crisis económica actual.
*Ibán de Rementería, Corporación Ciudadanía y Justicia.
