Las personas mayores representan la historia social, económica, política y cultural de nuestro país; retrospectivamente, son quienes moldearon el presente, y pueden perfectamente ser actores del futuro, mancomunadamente con las nuevas …
Fernando de Laire*
El pasado 1 de octubre se celebró el Día Internacional de las Personas Mayores, y esta semana se realiza en nuestro país la «Tercera Reunión de seguimiento de la Declaración de Brasilia», documento impulsado por varios países -especialmente de América Latina y el Caribe- que busca la materialización de una Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores, así como la designación de un Relator Especial en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Chile ha sido parte activa de este esfuerzo, y dado que la condición de país anfitrión de la reunión contribuirá a visibilizar este tema, conviene hacer algunas reflexiones y un llamado de atención a nuestra sociedad sobre los enormes desafíos que tenemos en la temática de los adultos mayores, desafíos que involucran a las políticas públicas, al sistema educacional, a las políticas comunicacionales de los medios, así como también interpelan a la sociedad civil y al mundo de la empresa.
Para dimensionar un poco el contexto, consideremos algunas cifras significativas. Entre los años 1970 y 1975, la esperanza de vida al nacer en Chile era de 63.6 años, en promedio. Para el período 2005-2010, ésta alcanzó los 77.5 años. ¡Enorme salto!: casi 14 años más de probabilidad de sobrevida para cada chileno y chilena. Más aún: para el período 2020-2025 se espera que esa esperanza de vida llegue a los 82.5 años. Imaginemos lo que esto significa como potencial de vida activa de esas personas y lo que implica respecto de los cambios estructurales que el país requiere para enfrentar esta situación.
Por otro lado, en el quinquenio 1970-1975, la tasa de fecundidad era de 3.63, para disminuir a 2.0 en el período 2000-2005. Esto significa que Chile se ubica por debajo del nivel de reemplazo de la población, que es de 2.1. Ahora bien, se estima que esta tasa puede descender hasta 1.85 en el lustro 2020-2025, lo que, de no desarrollarse políticas de estímulo a la natalidad, implicará serias dificultades para el país. Sin duda, la construcción de un sólido sistema de protección social está generando condiciones para revertir esta tendencia, pero es claro que se requerirán esfuerzos complementarios.
Quisiera referirme, sin pretender ser exhaustivo, a algunos de los desafíos más apremiantes que Chile debe enfrentar en esta materia. En una palabra: ¡cómo hacernos cargo de esta transición invisible! En primer lugar, y en línea con el sentido de la reunión de seguimiento de la Declaración de Brasilia, hay que redoblar los esfuerzos, tanto en el país como a nivel internacional, por que las personas mayores sean reconocidas como titulares de derechos, de lo cual se derivan una serie de objetivos, como la necesidad de ayudar a su ciudadanía plena, su autonomía en condiciones de igualdad y no discriminación, su protección social integral, el combate al maltrato contra las mismas, y su activa participación en la reivindicación y defensa de sus derechos.
La titularidad de derechos ha estado a la base de una de las grandes reformas sociales de las últimas décadas, la Reforma Previsional, concretada bajo el gobierno de la Presidenta Bachelet, que a través de su Pilar Solidario asegura una base de dignidad a todo adulto mayor, haya o no podido ahorrar para su vejez. Y ha estado también a la base de un fuerte incremento de los recursos para el Fondo Nacional del Adulto Mayor, que han alcanzado los 7.700 millones de pesos entre 2006 y 2009.
En segundo lugar, hay que abordar un desafío cultural que compartimos con muchos otros países, que si no es superado constituye el principal lastre para avanzar. Se trata del hecho que los significados de la vejez, nuestra mirada sobre la misma, se basa en estereotipos y prejuicios. Para sintetizarlo: hemos construido, como sociedad, una imagen negativa de la vejez, asociando esta etapa a la dependencia, la inactividad y la enfermedad. Se impone, por lo tanto, la necesidad de revertir esas representaciones culturales, esa mirada prejuiciada de la cual derivan pecados de acción y de omisión. Para ponerlo en positivo, tenemos que ir construyendo nuevos significados de la vejez, que hagan que ella sea valorada socialmente.
