Hasta ahora el tema ambiental nunca ha tenido un consenso político básico en el país y asisten sobradas razones para pensar, como ha ocurrido otras veces, que la ley puede terminar siendo «corta» respecto de las reales necesidades del sector.
La generación de un acuerdo político en torno a la tramitación legislativa de la nueva institucionalidad ambiental ha sido saludada como un hecho positivo en los diversos ámbitos de la vida nacional. Particularmente porque abre la posibilidad real de aprobar en un tiempo reducido una ley que fuera objeto de más de mil indicaciones, lo que prácticamente la hacía inviable en su oportunidad.
El acuerdo consagra un conjunto de nuevas instituciones y cambios que, en opinión de sus autores, debiera permitir superar la incertidumbre administrativa que generalmente rodea los proyectos más complejos del sector, muchos de los cuales se deciden a partir de la discrecionalidad de la autoridad política.
La nueva institucionalidad transformaría a la actual CONAMA exclusivamente en un Servicio de Evaluación Ambiental, que funcionaría bajo reglas de alta dirección pública. Se crearía un Sistema Nacional Integrado de Áreas Protegidas, lo que implica un cambio en los estatutos de la Corporación Nacional Forestal, y se crearían, además, una Superintendencia de Fiscalización Ambiental y un Tribunal Ambiental para atender reclamos y controversias sobre el sector.
También modifica las normas que regulan la participación ciudadana, ampliándola hacia las declaraciones de impacto ambiental, cosa que hoy no existe; y da carácter vinculante a los informes de organismos públicos con competencia ambiental como el Servicio Agrícola y Ganadero, el Servicio Nacional de Geología y Minas, la Comisión Nacional Forestal, y la Dirección de Aguas dependiente del Ministerio de Obras públicas.
Un aspecto importante es que elimina la participación de los consejeros regionales en las Comisiones Regionales de Medioambiente, las que quedarían ahora solo integradas por el Intendente y los Seremi, lo que implica un fuerte gesto centralizador.
Es un hecho que el acuerdo abre una clara perspectiva de institucionalizar y profesionalizar a corto plazo el tratamiento del tema en el Estado chileno. Hasta ahora, el marco institucional vigente era el de una Comisión Nacional coordinadora de competencias ambientales dispersas en distintos organismos, y con una fuerte dependencia de la coordinación política de La Moneda, esto es el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
La decisión de dejar la resolución final de los temas ambientales en un ámbito de dependencia política fue un diseño temprano del primer gobierno de la Concertación, que privilegiaba los incentivos a la inversión antes que un desarrollo equilibrado entre crecimiento y calidad ambiental.
No son pocos los casos, incluso de proyectos en tramitación o recientemente aprobados, que justifican la percepción de amplios sectores de la ciudadanía en cuanto a que lo actualmente existente es una institucionalidad de papel, con un bajo compromiso de la autoridad a hacerla respetar.
Por ello el proyecto de Ley enviado en junio del año pasado al Congreso por la Presidenta Bachelet para crear un Ministerio del Medio Ambiente fue visto con cierto escepticismo, reafirmado luego por la gran cantidad de indicaciones introducidas durante la tramitación en la Cámara baja.
El acuerdo logrado entre el gobierno y los senadores de todos los sectores para darle velocidad a su aprobación en el Senado pone finalmente un rumbo estratégico que enmienda una carencia institucional y que constituye incluso un requisito previo para el ingreso a la OCDE.
Sin embargo, es precisamente esta misma premura la que llama a poner atención y cuidado sobre los temas a legislar, en especial la conformación del Tribunal Ambiental, que será de composición mixta, y fuerza a sus resoluciones y sentencias. Hasta ahora el tema ambiental nunca ha tenido un consenso político básico en el país y asisten sobradas razones para pensar, como ha ocurrido otras veces, que la ley puede terminar siendo «corta» respecto de las reales necesidades del sector.
