Aparecen en prensa personajes del mundo ecologista, ambidiestramente haciendo alabanzas y gestos de aprobación ante el precipitado logro del proyecto, largamente anhelado, haciendo vista gorda de las omisiones respecto de una correcta participación ciudadana.
Por Pedro Serrano*
Finalmente y en sólo dos días, mediante un acuerdo y transacción política efectuada entre la derecha, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, se inició la aprobación en el Senado de la República de un proyecto de ley que crea el Ministerio del Medioambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Todas instituciones creadas con falta de contenidos, desentendido de un proceso de participación ciudadana largo, arduo y difícil, retrocediendo incluso respecto de los avances logrados en la discusión previa en la Cámara de Diputados. Como suele suceder con muchas cosas en nuestro país, finalmente se aprobó un proyecto trucho y negociado a espaldas de una cantidad enorme de chilenos, que durante años dieron lo mejor de sí para intentar construir una institucionalidad ambiental realmente sólida, la prometida y que soñábamos.
Tras tantos años de espera, trabajando por un buen proyecto, resulta decepcionante que vea la luz de esta manera. Claro, debemos reconocer que el acuerdo político alcanzado entre el gobierno y senadores permite concretar una promesa de campaña del actual gobierno, que era necesario cumplir, apuraditos, cuando falta poco menos de un mes para las próximas elecciones. Una promesa que, sin embargo, debiera haberse concretado con un Ministerio del Ambiente completo, cabal y concordado ciudadanamente, pero resulto eufemísticamente la sólo mitad, el Medio-Ambiente. Un asunto nacional de esta envergadura, con impacto para las próximas décadas, finalmente está en vías de ser aprobado -posibles felicitaciones-, pero negociado de una manera que consideramos ilegal -nada que felicitar-.
La premura, las negociaciones ilegítimas y el trabajo nocturno finalmente dejaron sin abordar temas de fondo. El proceso limitó muchos de los espacios de participación ciudadana ganados en la tramitación en la Cámara. Por este motivo, diversas organizaciones preocupadas del ambiente chileno y la sustentabilidad del desarrollo, incluida Fundación Terram, difundieron una declaración pública en la que rechazan el procedimiento utilizado por el gobierno y avalado por los senadores Pablo Longueira (UDI), Andrés Allamand (RN), Antonio Horvath (RN), Juan Pablo Letelier (PS) y Soledad Alvear (DC). De todos modos, aparecen en prensa personajes del mundo ecologista, ambidiestramente haciendo alabanzas y gestos de aprobación ante el precipitado logro del proyecto, largamente anhelado, haciendo vista gorda de las omisiones respecto de una correcta participación ciudadana, una correcta conformación de las COREMAS y la creación de un servicio de áreas protegidas. En su lugar, se aceptó la creación de los tribunales ambientales exigidos por la derecha, que debilitarán seriamente las atribuciones sancionatorias de la Superintendencia Ambiental.
El asunto es ahora delicado. La participación ciudadana ambiental ya no será tan participativa, nuestras áreas protegidas no estarán tan protegidas, los proyectos e iniciativas ya no se «ajustan» a políticas y planes de desarrollo, si no que ahora tan sólo se «relacionan» con ellas, sutilezas del lenguaje que abren las puertas a la mayor de las ambigüedades en la supervisión y control de lo que pasará en la realidad con nuestro entorno.
El gato pardo ha hecho otra de sus sutiles pasadas; el omnipresente mercado y sus fervientes defensores pueden estar tranquilos. Evidentemente, este tipo de procedimientos no será leído con gracia en el ámbito internacional. Estamos en un mundo donde la credibilidad ambiental está pasando al primer lugar en las transacciones comerciales.
*Pedro Serrano Rodríguez es Presidente, Fundación Terram.
