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Acuerdo político e institucionalidad ambiental

por 4 noviembre 2009

De concretarse la votación plenaria sobre este proyecto en ambas cámaras en los próximos días, Chile se pondrá al día con varios de los pendientes ambientales de las últimas décadas y simultáneamente, la presidenta Bachelet podrá acreditar el cumplimiento de 4 de los 10 compromisos acordados...

Por Sara Larraín*

El gobierno Bachelet logró esta semana un importante acuerdo político con la oposición  para despachar el trámite legislativo sobre la nueva institucionalidad ambiental comprometida con las organizaciones ambientalistas y contenida en su programa de gobierno. Luego de una maratónica votación de 1.048 indicaciones , en el marco de dicho acuerdo político entre el gobierno, la Concertación y la Alianza,  la Comisión de Medioambiente y Bienes Nacionales del Senado aprobó en la madrugada del miércoles tres instituciones ambientales: la Ley que crea el Ministerio y la Superintendencia de Medioambiente y el  Servicio de Evaluación Ambiental; dejando instituido en el articulado permanente (artículos 34 y 35)  el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, cuya propuesta institucional deberá ingresar al Congreso en el plazo de un año, junto a la reforma institucional para una CONAF pública.

Adicionalmente, y como requisito demandado por la oposición (pero también recomendado por centros académicos y la Fiscalía del Medioambiente), en el texto quedó instituido el  Tribunal Ambiental, cuya propuesta deberá ser ingresada y tramitada durante el presente gobierno.

La negociación de la nueva institucionalidad ambiental, más allá del acuerdo alcanzado en el Senado y la reticencia de los gremios empresariales, muestra una nueva actitud de la clase política ante los desafíos ambientales que enfrenta el país.  Esta nueva actitud ya se expresó en la contienda electoral del 2005, cuando los candidatos Piñera y Bachelet incluyeron reformas de la institucionalidad ambiental en sus programas de gobierno. Ambos plantearon la necesidad de crear un Ministerio, mejorar la fiscalización y la institucionalidad a cargo de las Áreas Silvestres Protegidas. Por ello, nos guste más o nos guste menos la institucionalidad ambiental lograda  en el legislativo, hay que destacar, además del empeño de la Ministra Uriarte, el consenso político de los bloques con representación parlamentaria para mejorar la  institucionalidad ambiental.

De concretarse la votación  plenaria sobre este proyecto en  ambas cámaras en los próximos días, Chile se pondrá al día con varios de los pendientes ambientales de las últimas décadas y  simultáneamente,  la presidenta Bachelet podrá acreditar  el cumplimiento de 4 de los 10 compromisos  acordados con los ecologistas en el Acuerdo de Chagual: Ministerio, Superintendencia, Servicio de Áreas Protegidas y evaluación de los Transgénicos; concretando además tres de los compromisos ambientales de su propio Programa de Gobierno.

Entre los avances de la Reforma ambiental cabe destacar aquellos del Servicio de Evaluación Ambiental y sus nuevos procedimientos,  que impiden el fraccionamiento fraudulento de los proyectos  sometidos a evaluación ambiental; que integran la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental a solicitud de organizaciones y personas afectadas; y que establecen una relación vinculante entre los pronunciamientos técnicos y la aprobación de los proyectos. 

Adicionalmente, la incorporación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas  en el texto permanente implica un gran avance para el resguardo de nuestros parques nacionales y áreas protegidas después de más de 40 años de ambigüedad institucional. El diseño de este Servicio y su envío al Congreso en el plazo de un año, junto a la creación de la CONAF publica (y con respeto a sus trabajadores), implican grandes avances que deberemos monitorear para que se cumplan los plazos establecidos en la Ley.

Finalmente, los Tribunales Ambientales, cuya ley deberá ser aprobada antes de marzo de 2010, si su espíritu es fortalecer lo obrado por la Superintendencia,  permitirán  resolver los conflictos y asuntos contenciosos con mayor fundamento técnico y sentencias más apegadas a derecho, lo cual  permite avanzar  hacia una mayor justicia ambiental y certeza jurídica. Ambos requisitos fundamentales para que nuestro país avance hacia la sustentabilidad ambiental y la profundización de la democracia.

*Sara Larrain, Chile Sustentable.

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