En el momento que esas organizaciones criminales alcancen los grados de evolución descritos, Chile ya no será más un país seguro y pacífico en que rige sin ambages el Estado de Derecho, como ocurre crecientemente en algunas zonas de Santiago y otras grandes ciudades del país.
Por Ricardo Manzi*
Salvo la poco seria y oportunista discusión sobre la «puerta giratoria» este es uno de los temas menos tratados en la actual contienda electoral, no obstante, que en días pasados se ha informado y ratificado por diversos medios de comunicación, que sigue siendo el tópico de mayor preocupación para la población Y cómo no, si como se ha informado también por los medios, la extensión del «control social» que el crimen organizado y principalmente el narcotráfico, ejerce sobre determinados zonas de las grandes ciudades, ha comenzado a exceder de su desarrollo primario, es decir, su etapa meramente predatoria, caracterizada por la imposición brutal de su poderío frente a sus adversarios locales, sometiendo de paso a sus habitantes.
Superada esa etapa, sus acólitos avanzan provocando la creciente erosión de la institucionalidad pública mediante el expediente de la corrupción, donde sus objetivos se dirigen a las policías y el personal subalterno del sistema judicial y de otras instituciones vinculadas a la represión del delito, tal como lo hemos comprobado en casos recientes de connotación pública que develaron la existencia de redes de protección que mediante la adulteración de resoluciones judiciales, procuró que numerosos y avezados delincuentes recuperaran su libertad.
Este grado mayor de complejidad, es el preámbulo de su posterior institucionalización y legitimación social en que la autoridad comienza a desarrollar dependencias de la criminalidad organizada, que ya no sólo penetra los primeros peldaños de la estructura institucional sino que coopta altas investiduras y aún las fuerzas políticas que se disputan el poder institucionalizado del Estado. Conocidos son los casos de países latinoamericanos que han debido dar una prolongada lucha que a ratos ha traspasado los límites de la legitimidad, para conseguir arrancar el control de su territorio de estas organizaciones clandestinas.
Resulta patético ver como en algunos de ellos, las autoridades se ven en la obligación de tener que contemporizar con los «capos» de las mafias ahí implantadas, al punto que tal reconocimiento, implica dotarlos de legitimidad como actores sociales relevantes, cuyo concurso se requiere para llevar adelante iniciativas país, como todo indica que sucederá con las próximas Olimpíadas que se celebraran en Río de Janeiro y como ha ocurrido en el conflicto desatado en Sao Paulo el año 2006, entre otros, por el «Primer Comando de la Capital», cuyo saldo en vidas humanas perdidas fue del orden de las 200 y generado además, significativas pérdidas económicas.
Como el crimen organizado y especialmente el narcotráfico cuenta con enormes recursos económicos que no se encuentran sujetos al escrutinio público ni al control de servicios impositivos de los Estados, estos quedan en condiciones de tejer redes de protección social y apoyo a quienes son precisamente sus víctimas, a miles de pobladores que deben hacer piruetas para sobrevivir y subvivir bajo las reglas de la camorra local. Esto lleva a que finalmente, el ciudadano indefenso deba reconocer en ellos «la autoridad», esto es, aquella que elabora un catálogo de reglas de obligado cumplimiento, bajo la amenaza de ser objeto del «reproche social» que su incumplimiento trae aparejado. Es decir, del actuar propio que antes le atribuíamos al Estado, que establece las reglas jurídicas de general aplicación y las hace cumplir, sea a través de la eficacia principal de ellas, sea a través de su eficacia consecuencial, como se enseñaba en las escuelas de Derecho.
Todo pareciera indicar que en nuestro país esta plaga no ha avanzado más allá de su fase predatoria y, es por lo mismo, que se le debe poner atajo a la brevedad impidiendo su despliegue efectivo, puesto que en el momento que esas organizaciones criminales alcancen los grados de evolución descritos, Chile ya no será más un país seguro y pacífico en que rige sin ambages el Estado de Derecho, como ocurre crecientemente en algunas zonas de Santiago y otras grandes ciudades del país.
Es por lo mismo que aspiramos a que las autoridades públicas y los contendores a la primera magistratura, formulen políticas serias en la materia, que no solo apunten a la necesaria represión del delito, sino que también a su prevención mediante la creación de redes sociales donde toda la sociedad queda convocada, que es el único modo en que puede detenerse la expansión del delito y la violencia, dejando de lado los eslóganes de campaña en beneficio de propuestas realistas y efectivas impidiendo el oceánico despliegue criminal y la corrupción que el delito trae aparejada.
*Ricardo Manzi es abogado. rmanzi@adsl.tie.cl
