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Tokman, Tokman… ¡Tokman!

por 6 octubre, 2009

Si se concreta la propuesta de Tokman, aumentaría la inequidad entre afectados locales y poder de las empresas; se ‘tentaría’ al alcalde de turno a inclinarse por dichos fondos y a desoír a los perjudicados; también se distorsionaría la relación entre Estado y gobiernos comunales...

Por Sara Larraín*

Hace pocos días, el connotado intelectual mexicano, Enrique Leff, de visita en Chile, dijo que la actual crisis ambiental es ante todo “una crisis del conocimiento”, en alusión al enfoque reduccionista del medioambiente, que considera a los “recursos naturales” (ríos, suelo, aire, etc.) despojados tanto de la noción de ecosistema como de sus servicios ambientales (incluida la salud de la población), y como productos dables de comercializar aisladamente. Este enfoque prima en la política de la Comisión Nacional de Energía al proponer que las generadoras eléctricas paguen por MW instalado a los municipios locales.

“Como la idea no es incrementar las tarifas de la electricidad”, aduce el ministro de Energía Marcelo Tokman, el monto pagado por las empresas sería reembolsado con plata fiscal. O sea, no sólo estaríamos ante un nuevo subsidio pagado por todos los chilenos a las empresas eléctricas (que junto a la banca, la minería y el retail, luce notables utilidades en tiempos de recesión), sino ante una grave amenaza al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (al interceptar con fondos de compensación este proceso) y los derechos ambientales de las comunidades, los cuales, según la evaluación de desempeño ambiental de la OCDE, son "insuficientes". Por lo demás, no hay garantía de que el dinero llegaría a la población directamente afectada.

La iniciativa es contraproducente para dar gobernabilidad al desarrollo energético, pues constituye un incentivo para que las empresas “compren” la voluntad de autoridades locales a costo de los derechos de las comunidades, y tensionaría la labor de los demás ministerios y sectores empresariales que no contarían con el mismo “subsidio directo” para fomentar sus actividades.

Hoy, las termoeléctricas a carbón -el combustible más contaminante- se expande en el contexto de un vacío normativo, con criterios de evaluación del 'caso a caso', sin ordenamiento territorial ni normativa para termoeléctricas. Por ello nuestro país secunda a China en crecimiento de emisiones de CO2 y más de una docena de ciudades figuran en calidad de ‘zona saturada’ de contaminantes, pese a lo cual, en la reciente inauguración de la nueva termoeléctrica “Guacolda III”, en el valle del Huasco, el ministro llamó a los chilenos a ‘no ser más papistas que el Papa’. En materia de hidroelectricidad, Chile enfrenta un creciente número de conflictos por el uso del agua. La concentración de la propiedad de este bien ambiental, en un trasfondo de cambios legales pendientes, merma la sustentabilidad de la democracia, las economías locales y los ecosistemas.
 
Si se concreta la propuesta de Tokman, aumentaría la inequidad entre afectados locales y poder de las empresas; se ‘tentaría’ al alcalde de turno a inclinarse por dichos fondos y a desoír a los perjudicados; también se distorsionaría la relación entre Estado y gobiernos comunales, al destinarse dineros para el desarrollo local a través de las empresas, en reemplazo de Mideplan y los gobiernos regionales.

Las evidencias aquí señaladas tornan incomprensible la propuesta de Tokman. En atención al respaldo expreso que ha declarado hacia proyectos eléctricos específicos (fuera de evaluación ambiental o en proceso), sólo queda suponer que tras esta ficticia apariencia de compensación y preocupación por la calidad ambiental, el ministro sincroniza el movimiento de las piezas del Estado para allanar el camino a la materialización de proyectos puntuales.

*Sara Larraín Ruiz-Tagle es Directora Ejecutiva del Programa Chile Sustentable.

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