Desde luego, les cabe un rol central a los propios involucrados para asumir una vejez activa y para socializar sus propios logros, pero también es fundamental el apoyo que pueden prestar los medios de comunicación, el sistema escolar, los espacios de diálogo intergeneracional y las políticas públicas. Respecto de esto último, cabe destacar la experiencia de los Asesores Senior, un programa de voluntariado propiciado por un convenio entre FOSIS y SENAMA. El propósito del mismo es que voluntarios mayores, en su mayoría profesores jubilados, brinden apoyo escolar a niños de educación básica pertenecientes a familias del Programa Puente, uno de los ejes de la política de combate a la extrema pobreza desarrollada por el Ministerio de Planificación. Los resultados muestran que se produce un doble efecto positivo de este programa, tanto para los niños y niñas beneficiarios, que aumentan su rendimiento escolar, su comportamiento y responsabilidad; como para los voluntarios, que vuelven a sentirse útiles y valorados socialmente.
En tercer lugar, el país debe crear las condiciones para que las personas mayores que lo deseen y/o requieran, permanezcan en el mercado del trabajo. Ello supone enormes ventajas para ellas, no sólo en términos de seguridad económica, sino también en su calidad de vida. Así, estudios recientes muestran que esa permanencia en el empleo, aunque sólo sea a tiempo parcial, se asocia al mantenimiento de la funcionalidad, a un sentimiento de autonomía y satisfacción consigo mismos, y a la percepción de que son valorados socialmente.
Como contrapartida, el mundo laboral debe hacerse parte de la transformación cultural que el país requiere para valorizar el aporte de los adultos mayores. Ello supone la posibilidad de ampliar iniciativas que se observan en algunas empresas y en países más avanzados, tales como trabajo a tiempo parcial para los trabajadores de mayor edad, círculos de traspaso de experiencias, etc.
Lo esencial es que un país que se quiere moderno y que busca un desarrollo acelerado con inclusión social, no puede prescindir de ese enorme capital que está depositado en las generaciones mayores. Por lo demás, la propia evolución del mercado del trabajo, con un crecimiento cada vez más fuerte del sector servicios, ha creado condiciones estructurales que permiten la permanencia cada vez más amplia de adultos mayores lúcidos y empoderados en sus antiguos o en nuevos empleos.
Todo lo anterior debe ir de la mano con la generación de una estrategia de educación continua para las personas mayores, con un énfasis en el fortalecimiento de la alfabetización digital. Ello en el marco del desafío más general de construir un sistema de capacitación permanente de las personas a lo largo de todo el ciclo vital, de modo que estén preparadas para ir enfrentando siempre nuevos desafíos, derivados del cambio tecnológico.
En cuarto lugar, el país debe ser capaz de ir desarrollando servicios de cuidado de largo plazo, con una mirada integral, que atienda tanto a los aspectos de salud propiamente tales como a los factores sociales. Este desafío emana de varios factores: el más evidente, un fuerte aumento del número de personas mayores; pero también el así llamado «envejecimiento de la vejez», que pluraliza las situaciones de vejez y obliga a prestar más atención al fenómeno de la dependencia; la creciente disminución de las posibilidades de las familias para hacerse cargo del cuidado de sus mayores; y la creciente especialización que estos servicios requieren. Lo interesante es que todo este proceso, necesariamente, va a ir generando un nicho de mercado que contribuirá a dinamizar la economía y requerirá también de recursos humanos cada vez más calificados.
Obviamente, como un aspecto complementario pero independiente, la avanzada transición demográfica de Chile plantea grandes tareas al sistema de salud propiamente tal, que debe seguir consolidando su acción en materias de prevención y protección a las personas mayores, reconociendo la pluralización ya mencionada; y, enfatizan los especialistas, debe desplegar y profundizar un enfoque gerontológico que aborde las realidades específicas de las personas mayores, y cuente con personal cada vez más preparado y alineado con dicho enfoque.
Concluyo reafirmando una convicción muy profunda: las personas mayores representan la historia social, económica, política y cultural de nuestro país; retrospectivamente, son quienes moldearon el presente, y pueden perfectamente ser actores del futuro, mancomunadamente con las nuevas generaciones. Ello requiere que tanto las políticas públicas como la sociedad en su conjunto se pongan a la altura de este enorme desafío.
*Fernando de Laire es Doctor en sociología, Asesor de la Ministra de Planificación
