El país sigue enfrascado en una lógica que enfrenta a un sindicato industrial de la enseñanza con el gerente de finanzas de la empresa, en torno a una demanda puramente salarial, sin que los dueños den señales sobre la calidad del proceso productivo y lo que realmente quieren hacer con la fábrica.
El conflicto gremial de los profesores ha hecho emerger con nitidez el carácter de primer ministro que tiene el Ministro de Hacienda en el régimen político chileno. Aunque no está reconocido de manera explícita, la práctica política de los gobiernos de la Concertación ha elevado a ese rango el cargo, supeditando las decisiones importantes a su viabilidad presupuestaria antes que a su urgencia política.
Tal situación se reproduce de manera muy parecida en todos los países con sistemas similares al nuestro, y constituye un rasgo característico del ciclo de desarrollo democrático desde mediados de los años 80 hacia acá en toda la región. Este ha sido impulsado sin reservas por organismos económicos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la banca internacional de desarrollo, bajo la premisa de que la disciplina fiscal es el requisito indispensable del crecimiento.
Tan buen alumno ha sido Chile en la aplicación de la receta que se ha producido un cambio evidente en la posición y valor del Ministerio de Hacienda en relación a los ministerios políticos, especialmente el Ministerio del Interior, instalando su preeminencia en todo el proceso decisorio central. ¿Lo consultó con Hacienda? es hoy una pregunta ritual en la administración pública chilena.
Ello tiene su historia. De una articulada troika ministerial entre SEGPRES, Hacienda y SEGEGOB, con una agenda integrada y clara de transición durante el gobierno de Patricio Aylwin, ya en el de Eduardo Frei no quedaba nada, excepto la inercia económica. Ante el titubeo del nuevo equipo político el orden gubernamental provino del Ministerio de Hacienda. Ello fue reafirmado durante el gobierno de Ricardo Lagos pese a la potencia del entonces ministro del Interior José Miguel Insulza, hasta convertir al actual ministro de Hacienda en un Primer Ministro de facto.
De ahí que la percepción de que es el Ministerio de Hacienda quien tiene la respuesta final frente a un problema como el de los profesores es correcta. Y aunque sea un problema político del sector Educación, primero lo resuelve Hacienda, a menos que públicamente la Presidenta diga otra cosa. Pero en veinte años de gobiernos democráticos no se ha visto renunciar a un ministro de Hacienda por discrepancias con el Presidente.
Sin embargo, queda la duda si la capacidad tecnopolítica de ese ministerio es lo suficientemente sólida para transformar sus decisiones presupuestarias que atingen al orden fiscal y la salud macroeconómica del Estado, también en juicios técnicos o de mérito político frente a lo que se debe hacer. Es decir, si los sectorialistas presupuestarios de Hacienda son tan buenos como para decidir mejor que los sectores acerca de las prioridades o si, por el contrario, solo hacen ajustes de peluquería para generar equilibrios contables.
Si se atiende a contenidos estrictamente políticos, no cabe duda que el Presupuesto de un país es la mejor expresión de las prioridades gubernamentales, pues lo que se distribuye a través de él no es dinero sino capacidad de acción o interés gubernamental. Por lo mismo, también es completamente entendible que se efectúe un estricto control sobre la calidad del gasto y la inversión para asegurar el cumplimiento de las prioridades gubernamentales. Pero ello debe explicarse con razones claras el por qué sí en una dirección y no en otra.
Por lo mismo, a la ciudadanía le gustaría ver respuestas más claras en torno al conflicto sobre la llamada deuda histórica con el magisterio. Para entender la lógica presupuestaria técnica que hay detrás del laberinto de bonos, asignaciones y reconocimientos que componen el sueldo de los profesores, y su incidencia o derivación en la causa original del pago: la función de enseñanza.
Sin embargo, el país sigue enfrascado en una lógica que enfrenta a un sindicato industrial de la enseñanza con el gerente de finanzas de la empresa, en torno a una demanda puramente salarial, sin que los dueños den señales sobre la calidad del proceso productivo y lo que realmente quieren hacer con la fábrica.
En México hay una frase lapidaria: «el que no vive en el Presupuesto vive en el error», para demostrar el papel descarnado de la Hacienda Pública en la vida política. Si alguien no lo aclara suficientemente, lo que es función de la política y no de los peritos contables, pudiera ser que en Chile sea la Educación la que no vive en el Presupuesto.
