Fiscalización ambiental: ¿dónde está la potestad sancionadora? - El Mostrador

Jueves, 18 de enero de 2018 Actualizado a las 01:53

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Fiscalización ambiental: ¿dónde está la potestad sancionadora?

por 9 octubre, 2009

Durante los últimos años se ha podido evidenciar un posicionamiento notorio de la necesidad de que respecto de los órganos que ejercen las labores de fiscalización dentro del gobierno se cree algún tipo de control externo.

Por Matías Guiloff*

La semana pasada se conoció de un nuevo récord en materia de tramitación legislativa de proyectos de ley, el cual dice relación con la cantidad de indicaciones (1.350) que recibió el que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del mismo ámbito. Una parte relevante de éstas se refiere a la protección de la biodiversidad mediante la creación de un Servicio Nacional de Parques, cuestión que hasta el momento no se encuentra desarrollada por el mismo proyecto. Otra buena parte es relativa a la creación de tribunales especializados en materia de medio ambiente. La existencia de este último organismo tendría sentido ante la aprobación de un organismo especializado en materia de fiscalización ambiental como la Superintendencia. Como se verá, la pretensión parece cimentarse en consideraciones más de índole política, que jurídicas o incluso de política pública.

Durante los últimos años se ha podido evidenciar un posicionamiento notorio de la necesidad de que respecto de los órganos que ejercen las labores de fiscalización dentro del gobierno se cree algún tipo de control externo. Un hecho que parece haberla gatillado es la aplicación de la potestad sancionadora de una Superintendencia sobre el candidato presidencial de la Alianza por Chile, Sebastián Piñera. Este fue multado por la Superintendencia de Valores y Seguros en su momento por no haber cumplido con la normativa del sector. La determinación de dicha Superintendencia fue criticada por algunos como una decisión netamente política en la cual lo que se hizo fue aplicar y sancionar en base a la normativa sectorial con nombre y apellido, en vez de hacerlo sobre la base del interés público general. De ahí en más, tanto la academia como los think tanks ligados al sector ubicaron el tema de la potestad sancionadora de la Superintendencia como uno de los prioritarios dentro de su agenda.

El punto es que más allá de si en ese caso hubo politización de labores de fiscalización,  puede afirmarse que la discusión acerca de si las Superintendencias pueden o no contar con atribuciones sancionadoras es una de política pública (aunque una en donde hay razones de peso para inclinar la discusión por la afirmativa) y, no, en cambio, una de carácter jurídico (el Tribunal Constitucional en fallos recientes ha afirmado la plena constitucionalidad de la potestad sancionadora de las Superintendencias). Desde una óptica de política pública el asunto es discutible, aunque dada las peculiaridades del bien jurídico que se procura resguardar en la regulación ambiental, ésta no puede ser zanjada sino a favor de la atribución de la misma al organismo fiscalizador en este ámbito. Cuando hablamos de fiscalización en materia ambiental lo que nos importa es prevenir la generación de riesgos ambientales. Con todo, muchas veces como el reciente episodio de El Tatio nos ilustra, existen situaciones frente a las cuales lo necesario es reaccionar lo más rápido posible. En el contexto de una situación así no tiene mucho sentido desde la óptica del resguardo del interés público en juego subordinar las actuaciones necesarias como para controlar ese riesgo a la determinación de un tribunal de justicia. Por lo que, aún reconociendo la relevancia de la discusión desde el ángulo de las políticas públicas, no cabe sino concluir que tratándose de la protección del medio ambiente, ésta debe ceder a favor de la atribución de potestad sancionadora al respectivo organismo fiscalizador, en cuanto no existen razones jurídicas ni de política pública relevantes como para arribar a otra conclusión.

*Matías Guiloff es investigador Programa de Derecho y Política Ambiental, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales.

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